El gobierno quiere crear un centro de rehabilitación para "drogadictos, ex combatientes y otros grupos". Según los defensores de los derechos humanos, la normativa legaliza la tortura y el encarcelamiento de los manifestantes, algunos de los cuales llevan 50 días en prisión. Se presentó una demanda ante la Corte Suprema por violación de los derechos fundamentales.
Diana Gamage afirma que la isla puede atraer turistas extranjeros con juegos de azar. Sin embargo, la economía local se basa principalmente en la pesca y la agricultura: sería difícil reconvertir el modelo de desarrollo.
Las tarifas del servicio eléctrico registran aumentos del 555%. Los monjes acusan al gobierno de querer mantener los lugares de culto a oscuras. En las zonas rurales, los templos ya no reciben ofrendas de los fieles. Otros líderes religiosos se unen a la protesta.
El tribunal le envió una citación para que comparezca el 14 de octubre. La medida está relacionada con la denuncia que presentaron el p. Cyril Gamini Fernando y Jesudasa Ganesan, quien sufrió la amputación de una pierna debido al ataque. Se acusa de negligencia al ex jefe de Estado por haber ignorado los informes de alerta.
Activistas e instituciones internacionales piden la suspensión "inmediata" de la Ley de Prevención del Terrorismo (Pta) impulsada por las autoridades de Sri Lanka. La denuncia fue presentada con motivo de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Religiosa de Sri Lanka: es una ley inspirada en el "criterio de la venganza", nada ha cambiado bajo el gobierno de Wickremesinghe.
El país, de rodillas por el colapso de la moneda y la deuda, gasta el 19% de sus recursos en un ejército que sigue desplegado masivamente en el norte, a 13 años de concluida la guerra. La acusación de un diputado tamil: "El gobierno y el presidente Wickremesinghe necesitan a los militares porque no tienen el apoyo de la opinión pública".
En las fases finales del conflicto, miles de jóvenes tamiles que se habían rendido al gobierno fueron llevados por la fuerza y aún continúan desaparecidos -después de 13 años, todavía se desconoce su paradero. Con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, las manifestaciones exigen que el gobierno ponga en marcha un mecanismo de investigación creíble.
La mayoría de los pasaportes emitidos este año se entregaron en el día. Los ciudadanos dicen que con una inflación del 67% es imposible vivir. Jóvenes y no tan jóvenes buscan trabajo en el exterior, sobre todo en Oriente Medio.
Los trabajadores acusan al gobierno de ignorar la gravedad de la crisis. El precio del combustible pasó de 25 céntimos a casi un euro por litro. La pérdida de ingresos se refleja en la imposibilidad de alimentar a las familias. La pesca y los sectores relacionados emplean a más del 10% de la población, de 22 millones de habitantes.
Algunos recuperaron la libertad bajo fianza, pero el líder de la organización y dos conocidos monjes budistas serán interrogados. La manifestación fue pacífica pero la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua. Críticas al gobierno incluso de las Naciones Unidas.
Tras una serie de arrestos, los activistas abandonaron por su propia iniciativa el parque urbano Galle Face Green. Algunos insisten en la necesidad de cambiar de estrategia contra Ranil Wicremesinghe. El nuevo presidente está acusado de participar en la tortura de comunistas entre 1988 y 1989.
En respuesta, los manifestantes presentaron recursos ante la Corte de Apelaciones. Detuvieron a los principales líderes de las agitaciones populares. La población dice que no puede confiar en Wickremesinghe, que el gobierno no comprende sus sufrimientos.
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