Lahore (AsiaNews) - Coincidiendo con la fiesta del Sacrificio (el Eid-ul-Adha de 2026), la comunidad ahmadí de Pakistán se enfrenta una vez más a una amenaza inminente y grave de carácter confesional; una persecución religiosa, explican los expertos, que se ve en parte facilitada por el Estado, que no interviene para frenar una deriva violenta que se intensifica rápidamente. En los últimos días, de hecho, se ha registrado el nacimiento de un movimiento heterogéneo formado por colegios de abogados de al menos nueve distritos y cuatro provincias, organizaciones extremistas, asociaciones profesionales y funcionarios de policía de más de 35 distritos. El objetivo es poner en marcha una «campaña sin precedentes», en la que participan diversos actores, para impedir que los ahmadíes celebren el Qurbani y las oraciones previstas en la segunda festividad más importante del calendario musulmán tras el fin del Ramadán, el mes islámico de ayuno y oración.
El subcomisario de Nankana Sahib ha anunciado públicamente en las redes sociales oficiales que a la minoría musulmana, considerada «herética» por el islam oficial, no se le permitirá celebrar el Qurbani. Al mismo tiempo, la información recopilada sobre el terreno, distrito por distrito, por miembros de la comunidad ahmadí documenta acciones específicas e identificadas por parte de la policía y las autoridades administrativas en más de 35 distritos de las cuatro provincias y en Azad Cachemira.
En varios distritos se han documentado fianzas impuestas por la policía. Los colegios de abogados de Lahore, Kasur, Zafarwal, Balakot, Peshawar, Khushab, Daska, Karachi y Azad Cachemira han presentado solicitudes formales a la policía para impedir las celebraciones. Organizaciones extremistas, entre ellas el Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) y otras redes activistas, han lanzado campañas de incitación al odio en Internet. Una asociación de carniceros de Rawalpindi ha ordenado a sus miembros que se nieguen a prestar cualquier servicio a los miembros de la comunidad. Según grupos de derechos humanos, esta campaña coordinada, en la que participan múltiples actores, es preocupante y requiere una respuesta urgente y decidida por parte del Gobierno federal, ya que vulnera los propios derechos constitucionales.
Los ahmadíes (aproximadamente el 2 % de la población pakistaní) son un movimiento religioso inspirado en el islam surgido a finales del siglo XIX, cuyo fundador, Mirza Ghulam Ahmad, se consideraba un profeta aparecido después de Mahoma, por lo que los suníes los consideran herejes. Son la comunidad más perseguida del país. Según un informe de 2018, entre 1984 y 2017 fueron asesinados 260 fieles, demolidos 27 lugares de culto, otros 33 cerrados, 22 incendiados o dañados y 17 ocupados por la fuerza.
En 2025 se registraron cuatro procesos penales contra ahmadíes por haber realizado los sacrificios del Eid en los distritos de Sargodha, Faisalabad, Gujranwala y Gujrat. El año anterior se presentaron denuncias y reclamaciones contra miembros de la comunidad musulmana en más de 50 localidades de todo el país. Además, en 18 distritos, las autoridades policiales habrían obtenido fianzas de los ahmadíes, exigiéndoles que garantizaran que no realizarían los sacrificios del Eid, mientras que en otras 20 localidades encontraron dificultades y obstáculos para organizar reuniones.
Al ser consultado por AsiaNews, Aamir Mahmood, portavoz de la Jamaat Ahmadiya en el país, declaró: «En Pakistán, los ahmadíes siguen sufriendo restricciones a la libertad religiosa. A pesar de estas dificultades, la comunidad ahmadí siempre ha practicado sus tradiciones religiosas. Sin embargo, en los últimos años —continúa— ha surgido una nueva y preocupante tendencia: los ahmadis han tenido que enfrentarse a procedimientos legales por haber realizado los sacrificios del Eid, se les ha obligado a firmar compromisos por escrito o incluso se les ha impedido recitar las oraciones del Eid». Estos acontecimientos, subraya, reflejan «una creciente preocupación por la protección de la libertad religiosa en el país. Por lo tanto, pedimos al Estado, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución, que defienda y garantice la libertad religiosa de los ahmadíes y de todos los ciudadanos pakistaníes, para que toda persona tenga derecho a vivir y practicar su fe en paz y dignidad».
«Si se estudia la historia de Pakistán, queda claro que los ahmadíes nunca se han visto involucrados en actos de violencia o disturbios civiles, ni han intentado nunca socavar la paz y la estabilidad», añadió Aamir Mahmood. «Respetamos la Constitución y seguimos comprometidos a actuar dentro del respeto a la ley. Al mismo tiempo, nos reservamos el derecho a alzar nuestra voz de forma pacífica contra los tratos discriminatorios y las violaciones de nuestros derechos fundamentales. La comunidad ahmadí nunca ha estado involucrada en ninguna actividad de terrorismo o extremismo. Somos una comunidad pacífica y creemos en la convivencia, el diálogo y la lealtad a nuestra patria. Esperamos —concluye— que también el Estado nos trate con equidad y compasión, facilite la práctica pacífica de nuestras tradiciones religiosas y garantice plena protección y seguridad a la comunidad y a la libertad religiosa».
