Con una misa solemne, el primero de diciembre se lanzó la iniciativa "Christmas Cross Challenge 2000". Cuenta con la adhesión de varias asociaciones católicas y al menos 3.000 personas, incluyendo 900 sacerdotes y religiosos. A lo largo del mes de diciembre habrá eventos deportivos y competiciones, incluyendo carreras, caminatas y actividades de ciclismo.
Con pocos días de diferencia, dos cráteres lanzaron polvo y cenizas hasta tres kilómetros de altura. Los especialistas consideran que la amenaza es cada vez más seria. De las zonas afectadas llegan pedidos de mascarillas y otros suministros de emergencia. Evacuaron a los habitantes de numerosas aldeas y la situación sigue siendo precaria.
El presidente indonesio prometió que "no hay lugar para actos de terror en suelo indonesio". El cardenal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, presidente de la Conferencia Episcopal, también llamó a la unidad de la nación y a luchar contra el terrorismo. Las fuerzas especiales están llegando a la región de Sigi para capturar al grupo terrorista.
En esta zona de Indonesia, los ataques contra los cristianos tienen raíces históricas, geográficas y económicas. Los comerciantes árabes se establecieron en la costa; los misioneros protestantes holandeses evangelizaron la meseta; con frecuencia, los diferentes grupos étnicos combaten entre sí. A finales del año 2000, la llegada de los yihadistas provenientes de Filipinas enardeció las disputas en la región. El terrorismo islamista persiste, pero la población parece decidida a vivir en paz.
El East Indonesia Mujahidin (MIT) tiene lazos con el Estado Islámico. Su líder, Santoso, fue asesinado en julio pasado en una operación conjunta y a gran escala, entre la policía y el ejército. El actual líder del grupo, Ali Kaliora, habría degollado a una de las víctimas y habría dado la orden de quemar las casas de los cristianos. Algunas viviendas funcionaban como lugares de culto. Las condolencias de las comunidades religiosas y el silencio del presidente Joko "Jokowi" Widodo.
Las víctimas son una pareja, su hija y el marido de la hija. Todos eran miembros del Ejército de Salvación. El Inspector General de la Policía de Célebes sostiene que "no hay ninguna iglesia quemada". Tensión entre los grupos cristianos y los extremistas musulmanes de la zona. En el 2005, tres adolescentes cristianas fueron decapitadas. En 2006 tres católicos fueron condenados a muerte.
SOS Papúa y otras 20 organizaciones apelan al presidente Widodo. La persecución del ejército y la policía contra los grupos rebeldes ha dejado un saldo de decenas de miles de desplazados, incluyendo católicos. Se debe respetar la Constitución y proteger los derechos de las poblaciones locales. Es prioritario poner fin a las hostilidades.
Fueron atacados por una multitud y entregados a las autoridades provinciales por la policía. La provincia se rige por la ley islámica, que prohíbe las relaciones homosexuales. Si los declaran culpables, los dos hombres serán azotados en público.
La historia de Pandji Wisaksana de 95 años, para quien la edad no es más que un número. El Covid-19 le impide ir al gimnasio. Todavía se ocupa de los menesteres cotidianos junto a su esposa de 90 años y maneja sus actividades financieras. Su padre, un hombre que terminó ciego por el trabajo en las minas, fue la inspiración para devolver la vista a los indigentes. Gracias a su asociación, en 10 años se realizaron 6.000 operaciones de cataratas de forma totalmente gratuita.
Días atrás, el presidente de Indonesia Joko Widodo anunció que las vacunas chinas Sinovac llegarían a Indonesia en noviembre. Pero después especificó que cuando entraran al país debían ser “examinadas” primero por el instituto indonesio Bio Pharma, la empresa farmacéutica del Estado.
El proyecto propone convertir la isla de Komodo en el "Parque Jurásico" de Indonesia, un lugar turístico de primer nivel. Las objeciones de los ambientalistas. La primera etapa ya comenzó con la demolición de las estructuras existentes y la construcción de columnas de hormigón para las nuevas instalaciones.
El proyecto de ley contempla una pena máxima de 2 años de prisión o multas de hasta 50 millones de IDR (casi 3.000 euros). La normativa no respetará las costumbres rituales de algunos grupos tribales indonesios y seguramente tendrá un serio impacto en el sector del turismo y del entretenimiento.
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