Colombo (AsiaNews) - Nueve trabajadoras sanitarias musulmanas, recientemente contratadas en el Hospital Público de Kalmunai North, han presentado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka alegando que se han «violado» sus derechos fundamentales. El centro se encuentra en el distrito de Ampara, en la provincia Oriental (costa este de la isla), en el marco de un caso que vuelve a poner sobre la mesa el tema de las violaciones y los abusos contra la minoría islámica en un país de amplia mayoría budista por cuestiones relacionadas con la fe.
La población de Sri Lanka, que asciende a 22 millones de habitantes, está compuesta por cingaleses, tamiles, musulmanes, malayos y burgueros (una pequeña minoría descendiente de los portugueses, nota del editor); la población musulmana representa aproximadamente el 10 % del total.
Las mujeres afirmaron que el pasado 10 de agosto, mientras se disponían a comenzar su turno en el centro hospitalario que opera bajo el control del Gobierno central en Colombo - uno de los más antiguos del distrito de Ampara -, la dirección les ordenó que se quitaran el velo. Una directiva que llegó de forma repentina poco antes del inicio del turno y que a las trabajadoras sanitarias musulmanas les pareció inmediatamente inaceptable.
Según informa su asesor jurídico, las mujeres «presentaron cinco denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka el 13 de agosto». En la carta formal de protesta, las empleadas acusan al hospital de Kalmunai North de haber violado su «derecho fundamental a practicar su religión» libremente y sin imposiciones.
«Al parecer, el hospital pidió a las mujeres que se quitaran el hiyab, el velo que exige su religión, antes de comenzar su turno el 10 de agosto», afirmó el asesor jurídico de las mujeres, Mubarack Azzam. El abogado había declarado a los medios de comunicación el pasado 13 de agosto que también se estaban llevando a cabo los preparativos para presentar un recurso en materia de derechos fundamentales; se trata de un procedimiento utilizado para solicitar la intervención directa del Tribunal Supremo cuando el Gobierno o una autoridad pública viola un derecho de los ciudadanos amparado por la Constitución.
Al ser consultado al respecto, el presidente del hospital rechazó cualquier acusación o imputación de violación de derechos, afirmando que el centro estaría actuando de conformidad con unas directrices promulgadas en el año 2000. La normativa, prosigue el presidente Chandrasekaram Rajan, establece los uniformes exigidos al personal sanitario, los cuales «se aplican por igual a todos sin distinciones basadas en la casta, la etnia, la religión o la lengua».
AsiaNews ha debatido este caso, que afecta a las mujeres de la Provincia Oriental, con algunos activistas de derechos humanos cingaleses y musulmanes, quienes han afirmado: «Este país ha afrontado durante décadas no solo problemas étnicos, sino auténticos conflictos. Por lo tanto —reafirman al unísono, independientemente de la fe que profesen o de la etnia a la que pertenezcan—, no queremos ver a nuestro país enfrentarse a otro ciclo de conflictos. No es correcto —concluyen— plantear cuestiones sobre las costumbres de otro grupo étnico. Sea lo que sea, es su derecho».
Jesima Kahn, Waheedah Ismaile, la hermana Deepa Fernando, Nadeera Gunasekara, Padma Pushpakanthi y Husman Wahhib, que forman parte de un grupo de activistas cingalesas y musulmanas, continúan diciendo: «Ha llegado el momento de que el Gobierno liderado por el Poder Nacional del Pueblo (NPP) introduzca una política nacional aceptable para prevenir este tipo de controversias que surgen de vez en cuando. Una vez que exista una política nacional, todos deberán respetarla».
Sobre esta cuestión, la hermana Deepa Fernando añadió a AsiaNews: «Ningún código de vestimenta debería volver a provocar graves conflictos entre las personas que viven en un país. Si estas cosas siguen siendo motivo de conflicto, ¿cuándo podremos aceptarnos mutuamente y vivir como hermanos y hermanas?».
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