Damasco (AsiaNews) - Maher Nawras Sankari se encontraba frente a su casa cuando unos hombres armados se lo llevaron. Alrededor de las ocho de la mañana del pasado 19 de octubre, un coche negro chocó contra su motocicleta en Suqaylabiyah, una localidad de mayoría cristiana en la provincia de Hama. Hombres enmascarados salieron del vehículo y secuestraron al joyero, según las reconstrucciones y las imágenes de las cámaras de vigilancia. Otra mañana de caos habitual puso así de manifiesto los límites de los comunicados oficiales sobre el retorno a la calma. La identidad y el motivo de los secuestradores siguen siendo desconocidos. Ya se trate de un rescate o de motivos religiosos, ¿cómo es posible que unos hombres armados secuestren a alguien delante de su casa, pocas semanas después de una intervención de las fuerzas de seguridad?
El secuestro se produce tras las agresiones de marzo, las tensiones de julio y los nuevos episodios de violencia del 3 de octubre. Al día siguiente, las autoridades de seguridad habían hablado de una pelea entre jóvenes que se extendió hasta afectar a una tienda, tras lo cual se produjeron detenciones en Suqaylabiyah y en la vecina Qalaat al-Madiq. Los testimonios locales y eclesiásticos, en cambio, informaban de disparos contra viviendas y tiendas dañadas. Además, los habitantes cuestionaron que se redujera la violencia a una mera disputa personal.
El 20 de octubre, el Observatorio Cristiano Sirio informó de la puesta en libertad de Joud Arab, tras las anteriores liberaciones de Imad al-Abdallah y Joseph Dweib, detenidos por las fuerzas de seguridad tras los actos de violencia. Las liberaciones fueron precedidas por iniciativas griegas: el eurodiputado Fredis Beleris había solicitado protección para la comunidad, informando del compromiso diplomático de Atenas. Queda por aclarar su papel directo en las liberaciones. Mientras tanto, se desconoce la suerte que ha corrido Sankari.
El padre Fadi Sankari, sacerdote greco-ortodoxo de la localidad, ha pedido protección para las mujeres, los niños y los ancianos, y ha hecho un llamamiento a la moderación y a evitar las venganzas. La cuestión va más allá del cese de los disparos: ¿qué impedirá una nueva agresión cuando se reduzca la presencia de las fuerzas de seguridad?
Un informe sobre derechos humanos del pasado 13 de mayo, basado en 13 entrevistas y material audiovisual, documenta saqueos, daños y tiroteos los días 27 y 28 de marzo. Recoge acusaciones de falta de intervención o complicidad de los agentes, que, por otra parte, deben verificarse mediante una investigación independiente. Además, critica las liberaciones y las retiradas de denuncias sin una clara determinación de las responsabilidades: ¿la reconciliación reconstruye las relaciones o sustituye a la justicia?
Miedo más allá de Suqaylabiyah
El 15 de octubre, la sección portuguesa de Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACS) publicó el testimonio del P. Fadi Azar, un franciscano que trabaja en Alepo. El religioso describió el aumento de los secuestros y los robos en un contexto de pobreza e inflación, sin que se hayan producido mejoras tangibles desde la caída de Bashar al-Assad. Su testimonio también aborda presiones de carácter específicamente religioso y confesional: cementerios vandalizados, pintadas hostiles en las paredes de las iglesias y vehículos de grupos islamistas radicales que difunden llamamientos a los cristianos para que se conviertan al islam. Según ha relatado, algunos cristianos han perdido su trabajo o se les han negado oportunidades a causa de su fe.
Las dificultades económicas y la inseguridad se refuerzan mutuamente. Las familias tienen dificultades para mantenerse y temen tener que sacrificar su fe y su modo de vida para poder quedarse. Aumenta la presión para emigrar, mientras que la Iglesia ofrece educación, asistencia sanitaria y ayuda material. El testimonio no prueba la existencia de una política gubernamental, pero insta a las autoridades a hacer frente a las intimidaciones y la discriminación. Mantener abiertas las iglesias no basta para garantizar la libertad religiosa si los fieles sufren acoso en el exterior o son excluidos en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, permanece en el fondo el atentado suicida contra la iglesia greco-ortodoxa de Mar Elias en Damasco, el 22 de junio de 2025, que mató a decenas de fieles e hirió a otras tantas personas, mientras que el Ministerio del Interior sirio atribuyó posteriormente el ataque al Estado Islámico. Ciertamente, desmantelar las redes extremistas es necesario, pero no responde a las preguntas sobre las agresiones locales recurrentes ni sustituye a la protección cotidiana.
¿Un Parlamento para todos los sirios?
