Japón: la IA llega a las cárceles para ayudar a los reclusos extranjeros

El Ministerio de Justicia ha distribuido 200 traductores en 129 centros penitenciarios, ya que en algunas cárceles hasta el 20 % de los reclusos no habla japonés. Estos dispositivos facilitan la comunicación con los funcionarios y podrían favorecer el acceso a los programas de rehabilitación y formación profesional.

Tokio (AsiaNews) - «¿Cómo estás? ¿Quieres visitar la fábrica?». Esa es la pregunta que un funcionario de prisiones le hizo en japonés a un recluso chileno en la cárcel de Fuchu, en Tokio. Pero para comunicarse utilizaron un pequeño traductor con un software de inteligencia artificial. De este modo, el chileno, que al llegar al centro no lograba entender las instrucciones del personal, pudo mostrar interés por trabajar en la fábrica de la prisión.

El dispositivo, del tamaño de la palma de la mano, traduce en pocos segundos las palabras de los funcionarios y los reclusos, lo que está cambiando las formas de comunicación en las prisiones y centros de detención de Japón que acogen a personas procedentes del extranjero.

El Ministerio de Justicia distribuyó unos 200 de estos aparatos en el verano de 2025. En Fuchu, donde a finales del año pasado más del 20 % de los 1 760 reclusos (entre condenados y personas en otras condiciones de internamiento) eran extranjeros sin permiso de residencia permanente, el dispositivo ha permitido superar dificultades que antes se resolvían a base de gestos.

Ahora también los reclusos pueden plantear preguntas sobre las normas de la vida carcelaria: ¿por qué no se puede intercambiar la comida que sobra? ¿Por qué no se permite ponerse de pie durante el trabajo? «Es más fácil comprender sus sentimientos cuando podemos comunicarnos con palabras. Para la rehabilitación y la prevención de la reincidencia, es importante apelar a sus sentimientos en lugar de obligarlos a obedecer», explicó un agente encargado de explicar las normas a los recién llegados. Otro funcionario de Fuchu describió el cambio en las relaciones con los reclusos como la construcción, «poco a poco, de una relación de confianza».

Un sistema que aún carece de intérpretes

En Japón, las personas que no hablan el idioma son asignadas a seis centros, entre los que se encuentran las cárceles de Fuchu y Osaka y el centro de detención de Tokio, donde hay intérpretes. Sin embargo, su número se ha estancado en 28, por lo que la gestión diaria de los reclusos, incluidas las horas nocturnas y los días festivos, sigue recayendo en el personal penitenciario.

Para dar respuesta a este problema, el Gobierno ha introducido traductores basados en inteligencia artificial en 129 de los 171 centros penitenciarios del país. Estos dispositivos admiten alrededor de 90 idiomas y también permiten la traducción de textos. Entre los criterios adoptados para elegir al proveedor se encontraba la garantía de que el contenido de las conversaciones no se utilizaría para entrenar los sistemas de inteligencia artificial.

La lengua como herramienta de reinserción

Según los datos del Ministerio de Justicia, a finales de 2025 había 2.779 extranjeros en prisión, ya fuera para cumplir una condena, en prisión preventiva o en centros penitenciarios en sustitución del pago de una multa, una cifra que ha aumentado un 30 % con respecto a 2015. Los reclusos extranjeros en Japón proceden de más de 20 países, pero el grupo más numeroso es el vietnamita, con 682 personas, seguido del chino, con 510.

La barrera lingüística afecta sobre todo al acceso a los programas de formación y rehabilitación. Los reclusos que no hablan japonés rara vez pueden participar en los programas de reeducación, en los que se les invita a considerar el punto de vista de las víctimas, ni en los programas de formación profesional que permiten obtener cualificaciones y certificaciones útiles para la reinserción en la sociedad.

«La necesidad de poner en práctica medidas de apoyo a la reinserción de los reclusos extranjeros en la sociedad japonesa y a la prevención de la reincidencia se ha vuelto más urgente, entre otras cosas porque, en algunos casos, estas personas permanecen en Japón tras su puesta en libertad, obteniendo un permiso de residencia especial», explicó Tatsuya Ota, experto en política penal de la Universidad de Keio.


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