Bandarban (AsiaNews) – En la aldea católica de Jaitun Para, situada entre las colinas de las Chittagong Hill Tracts, al sureste de Bangladés, 14 habitantes han sido detenidos acusados de estar implicados en el asesinato de un hombre bengalí musulmán. Las detenciones están acarreando también dificultades económicas, ya que los hombres detenidos son los únicos que aportan ingresos a sus familias.
La aldea, habitada principalmente por familias de la etnia tripura y perteneciente a la parroquia de Bolipara, cuenta con una treintena de familias católicas. La mayoría vive de la agricultura de subsistencia y del cultivo tradicional jhum, un sistema de agricultura itinerante que se practica en las colinas y que alterna períodos de cultivo y de descanso del suelo. En estos contextos, los hombres suelen ser casi siempre la única fuente de ingresos.
El suceso tuvo comienzo el 5 de junio, cuando un hombre identificado como Liton entró en la aldea. Según los habitantes, su comportamiento había despertado sospechas porque no había logrado explicar de forma convincente el motivo de su presencia. Por ello, algunos residentes habrían informado a los miembros del Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS), el principal movimiento político que representa a muchos de los pueblos indígenas de las Chittagong Hill Tracts.
Según el relato de los habitantes, algunos miembros del PCJSS habrían detenido posteriormente al hombre. Tres días después, su cadáver fue hallado en una zona boscosa cerca de la aldea de Eden Para. Fueron los propios residentes, que habían salido a trabajar al campo, quienes avisaron a la policía tras descubrir el cadáver.
La autopsia, realizada en el hospital de Bandarban, reveló heridas de bala en la cabeza. Los investigadores encontraron un billete de autobús entre las pertenencias de la víctima. Las fuerzas del orden han iniciado una investigación por homicidio y han reforzado las patrullas en la zona junto con la Guardia Fronteriza de Bangladés (BGB).
Las autoridades, dirigidas por el superintendente de policía Shahidullah Kawsar, han detenido e interrogado a varios sospechosos, pero hasta el momento no han atribuido públicamente ninguna responsabilidad ni al PCJSS ni a otras organizaciones. La investigación sigue abierta.
Sin embargo, ahora recae sobre las familias la carga económica de estas investigaciones. «Nos pareció sospechoso y avisamos al JSS porque estábamos preocupados por nuestra seguridad», cuenta a AsiaNews un vecino que pide permanecer en el anonimato. «Nunca hubiéramos imaginado que matarían a ese hombre. Ahora son nuestras familias las que sufren. Solo queremos que nuestros familiares puedan volver a casa».
Una mujer, cuyo marido se encuentra entre los detenidos, describe una situación que se ha vuelto insostenible: «Somos cuatro. Mi marido era el único que trabajaba. Desde que lo detuvieron, nos cuesta incluso conseguir comida. No sé cómo conseguiremos sacarlo de la cárcel».
A la pérdida de ingresos se han sumado, de hecho, los gastos legales y los costes de los desplazamientos necesarios para seguir el proceso judicial, difíciles de asumir para familias que disponen de pocos ahorros.
En los últimos días, la comunidad se ha visto afectada también por una segunda tragedia. Una mujer del pueblo falleció tras sufrir complicaciones derivadas de una herida en la pierna. Tras una primera hospitalización en un centro de la Guardia Fronteriza de Bangladés, fue trasladada primero a Bandarban y luego a Chittagong, donde falleció. Según los habitantes, el marido, el hijo y el yerno de la mujer se encuentran entre las personas detenidas a raíz de la investigación en curso y no pudieron atenderla durante sus últimos días de vida ni acompañarla en el momento de su muerte. «Es una tragedia dentro de la tragedia», cuenta un residente. «Ninguno de ellos pudo estar a su lado. Todo el pueblo comparte el dolor de esta familia».
Estos sucesos han vuelto a centrar la atención en las Chittagong Hill Tracts, una zona montañosa en la frontera con la India y Myanmar habitada por numerosas comunidades indígenas, conocidas colectivamente como «jumma», entre las que conviven las comunidades tripura, chakma y marma. Durante décadas, la región ha sido escenario de un conflicto entre el Estado bengalí y los movimientos indígenas, que reclamaban una mayor autonomía y el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras.
El conflicto concluyó formalmente con un acuerdo de paz firmado en 1997 entre el Gobierno de Bangladés y el Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti. El acuerdo preveía, entre otras cosas, el desarme de la guerrilla, la retirada gradual de los campamentos militares, la creación de instituciones locales autónomas y la restitución de las tierras ocupadas a las poblaciones indígenas.
Sin embargo, casi treinta años después de su firma, muchas de las disposiciones no se han aplicado plenamente. La presencia del ejército sigue siendo significativa, continúan las disputas por la propiedad de la tierra y en las Hill Tracts siguen operando varios grupos armados. Mientras tanto, el PCJSS ha abandonado la lucha armada y hoy en día es una organización política legalmente reconocida, pero las tensiones entre las comunidades indígenas, las autoridades estatales y la población bengalí siguen afectando a la vida cotidiana.
Mientras la policía continúa con la investigación del asesinato, los habitantes de Jaitun Para exigen que se aclare por completo el caso. «Queremos que salga a la luz la verdad», afirma un residente. «Pero también queremos que nuestras familias puedan tener un futuro».