El 18 de octubre, la Asamblea del Pueblo inauguró su primera sesión ordinaria. El reglamento interno, aprobado en julio, establece que las sesiones ordinarias y extraordinarias comiencen con la recitación de versículos del Corán. El propio reglamento concibe una institución representativa de toda la población, y no todos los sirios son musulmanes. Si la apertura del Parlamento estuviera ligada a himnos cristianos, se plantearía igualmente la cuestión del lugar que se atribuye a los ciudadanos no cristianos. La cuestión se refiere a la identidad religiosa de una institución común, más que al derecho de los creyentes a rezar.
La declaración constitucional del 13 de marzo de 2025 confiere al debate un peso concreto. Afirma la igualdad y la libertad de culto, pero exige que el presidente sea musulmán y establece la jurisprudencia islámica como fuente principal de la legislación. Las promesas de ciudadanía conviven así con una barrera religiosa para acceder al cargo más alto del Estado.
Otras minorías también comparten esta inquietud. Los asesinatos sectarios en la costa en marzo de 2025 y los abusos contra los drusos en Suwayda en julio del mismo año han alimentado el temor de que la identidad, por sí sola, pueda exponer a la violencia. Las circunstancias y los responsables difieren, pero la escasa protección y la impunidad dejan los derechos a merced de las relaciones de poder locales.
¿Quién habla en nombre de los cristianos?
Las autoridades presentan la participación cristiana como una prueba de inclusión. Entre las figuras más destacadas se encuentran Hind Kabawat, ministra de Asuntos Sociales y Trabajo y única mujer en el Gobierno anunciado el 29 de marzo de 2025, y Nawar Najmeh, que se ha convertido en portavoz del Comité Superior para las Elecciones de la Asamblea del Pueblo. Sin embargo, no tienen el mandato de hablar en nombre de todos los cristianos. Los críticos se preguntan si su presencia cambia las políticas o si solo sirve para tranquilizar a la opinión pública nacional e internacional. Algunos han utilizado de forma despectiva el término «dhimmi», acusando a figuras cercanas a las autoridades de aceptar una posición subordinada. Esta polémica no refleja una postura cristiana unánime. La representación cristiana incluye también a la vicepresidenta de la Asamblea, Madonna Bishara. En una entrevista publicada el 13 de octubre, habló de una libertad recuperada. Pocos días después, el testimonio público del padre Azar describía el miedo y la discriminación. Este contraste cuenta más que el número de rostros cristianos en las fotografías oficiales: ¿la experiencia de quienes orientan la acción del Gobierno?
Los dos obispos desaparecidos
La repetición de los secuestros reabre una herida que se remonta al 22 de abril de 2013, cuando unos hombres armados interceptaron cerca de Alepo el coche del metropolitano greco-ortodoxo Paul Yazigi y del metropolitano sirio-ortodoxo Yohanna Ibrahim. Regresaban de la zona fronteriza con Turquía, en el marco de los esfuerzos por liberar a dos sacerdotes secuestrados. Su conductor, el diácono Fathallah Kabboud, fue hallado muerto. Se desconoce la suerte que han corrido los dos obispos.
Nunca se ha confirmado de forma fiable la identidad de las víctimas que aparecen en los vídeos posteriormente relacionados con su presunto asesinato. El militante de Daguestán conocido como Abu al-Banat, citado en investigaciones periodísticas, fue condenado en Turquía por pertenencia a una organización terrorista; sin embargo, la sentencia no estableció que hubiera asesinado a los obispos. Tras trece años, la ausencia de respuestas pone de manifiesto una incapacidad que perdura más allá del cambio de autoridades.
¿Qué hace posible quedarse?
Por último, el Gobierno promete un Estado para todos los sirios. Tras las agresiones de Suqaylabiyah, las Iglesias han exigido investigaciones, indemnizaciones, la determinación de responsabilidades y el control de las armas, rechazando la descripción de la violencia recurrente como episodios aislados. La limitación de algunas celebraciones festivas a las oraciones en el interior de las iglesias ha puesto de manifiesto cómo el miedo puede restringir la vida pública incluso sin una prohibición formal.
El llamamiento del padre Azar se refiere a todas las minorías religiosas. Las ayudas eclesiásticas sostienen a las familias que se quedan, pero no pueden sustituir a una protección efectiva por parte del Estado. Libertad significa poder trabajar, desplazarse, discrepar y profesar la propia fe sin que la identidad religiosa se convierta en una carga. El futuro de los cristianos de Siria se medirá en función de su libertad y su seguridad, y de la confianza en que las agresiones no quedarán impunes. Entre las promesas de igualdad y la experiencia del miedo, el reto consiste en hacer de la ciudadanía una garantía cotidiana y que quedarse sea una posibilidad para construir el futuro.
