Seúl (AsiaNews) - La investigación sobre la presunta implicación de la Iglesia de Shincheonji en la política surcoreana se está extendiendo más allá del campo conservador y amenaza con convertirse en un nuevo campo de batalla entre facciones políticas. Tras meses de investigaciones sobre las relaciones entre la secta religiosa de matriz evangélica, que tiene entre 200.000 y 300.000 fieles en Corea del Sur, y el Partido del Poder Popular (PPP), al que pertenece el expresidente Yoon Suk-yeol —hoy en prisión—, los investigadores están verificando ahora si el grupo también intentó influir en el Partido Democrático (DPK), actualmente en el Gobierno.
El caso salió a la luz en las últimas semanas, coincidiendo con las primarias del DPK. Los dos principales candidatos a la conducción del partido, el ex primer ministro Kim Min-seok y Jung Chung-rae, exlíder del DPK, se acusaron mutuamente de haber buscado el apoyo de los fieles de Shincheonji. Con una visión fuertemente apocalíptica, estos creen que a todos aquellos que no pertenecen al grupo se les negará el perdón en el momento del Juicio Final. El equipo que investiga el caso declaró haber reunido indicios que sugieren una afiliación masiva de miembros de la Iglesia de Shincheonji al DPK antes de las elecciones locales del 3 de junio. Esta operación se llevó a cabo con el objetivo de influir en decisiones relacionadas con el sector inmobiliario para favorecer los intereses de la comunidad religiosa..
En un principio, la investigación principal se centró exclusivamente en el Partido del Poder Popular. Según los investigadores, entre 2021 y 2024 cerca de 56.000 fieles habrían sido invitados o presionados para afiliarse al partido conservador con el propósito de influir en las primarias de 2021 y, posteriormente, en la selección de candidatos para las elecciones legislativas de 2024. Puesto que la operación se habría llevado a cabo durante la presidencia de Yoon Suk-yeol, esto alimentó las sospechas sobre los vínculos entre su entorno y la cúpula del grupo religioso.
Lee Man-hee, fundador y líder espiritual de Shincheonji, fue arrestado en junio e imputado el 13 de julio. A los 95 años, Lee es uno de los reclusos de mayor edad del país. La fiscalía lo acusa de haber orquestado la afiliación colectiva de los fieles, violando la legislación sobre los partidos políticos y obstaculizando el normal funcionamiento de la actividad política. El tribunal dictó prisión preventiva al considerar que existía un riesgo concreto de destrucción o alteración de pruebas. Sus abogados, por su parte, presentaron un recurso contra la decisión alegando que, dada la edad y el estado de salud del líder religioso, se podrían haber aplicado medidas menos restrictivas. Lee sigue negando todos los cargos y, hasta el momento, no ha sido condenado.
La imputación de Lee se produjo tras una serie de duras acusaciones formuladas por dirigentes del DPK. El 12 de enero, el presidente progresista Lee Jae-myung, sucesor de Yoon Suk-yeol, condenó públicamente a la Iglesia de Shincheonji y a otros grupos durante un encuentro con representantes de las principales confesiones religiosas del país, al afirmar que los daños sociales provocados por estas organizaciones habían permanecido "demasiado tiempo sin control". Al día siguiente, el primer ministro Kim Min-seok se mostró aún más contundente durante una reunión del Consejo de Ministros. Calificó a estos movimientos como un "mal social que se debe erradicar" y ordenó una investigación conjunta. Esta orden condujo a la creación del grupo de trabajo, cuyas investigaciones condujeron a la imputación de Lee Man-hee. Además, el Gobierno también está evaluando la posibilidad de introducir reformas legislativas para agilizar la disolución de las organizaciones religiosas que vulneren la ley electoral.
El fundador de la Iglesia de Shincheonji ya se había visto envuelto en un proceso judicial tras las duras acusaciones formuladas por la opinión pública surcoreana. Durante la pandemia de covid-19, las autoridades acusaron al movimiento religioso de haberse convertido en uno de los principales focos de contagio en Corea del Sur, lo que desató una ola de hostilidad en su contra. Lee fue detenido en 2020 por obstaculizar las investigaciones epidemiológicas y posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema de los cargos relacionados con la gestión de la pandemia, aunque recibió una condena con suspensión de la pena por malversación de fondos de la Iglesia. Estos hechos siguen dividiendo a la sociedad surcoreana entre quienes consideran que la Iglesia de Shincheonji es víctima de una persecución política y de una discriminación creciente, y quienes ven en el movimiento una organización opaca capaz de influir en la política nacional.
Fundada en 1984, la Iglesia de Shincheonji afirma tener más de medio millón de fieles en todo el mundo y cientos de miles de estudiantes que participan en sus cursos bíblicos. Su estructura altamente centralizada ha sido motivo de preocupación, pero el movimiento rechaza cualquier acusación de injerencia política. En un comunicado emitido después de las últimas revelaciones, afirmó que la afiliación de sus miembros a los partidos políticos responde a una elección libre e individual y que calificar dicho comportamiento como una "injerencia política" constituye una violación de la libertad religiosa. También negó cualquier implicación en las acusaciones relacionadas con el Partido Democrático.
La investigación se desarrolla en un contexto político profundamente marcado por la polarización entre progresistas y conservadores, lo que está convirtiendo la investigación judicial en un nuevo campo de batalla político, con acusaciones cruzadas que alimentan el clima general de desconfianza. En los últimos años, varias investigaciones se han centrado en las relaciones entre dirigentes políticos y movimientos religiosos. El mismo grupo de trabajo creado en enero investiga paralelamente también a la Iglesia de la Unificación, conocida ahora como Family Federation for World Peace and Unification, cuya líder, Han Hak-ja (o Hak Ja Han), fue imputada por presuntamente haber ofrecido artículos de lujo a la ex primera dama Kim Keon-hee a cambio de favores políticos. El Gobierno también estaría considerando revocar la personalidad jurídica de este movimiento.
Sin embargo, este endurecimiento de las medidas también ha suscitado críticas en el exterior. En enero, la ONG CAP-LC (Coordinación de Asociaciones de Particulares para la Libertad de Conciencia), junto con la organización Human Rights Without Frontiers, presentó una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, en la que calificó la situación de "crisis de la libertad religiosa" y sostuvo que la retórica utilizada por el Gobierno recuerda "el lenguaje y la lógica de las antiguas campañas contra la herejía". Algunos observadores también han cuestionado la afirmación del presidente Lee de que las iglesias protestantes han sido históricamente ajenas a la política coreana, afirmación que contradice el papel activo que desempeñaron desde el movimiento independentista contra la ocupación japonesa en 1919 hasta la lucha contra las dictaduras militares.
