Singapur - (AsiaNews) - Un hombre de 55 años fue a la horca el viernes por tráfico de drogas ilegales. Rosman Abdullah, ciudadano de Singapur, es el tercer traficante de drogas condenado a muerte en una semana, en virtud de la severa legislación antidroga de la ciudad-Estado.
La ejecución de Rosman se produjo exactamente una semana después de la de un malayo de 39 años y un singapurense de 53 por delitos similares de tráfico de drogas.
La ONU pidió que se pusiera fin a estos ahorcamientos, mientras que Amnistía Internacional condenó la ejecución de Rosman calificándola de «escalofriante» y «extremadamente alarmante». Los grupos de derechos humanos afirman que la pena capital no tiene un efecto disuasorio probado y han pedido su abolición, pero las autoridades singapurenses insisten en que contribuiría a hacer del país una de las ciudades más seguras de Asia.
La Oficina de Estupefacientes de Singapur (CNB) informó que la pena de muerte se había ejecutado contra Rosman Abdullah, condenado por tráfico de 57,43 gramos de heroína. Según las estrictas leyes antidroga del país, se impone la pena de muerte por cualquier cantidad que supere el umbral de los 15 gramos. Según la CNB, en el juicio se concedieron a Rosman todas las prerrogativas previstas por la ley.
Condenado en julio de 2010, Rosman había agotado sus vías de recurso, incluida la de obtener un acto de clemencia del presidente. Su ejecución es la octava de este año en la ciudad-estado, siete por delitos de narcotráfico y una por asesinato.
Singapur, con su reputación de ciudad-estado moderna y centro financiero internacional, ha ahorcado a 24 personas desde que reanudó la ejecución de la pena de muerte en marzo de 2022, tras un parón de dos años durante la pandemia de Covid-19. La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, reiteró su llamamiento al país para que reconsidere su postura: «El uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas es incompatible con el derecho internacional», afirmó, haciendo hincapié en las crecientes pruebas que demuestran la ineficacia de la pena capital como elemento disuasorio.
Singapur es uno de los pocos países -incluidos Indonesia, China y Corea del Norte- que prevén la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas. El año pasado, Malasia aprobó formalmente una nueva legislación para abolir la pena de muerte obligatoria para una serie de delitos graves, como el asesinato, el narcotráfico, la traición y el terrorismo. En su lugar, los tribunales malasios tienen ahora la opción de imponer penas de prisión de hasta 40 años.
