Rangún (AsiaNews) - El Parlamento de Myanmar, controlado por la junta militar, aprobó una nueva ley que introduce la pena de muerte para quienes secuestren personas y las obliguen mediante la violencia a trabajar en los centros de estafas en línea, uno de los negocios criminales más lucrativos del mundo y uno de los fenómenos delictivos de más rápido crecimiento en el sudeste asiático en los últimos años. La norma fue aprobada el martes 28 de julio durante una sesión conjunta del Parlamento en Naypyidaw y es la primera ley que promulga el gobierno encabezado por el general Min Aung Hlaing, que asumió la presidencia tras unas elecciones fraudulentas.
La ley contempla la pena de muerte para quien secuestre, torture o mantenga retenidas a personas con el fin de obligarlas a trabajar en los llamados scam compounds (complejos dedicados a las estafas en línea), así como para los casos en que esas estafas provoquen la muerte de las víctimas. Para quienes dirijan o administren estos centros, así como para determinados delitos relacionados con las estafas mediante criptomonedas, la ley contempla penas de hasta cadena perpetua.
Myanmar sigue siendo señalado por las Naciones Unidas como uno de los principales centros mundiales de la industria del fraude en línea, una economía criminal que ha crecido en los años posteriores al golpe militar de 2021, favorecida por la prolongada guerra civil, el debilitamiento de las instituciones estatales y el limitado control del gobierno sobre las zonas fronterizas con otros países de la región.
Según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo en 2025 las organizaciones criminales sustrajeron entre 88.300 y 114.100 millones de dólares a ciudadanos de Asia oriental, el sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda. Una cifra que supera el producto interno bruto de varios países de la región. Myanmar, Camboya y Laos siguen siendo los principales centros de operaciones de este sistema criminal, dominado en gran medida por redes originarias de China. En los últimos años, Beijing ha presionado tanto a la junta militar birmana como a los grupos armados que luchan contra el régimen para que desmantelen estos complejos, donde también suele haber miles de jóvenes chinos.
Sin embargo, como explicó Delphine Schantz, representante regional de la UNODC para el sudeste asiático y el Pacífico, "el modelo operativo actual de los scam centers se asemeja al de un sistema de franquicias empresariales. Existen departamentos especializados en lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y comercio de datos personales, todos conectados entre sí dentro de una única red de servicios criminales".
Esta industria se sustenta en un vasto sistema de explotación humana. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que hasta 300.000 personas trabajan actualmente en centros de estafas repartidos entre Myanmar, Camboya y Laos. La mayoría es reclutada mediante falsos anuncios de empleo que se publican en las redes sociales, que prometen trabajos bien remunerados a jóvenes con buen dominio del inglés o conocimientos informáticos. Cuando llegan a destino, les confiscan los documentos, los encierran en complejos fortificados y los obligan, bajo amenazas y agresiones, a cometer estafas románticas o promover falsas inversiones en criptomonedas dirigidas a usuarios de todo el mundo.
En los últimos meses, la junta de Naypyidaw ha prometido una represión más severa, en parte debido a la presión de China y Estados Unidos, dos de los países más afectados por este fenómeno. Beijing denunció pérdidas superiores a los 5.000 millones de dólares en los últimos dos años y este año ya ejecutó la pena de muerte de al menos quince personas involucradas en redes de fraude que operaban en la frontera con Myanmar.
A pesar de las operaciones policiales y los numerosos arrestos, los observadores señalan que los centros de estafas rara vez se desmantelan de forma definitiva. Lo más habitual es que simplemente se trasladen a zonas donde los controles son más débiles y difíciles de aplicar. El mismo informe de la UNODC señala que muchas organizaciones están desplazando parte de sus actividades hacia Timor Oriental, algunas islas del Pacífico y varios países africanos, siguiendo una estrategia que los investigadores denominan jurisdiction shopping, es decir, la búsqueda de entornos jurídicos y políticos con menor capacidad de control y mayores niveles de corrupción.
Por eso, según las organizaciones de derechos humanos que desde hace años siguen de cerca este fenómeno, es poco probable que la represión penal por sí sola sea suficiente para detener esta industria criminal, que ha demostrado una notable capacidad para adaptarse al aumento de las operaciones de las fuerzas de seguridad. La OIM considera que es necesario reforzar la cooperación internacional, aumentar la protección de las víctimas de la trata e invertir más en la prevención, para que los posibles trabajadores puedan identificar los anuncios fraudulentos y sepan a quién acudir para no caer en las redes de los traficantes.
