Moscú (AsiaNews) - En Tayikistán se ha puesto en marcha un nuevo programa de rehabilitación e integración para personas condenadas por cargos de extremismo, que se considera indispensable debido al gran número de presos encarcelados por este delito. Como demuestra la práctica, muchos de estos presos no suponían ningún peligro real para la sociedad, al menos antes de acabar entre rejas.
Según los documentos oficiales, el programa pretende devolver a los «extremistas» a una «vida plenamente digna en la sociedad». Para ello, se pondrán en marcha diversas iniciativas en las instituciones de rehabilitación, desde consultas psicológicas hasta cursos de manualidades, actos culturales y cursos de psicología penitenciaria. El Estado aporta una inversión de 38,5 millones de soms (unos 3,6 millones de dólares estadounidenses) para un periodo de cinco años, que se financiará con cargo al erario y a fuentes ajenas al presupuesto, incluidas donaciones gratuitas.
Ejecutivos de la Administración de Sanciones Penales de Tayikistán (Guiun) declararon que «el programa ayudará a los condenados a librarse de condenas destructivas y a preparar su vuelta a la sociedad». De hecho, el crecimiento exponencial de los condenados por extremismo se debe también a una política estatal de represión de cualquier forma de expresión pública considerada demasiado radical.
Según datos facilitados por el ministro del Interior, Ramazon Rakhimzoda, en 2024 se registraron 1.750 casos, con 365 personas detenidas por participación en grupos de tendencia extremista. Actualmente hay 401 personas en busca y captura por estos motivos, mientras que 499 se han entregado voluntariamente. El ministro también informa de que se han identificado 212 casos de «financiación del terrorismo y el extremismo», con 112 personas detenidas.
Uno de los factores que influyen en la radicalización de la población es la proximidad a Afganistán, una cuestión de seguridad nacional que preocupa a los tayikos desde el comienzo de los 30 años de independencia del país. Los tribunales de Tayikistán, como también ha denunciado Amnistía Internacional, adoptan a menudo criterios muy arbitrarios y cuestionables, condenando a los ciudadanos a penas muy severas incluso por un simple like en alguna red social, reduciendo realmente la libertad de expresión al mínimo.
Como comenta el experto Temur Umarov, del Centro Carnegie de Berlín, «las restricciones a la libertad y la presión sobre los medios de comunicación llevan a considerar cualquier tipo de actividad como una amenaza para el Estado». En abril, tras las críticas del propio presidente Emomali Rakhmon, se introdujeron cambios en la normativa, que excluyen de sanciones penales los likes y re posteos en internet que contengan críticas al régimen o simpaticen con organizaciones prohibidas, que hasta abril se consideraban infracciones graves, mientras que ahora la Cámara de Diputados ha aprobado su exclusión del castigo automático.
Según el fiscal adjunto primero de Tayikistán, Umed Karimzoda, actualmente hay más de 1.500 personas encarceladas por señales y comentarios en las redes sociales. Muchos observan que la verdadera amenaza de radicalización se crea en realidad dentro de los lugares de detención, «donde las personas detenidas por motivos triviales empiezan a escuchar los sermones de los condenados por formas reales de extremismo ideológico y religioso, con los que están en estrecho contacto», como dijo una persona anónima entrevistada por Radio Azattyk.
Azamat Šambilov, experto en el ámbito de los derechos humanos del Fondo Internacional para los Sistemas Penitenciarios de los países de la Comunidad de Estados Independientes (Ippf), también coincide con esta apreciación. El activista recuerda que «la radicalización en prisión es un fenómeno global que se da en muchos países diferentes, especialmente en los grupos de reclusos más sensibles, por lo que las cárceles se convierten en verdaderas incubadoras del extremismo».
La paradoja de la represión en Tayikistán es que es precisamente esta política la que convierte a personas pacíficas en terroristas potenciales, con los consiguientes riesgos para la sociedad. La esperanza es frenar una deriva que podría tener consecuencias realmente devastadoras.
