La nueva ley aprobada por la junta militar —probablemente bajo presión de China— establece la pena capital para quienes secuestren y obliguen a las víctimas a trabajar en los centros de estafas en línea. Sin embargo, según las Naciones Unidas, la represión penal por sí sola no es suficiente.
La extradición de She Zhijiang de Tailandia a China se produce en un momento de fuerte presión internacional sobre Bangkok para combatir las redes criminales que operan entre Myanmar, Camboya y Laos. El caso vuelve a centrar la atención en la proliferación de los centros de estafa y su impacto en el turismo tailandés, que ha registrado fuertes caídas en el último año.
Los delitos serán castigados con penas corporales, incluyendo el uso del látigo. De un mínimo de seis a un máximo de 24 azotes según el delito. Las estafas representan el 60% de todos los delitos denunciados en la ciudad-Estado. También se han aumentado las penas para quienes difunden material obsceno, especialmente si hay menores involucrados.
El tribunal de Wenzhou ha declarado culpables a 39 acusados de la familia Ming, originaria del estado de Shan, en el norte de Myanmar. Los cargos incluyen fraude y tráfico de drogas con ganancias estimadas en más de 10.000 millones de yuanes. Entre los condenados a muerte se encuentran el hijo y la nieta del patriarca Ming Xuechang, fallecido en circunstancias controvertidas durante su detención. La operación forma parte de una represión más amplia de Pekín contra los grupos criminales que operan en Myanmar.
Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las organizaciones criminales vinculadas a los centros de estafas en línea del sudeste asiático están expandiendo sus actividades en África, América Latina y otras regiones vulnerables gracias a los avances tecnológicos. El negocio - que los expertos describen como un "cáncer" - genera poco menos de 40.000 millones de dólares al año. El centro de este ecosistema ilegal son plataformas en línea accesibles solo de forma privada y los sitios de juegos de azar.
La analista experta en el Sudeste Asiático Bridget Welsh analiza los primeros pasos de Kuala Lumpur al frente del bloque: el liderazgo tendrá éxito si antepone «los intereses de quienes viven en la región a los de sus dirigentes». «Invocar 'elecciones inclusivas' en Myanmar contradice la situación real sobre el terreno».
Detenido el más conocido de los periodistas independientes camboyanos que siguen trabajando a pesar de la represión. El pretexto probable fueron los posts publicados en las redes sociales sobre los daños medioambientales causados por algunas canteras de piedra, tachados por las autoridades de noticias que creaban «malestar social». Pero Dara también es muy activo en la denuncia de los esclavos de las estafas transfronterizas en línea. Con él, ya son cien los presos políticos en Camboya.
Ajenos a la guerra, muchos ciudadanos se expatrian a la antigua Birmania en busca de trabajo, pero acaban en las redes de los traficantes. Al menos 40 liberados en los últimos días, pero decenas siguen cautivos. Apelan (en vano) a buscar trabajo en las agencias registradas en la Oficina de Empleo en el Extranjero de Sri Lanka (Slbfe).
Desmantelaron una estructura en Pasay con médicos y enfermeras chinos y vietnamitas. Según los investigadores, a estas estructuras llevan esclavos de estafas online que se enferman o sufren torturas, pero también las utilizan los fugitivos para operaciones quirúrgicas con el fin de cambiar su aspecto físico y escapar de los controles.
Un nuevo informe denuncia que los ingresos ilegales se estiman en 12,5 mil millones de dólares, en un país donde el PIB en el mismo período se acercó a los 30 mil millones. La expansión de este tráfico ahuyenta a los inversores extranjeros y condiciona el crecimiento económico. Las intervenciones represivas de las autoridades deben tener en cuenta que están involucrados muchos ciudadanos chinos "cubiertos" por los intereses de Beijing en Camboya.
Este fin de semana la policía camboyana detuvo a cientos de ciudadanos locales y extranjeros. Aunque Phnom Penh lanzó hace más de un año una operación para combatir el fenómeno, las estafas en Internet siguen proliferando en todo el Sudeste Asiático. Según los observadores, las recientes repatriaciones de chinos desde las regiones del norte de Myanmar han obligado a la industria a trasladarse a otros lugares.
Según las milicias étnicas que lanzaron la ofensiva en la región, se trata de un negocio valorado en 14.000 millones de dólares anuales que controlan cuatro clanes chinos en colaboración con la junta golpista birmana. Beijing pidió recientemente a los militares que cierren los call center donde cerca de 100.000 personas se encontrarían retenidas en condiciones de esclavitud moderna.
Un balance provisorio desde que comenzó en septiembre la colaboración entre las fuerzas policiales de los dos países contra las estafas en el sector de las telecomunicaciones. La investigación se centra en 63 presuntos "financiadores" y jefes criminales que habrían estafado "grandes sumas" de dinero a ciudadanos chinos. La guerra entre militares golpistas y milicias rebeldes en la ex Birmania alimenta el fenómeno.
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