La falta de instalaciones adecuadas y el uso generalizado de la prisión preventiva a la espera de juicio son las causas de la emergencia. En la isla hay al menos 40.000 reclusos en instalaciones con una capacidad total de solo 10.500 plazas. En algunas prisiones se supera el 400 % de la capacidad efectiva.
Un ecosistema delicado que cubre solo el 6 % de la superficie terrestre, pero que alberga hasta el 40 % de las especies animales y vegetales. Su presencia también es fundamental como barrera natural contra las inundaciones. La urbanización y las mega infraestructuras corren el riesgo de causar daños irreversibles. El 2 de febrero se celebra el Día Mundial, coincidiendo con la adopción de la Convención de Ramsar.
En la capital de Sri Lanka están desapareciendo los espacios públicos para que jueguen los niños, lo que afecta duramente a las comunidades de clase trabajadora. En Slave Island, lugares históricos de reunión han sido privatizados mediante procedimientos opacos y presiones políticas. El fenómeno se ha acelerado con los programas de regeneración urbana.
Desde hace tres años, en el territorio del municipio de la Provincia Meridional se acumulan residuos que causan «un olor fuerte y desagradable». Los habitantes piden una solución «permanente y sostenible», mientras el gobierno y la oposición se lanzan acusaciones mutuamente. La semana pasada, tres bebés de la zona fueron hospitalizados por problemas respiratorios, uno de ellos, de seis meses, en estado grave.
Los cambios en el sistema educativo que lleva adelante el gobierno de Sri Lanka están provocando fuertes protestas de docentes, sindicatos y académicos. Las críticas se centran en los errores en el material didáctico y los costos adicionales que recaen sobre las familias, en un país que sigue marcado por las dificultades económicas y los daños causados por los recientes fenómenos climáticos.
La denuncia de PickMe, una de las principales empresas de transporte privado: «La policía está haciendo la vista gorda ante las intimidaciones que sufren nuestros conductores». Los nuevos servicios rompen el monopolio de los grupos locales que imponían tarifas exorbitantes a los turistas. Pero también pesa la falta de aplicación de normas básicas, como la que impondría la presencia de un taxímetro en todos los vehículos de tres ruedas.
Muchos médicos jóvenes evitan la psiquiatría debido al estigma social y a las presiones familiares. Los mitos culturales y el temor a las consecuencias en las perspectivas matrimoniales desalientan especialmente a las estudiantes mujeres. Sin embargo, la provincia del Norte registra un aumento de suicidios y trastornos, en un contexto marcado por la pobreza y el aislamiento.
El ciclón ha modificado zonas enteras del interior. La devastación ha sido tal que es necesario «remapear» el terreno. Más del 50 % de los deslizamientos de tierra se han producido en los distritos de Badulla, Kandy y Matale. Los expertos necesitan imágenes cercanas de alta calidad, para lo cual es esencial la ayuda de organismos y entidades internacionales.
Más de 2,3 millones de habitantes de Sri Lanka han resultado afectados por la catástrofe natural que azotó el país el 28 de noviembre. Se estima que 3 millones de cabezas de ganado murieron en el desastre, pero el arroz contaminado por las aguas de la inundación se vendió de todas maneras. El 20% de los arrozales ha quedado destruido.
A pesar de ser un destino cada vez más frecuentado, las familias que viven allí de forma permanente han disminuido de 2000 a 250. Para llegar al continente se tarda tres horas en barcos que transportan la pesca. Faltan instalaciones sanitarias, electricidad y agua potable. La difícil convivencia con las actividades turísticas, fundamentales para la economía, pero que perturban la vida de la comunidad pesquera.
Un crecimiento vinculado al aumento de la demanda global, con nuevas oportunidades para que el país monetice sus recursos naturales de manera responsable. Para los ambientalistas, los manglares generan «más de un millón de créditos de carbono al año». Se está desarrollando un marco normativo para distribuir entre las comunidades locales los ingresos derivados del intercambio de cuotas.
Están prohibidas desde 2017, pero incluso el ministro de Medio Ambiente admite que los organismos estatales no han adoptado medidas suficientes para frenar el uso generalizado. Los ambientalistas explican que quemarlas produce gases tóxicos. Sin embargo, las principales razones de que se sigan usando son la falta de intervención en los centros de producción y la ausencia de alternativas de bajo costo
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