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El proyecto hidroeléctrico en el Estado Kachin se suspendió en 2011 debido a las protestas masivas y recientemente ha sido reactivado por los militares en vistas de las elecciones. Los analistas y la comunidad local sostienen desde hace tiempo, sin embargo, que se trata de una maniobra política para reforzar las relaciones con Beijing, a quien iría el 90% de la energía producida, incluso a costa de graves daños ambientales, sociales y para la seguridad del territorio.

En el ataque del 10 de diciembre murieron 33 personas y más de 80 resultaron heridas. Entre las víctimas hay pacientes, médicos e incluso recién nacidos. Las Naciones Unidas y grupos internacionales consideran que es imposible organizar elecciones en un marco de crecientes tensiones y hostilidades. Mientras tanto, la crisis humanitaria también adquiere cada vez mayores dimensiones.

La junta militar de Myanmar ha liberado a más de 3000 presos políticos y ha retirado los cargos contra otras 5500 personas. Los amigos y familiares de los presos se alegraron ayer, pero la medida del régimen también supone una amenaza para la población, que no quiere legitimar a la junta, pero se ve obligada a votar para no ser arrestada. Así lo confirman los propios militares: más de 700 presos solo serán liberados de forma condicional y corren el riesgo de volver a la cárcel al primer signo de disidencia.

Los militares y la milicia aliada BGF allanaron el complejo de Shwe Kokko. Sin embargo, según fuentes locales, la BGF habría evacuado a los principales responsables antes de la redada y miles de trabajadores habrían huido tras ser advertidos con antelación. Washington y Beijing han lanzado iniciativas paralelas contra las actividades que financian esta economía criminal, pero muchos analistas siguen siendo escépticos: si no se atacan las redes que vinculan al ejército, las milicias y los grupos criminales, las redadas solo son maniobras publicitarias.

El presidente francés también pidió la liberación de Aung San Suu Kyi. Por su parte el régimen militar ha intensificado su propaganda obligando a artistas y actores a apoyar las elecciones. El Ta’ang National Liberation Army firmó en las últimas semanas un alto el fuego mediado por China que devuelve a la Junta el control de una parte de la región de Mandalay. En Mogok la población ha respondido con nuevas protestas.

Tras la operación a gran escala en el KK Park que se encuentra en la región de Myawaddy, en la frontera con Tailandia, cruzaron masivamente la frontera cerca de mil personas empleadas por la fuerza en estas actividades ilícitas. El escepticismo de algunas fuentes locales: "Una operación de fachada debido a la amenaza de las sanciones, que incluso se reiteraron durante la cumbre de la Asean. Pero las redes criminales siguen teniendo raíces profundas y gozan de protección política".

En un intento por reducir su dependencia de Pekín, la India ha iniciado contactos directos con el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA). El Ministerio de Minería ha involucrado a la empresa estatal IREL y a la empresa privada Midwest Advanced Materials para evaluar posibles exportaciones a gran escala. Mientras tanto, en el frente interno, el gobierno indio ha decidido excluir los proyectos mineros de la obligación de realizar consultas públicas, excluyendo a las comunidades locales de los proyectos de extracción.

Así lo prevé una ordenanza notificada también a 19 sitios budistas de la «zona cultural» de la ciudad, que serían arrasados para sacar a la luz la antigua Ketumati. AsiaNews recoge la consternación de los católicos locales por la amenaza que se cierne sobre la iglesia dedicada al Sagrado Corazón, construida a finales del siglo XIX por los misioneros del PIME. Es solo la última herida infligida por los generales a los lugares de culto: nada menos que 300 han sido afectados en Myanmar por el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

El general Min Aung Hlaing ha creado la «Comisión Nacional para la Seguridad y la Paz» y, al mismo tiempo, ha impuesto la ley marcial en decenas de municipios, lo que se suma a las amenazas de pena de muerte para quienes boicoteen las próximas elecciones. Los ciudadanos han recibido mensajes en los que se les pide la rendición armada y la participación en las votaciones.

La administración Trump estaría evaluando una colaboración con el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA) para acceder a los yacimientos de tierras raras en el norte de Myanmar y reducir el monopolio chino. Pero los residentes locales temen el posible impacto ambiental y el riesgo de agravar aún más el conflicto civil. Activistas kachin piden a Washington estándares rigurosos y soluciones sostenibles para no repetir los mismos errores.

Para el Consejo de Abogados de Myanmar, el reclutamiento viola los derechos humanos: «Crimen contra la humanidad». Promulgada por la junta en 2024, la controvertida ley fue seguida de una agresiva campaña con prácticas coercitivas y extorsiones. Combatiente revolucionario de Sagaing: «De 200 soldados, 50 son auténticos». Aumenta la corrupción en las instituciones por ventajas económicas.

El Banco Mundial ha previsto una contracción del PIB del 2,5%, mientras que se estiman daños directos por 11 mil millones de dólares. Los grupos religiosos continúan brindando asistencia a la población, pero sigue creciendo la pobreza, que ya superaba el 30% antes del sismo. El testimonio de los que perdieron su casa y todavía están viviendo en tiendas de campaña.