Tokio (AsiaNews) - El Parlamento japonés aprobó dos medidas que cuentan con el firme apoyo de la primera ministra Sanae Takaichi: la reforma de la ley de la Casa Imperial y una nueva norma que introduce sanciones penales por ultraje a la bandera nacional. Ambas iniciativas buscan reforzar dos de las instituciones más emblemáticas del país, en consonancia con la agenda conservadora del gobierno.
La revisión de la ley de la Casa Imperial constituye la primera modificación sustancial desde 1947. Las principales novedades son dos: por un lado, será posible adoptar varones adultos pertenecientes a las once ramas colaterales de la familia imperial que fueron excluidas después de la Segunda Guerra Mundial; por otro, las princesas podrán conservar su condición imperial incluso después de contraer matrimonio con un ciudadano común, evitando así que la familia imperial siga reduciéndose.
Por lo tanto, la reforma sigue excluyendo a la princesa Aiko, única hija del emperador Naruhito, de 66 años, de la sucesión al Trono del Crisantemo. La decisión ha sido cuestionada por la oposición y por la inmensa mayoría de la opinión pública. Según una encuesta publicada en mayo por la agencia de noticias Kyodo, el 83% de los japoneses se declara favorable a que haya emperatrices reinantes. Sin embargo, durante los meses de debate parlamentario, la posibilidad de una sucesión femenina fue descartada desde el principio, ya que el gobierno siempre ha defendido la necesidad de preservar la continuidad de la línea masculina.
Takaichi, miembro del ala más conservadora del Partido Liberal Democrático, afirmó que la reforma era necesaria para «garantizar un número estable de miembros de la familia imperial» y precisó que el nuevo sistema podrá revisarse cada treinta años.
Ese mismo día, el Parlamento aprobó también una ley, propuesta por el partido de extrema derecha Sanseito, que tipifica como delito el ultraje a la bandera nacional. Quien queme, dañe o manche el Hinomaru de forma que provoque "un fuerte malestar o rechazo" podría ser condenado a hasta dos años de prisión o a una multa de 200.000 yenes (unos 1.200 dólares).
Sohei Kamiya, líder del partido ultraderechista, había presentado en forma independiente el proyecto de ley en la Cámara de Representantes el pasado octubre, alegando que durante sus mitines electorales algunos ciudadanos habían exhibido una bandera del Sol Naciente con una "X" dibujada encima. Según algunos comentaristas locales, el gesto no iba dirigido contra Japón como país, sino que era claramente una protesta contra las posiciones de extrema derecha de Sanseito.
La primera ministra —que hasta ahora ha apoyado, en varias ocasiones, las políticas promovidas por Sanseito para evitar perder apoyo electoral— justificó la medida afirmando que busca corregir una contradicción jurídica: en Japón ya era punible el ultraje a las banderas extranjeras, pero no a la bandera nacional. Según Takaichi, esa diferencia «carecía de sentido», y el gobierno subrayó que normas similares ya existen en otros países, como Francia, Alemania, Italia y la India.
Las críticas no se hicieron esperar. El diario Tokyo Shimbun comparó las nuevas disposiciones con las normas del período anterior a la Segunda Guerra Mundial, que protegían a la familia imperial de cualquier crítica, mientras que Human Rights Watch pidió la derogación de la ley por temor a que pudiera convertirse en un instrumento para reprimir las protestas. En las redes sociales japonesas, muchos usuarios se preguntaron qué tipo de actos serán considerados punibles. En Japón, el ultraje a la bandera —que, a diferencia de lo ocurrido en Italia y Alemania, no sufrió modificaciones después de la Segunda Guerra Mundial— es un hecho muy poco frecuente. Aún hoy, los funcionarios públicos deben inclinarse ante la bandera al entrar o salir de una sala.
La aprobación de ambas leyes constituye, sin embargo, uno de los principales éxitos legislativos de Takaichi antes del receso de verano en los trabajos del Parlamento y confirma la orientación de su gobierno hacia políticas destinadas a reforzar los símbolos de la monarquía y de la identidad nacional. Son temas que, como ha resultado evidente, ocupan desde hace tiempo el centro del debate político en Japón.
