Bengaluru (AsiaNews) - Para casi tres de cada cuatro migrantes, trasladarse al sur de la India ha significado mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el traslado no garantiza el mismo acceso a los servicios públicos: la atención médica y la protección laboral siguen siendo difíciles de obtener para una gran parte de los trabajadores que se desplazan de un estado indio a otro.
Esta paradoja se pone de manifiesto en el South India Interstate Migration Survey 2026, elaborado por el International Institute of Migration and Development con el apoyo del UNFPA. El estudio recopiló las respuestas de 1.824 trabajadores migrantes en 33 distritos de Karnataka, Kerala y Tamil Nadu entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El 71,8% de los encuestados declaró que su nivel de vida había mejorado después de la migración y el 56,9% tiene la intención de seguir viviendo y trabajando en el estado de destino.
La mejora económica, sin embargo, no se traduce en una plena integración en los sistemas de protección social. El 73,3% de los trabajadores encuestados señala dificultades para acceder a los programas de protección social y el 70,4% considera insuficiente el apoyo que ha recibido de las autoridades. Aún más frecuentes son los problemas relacionados con la salud: el 69,2% encuentra obstáculos para acceder a la atención médica y el 69,4% señala el costo de los servicios de salud como una de las principales dificultades.
El problema muestra la dificultad que supone, incluso dentro de las fronteras nacionales, llevar consigo los propios derechos cuando una persona se desplaza. Según el índice elaborado por el informe, solo el 19,4% de los migrantes tiene un nivel elevado de lo que se denomina "portabilidad de la protección social". El indicador considera la posibilidad de acceder a protección laboral, seguros, prestaciones sociales y otras formas de apoyo económico.
La precariedad está igualmente relacionada con la naturaleza de los empleos que encuentran en el lugar de destino. El 86,4% de los encuestados no tiene un contrato de trabajo escrito y el 57,6% recibe su salario en efectivo. El ingreso mensual promedio es de 17.640 rupias, unos 170 euros, mientras que la mediana se sitúa en 16.000 rupias. Además, casi dos de cada tres trabajadores encuentran empleo a través de amigos o familiares, mientras que el 21,5% es contratado por intermediarios.
También es limitado el conocimiento de los propios derechos. Solo el 12,8% de los encuestados afirma conocer sus derechos laborales o los programas públicos de apoyo. El porcentaje es aún menor entre las mujeres: 8,2%, frente al 14% de los hombres. Entre quienes tienen un contrato escrito, el conocimiento alcanza el 23,5%, mientras que baja al 11,1% entre quienes no lo tienen.
La dificultad para acceder a los servicios se hace especialmente evidente en el ámbito de la salud. El informe elaboró un indicador que combina la posibilidad efectiva de acceder a la atención médica con la protección financiera frente a los gastos médicos: solo el 1,6% de los migrantes encuestados cumple simultáneamente los criterios considerados adecuados por el estudio. De este modo, la atención de la salud se convierte en uno de los principales componentes de la precariedad que acompaña a la migración.
La situación habitacional es otro factor de vulnerabilidad. El 37,3% de los trabajadores vive en una situación que el informe clasifica como de baja adecuación habitacional, teniendo en cuenta factores como la vivienda, el alquiler, la disponibilidad de agua y electricidad y las condiciones de los espacios domésticos. Al mismo tiempo, el 81,3% señala dificultades de comunicación y el 79,6% barreras lingüísticas o culturales.
Los trabajadores proceden principalmente de los estados del este y noreste del país. El 26,2% de los encuestados son de Bengala Occidental, el 21,8% de Bihar y el 17,1% de Assam. Entre los principales corredores migratorios identificados por el estudio se encuentran el que une Bengala Occidental con la ciudad de Bengaluru y el que conecta Bihar con Tiruppur, en Tamil Nadu.
Las condiciones varían significativamente según el estado de destino y el tipo de trabajo. En Karnataka, el 93,9% de los encuestados se encuentra en la categoría caracterizada por la exclusión de la protección social, frente al 67,9% en Kerala y el 54,3% en Tamil Nadu. En cuanto a las barreras sanitarias, los porcentajes son, respectivamente, del 90,4%, 60,6% y 57,2%.
Las mujeres y los trabajadores más jóvenes son algunos de los grupos más expuestos a las distintas formas de vulnerabilidad. Según el informe, en igualdad de condiciones respecto de los demás factores considerados, las trabajadoras migrantes ganan en promedio unas 3.313 rupias mensuales menos que los hombres. Los jóvenes de entre 15 y 24 años, las personas sin educación y los trabajadores contratados a través de intermediarios presentan niveles más elevados de vulnerabilidad laboral.
Los autores del estudio consideran que una respuesta eficaz requeriría coordinar los sistemas de protección social, facilitar el acceso a la atención de la salud y proporcionar mayor información sobre los derechos, incluyendo servicios en las lenguas que hablan las comunidades migrantes. El objetivo es lograr que la mejora de los ingresos vaya acompañada de una mayor seguridad social.
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