Beijing (AsiaNews) - A finales de julio, el Ministerio de Finanzas chino anunció, con efecto inmediato, que los fideicomisos constituidos en el extranjero por ciudadanos de la República Popular estarán sujetos a impuestos. Es la primera vez que Beijing publica una directiva oficial sobre estos instrumentos, utilizados desde hace años por las familias adineradas para proteger su patrimonio y planificar sus herencias fuera del alcance del fisco. A partir de ahora, cualquier persona que transfiera activos a un fideicomiso offshore deberá declarar los ingresos y pagar los impuestos correspondientes, incluso si aún no los ha recibido. En juego hay cientos de miles de millones de dólares procedentes de China continental, en su mayoría depositados en Hong Kong, que recientemente superó a Suiza como principal centro mundial de patrimonios offshore. Considerada de manera aislada, la medida puede parecer un simple ajuste fiscal, pero en el contexto de los acontecimientos de los últimos meses, revela un proyecto mucho más ambicioso. El Estado necesita enormes capitales para financiar la carrera por los semiconductores y la inteligencia artificial, y ha comenzado a buscarlos en los patrimonios acumulados por sus propios ciudadanos.
Sin embargo, las arcas públicas se están vaciando y cada vez resulta más difícil reunir esos capitales. Durante dos décadas, los gobiernos locales chinos se financiaron vendiendo terrenos a los constructores, pero la crisis inmobiliaria agotó esa fuente de ingresos y la recaudación generada por este tipo de operaciones se redujo casi a la mitad en cinco años. Las señales de dificultad llegan desde todos los frentes. La Oficina Nacional de Auditoría reveló que incluso el Banco de China, uno de los cuatro gigantes estatales del crédito, evadió impuestos por unos 2.400 millones de yuanes. La decisión de hacer pública la noticia fue interpretada por muchos observadores como un mensaje. Cuando el Estado expone públicamente a sus propios bancos para recuperar ingresos, significa que la escasez de dinero es realmente grave. Mientras tanto, tras el levantamiento de las restricciones impuestas durante la pandemia de Covid, más de un millón de personas abandonaron el país, llevándose a menudo sus capitales.
Tres frentes para frenar las fugas
La respuesta del Estado se articula en tres frentes. El primero es la presión sobre las rentas más altas. En el primer semestre, la recaudación del impuesto sobre la renta personal aumentó un 13%, casi ocho puntos más que los ingresos, una diferencia que la evolución de la economía por sí sola no basta para explicar. El aumento fue impulsado por los contribuyentes con al menos diez millones de yuanes en activos líquidos, el crecimiento de los mercados financieros y, sobre todo, una recaudación tributaria mucho más agresiva. Las administraciones locales, con escasez de fondos, están revisando minuciosamente las rentas obtenidas en el exterior que no fueron declaradas. La recaudación sobre los ingresos procedentes de las rentas transfronterizas se reparte entre el gobierno central y las provincias, y para las regiones con dificultades esa participación adquiere cada vez mayor importancia.
El segundo frente es el cierre de las rutas de fuga de capitales. En mayo, la Comisión Reguladora de Valores de China sancionó a las plataformas de intermediación que permitían a los ahorristas de China continental comprar acciones estadounidenses. Tres empresas con sede en Singapur y Hong Kong fueron multadas por un total de aproximadamente 330 millones de dólares. Entre ellas se encuentra Futu, un gigante con millones de clientes que ofrece abrir una cuenta "en tres minutos". Lo que sorprende es el momento elegido, porque el yuan es fuerte y el superávit comercial alcanzó niveles récord. Por eso, la medida no busca defender el tipo de cambio sino que responde más bien a motivos políticos. Beijing no quiere que sus ciudadanos apuesten por los sueños tecnológicos estadounidenses en lugar de los nacionales y considera que la fuga de capitales perjudica la imagen del régimen, así como sus reservas. En la misma dirección apunta la normativa sobre inversiones en el exterior que entró en vigor el 1 de julio, que obliga a obtener autorización no solo para los capitales, sino también para la tecnología y el personal involucrado. Esta medida se implementó tras el caso de la startup de inteligencia artificial Manus, que se trasladó a Singapur y luego fue vendida al gigante estadounidense Meta, lo que convenció al gobierno de blindar las vías de salida.
De los ladrillos a las acciones
El tercer frente es el más innovador y busca canalizar los ahorros de las familias hacia sectores estratégicos. Durante décadas, la riqueza de los chinos estuvo concentrada en el sector inmobiliario, que llegó a representar alrededor del 70% del patrimonio familiar. Ahora que ese motor se ha estancado, el Estado propone como alternativa las acciones de las empresas tecnológicas. El caso más emblemático es la salida a bolsa de CXMT, líder nacional en chips de memoria. Las solicitudes de compra presentadas por pequeños ahorristas superaron en más de doscientas veces las acciones reservadas para ellos, mientras que la cotización se disparó más del 500% en su debut. Para los fondos públicos de la ciudad de Hefei, que habían invertido en la compañía antes de su salida a bolsa, este aumento se tradujo en beneficios sobre el papel equivalentes a cincuenta veces el capital inicial. Y no se trata de un caso aislado. El año pasado, los inversores vinculados al Estado aportaron más del 90% del capital destinado a empresas chinas no cotizadas. Mientras tanto, las ciudades compiten por replicar el modelo de Hefei, utilizando fondos públicos para financiar empresas estratégicas en su fase inicial, cuando las perspectivas todavía son inciertas y el riesgo de perder dinero es mayor.
"Para que China pueda competir en una industria intensiva en capital, con plazos largos y resultados inciertos, necesita capitales muy pacientes y dispuestos a asumir riesgos. Ese capital debe ser accionario, porque los bancos no bastan", explica Chen Li, experto en economía china de Hong Kong. La financiación directa a través de los mercados está sustituyendo así al crédito bancario como principal vía de apoyo a las industrias emergentes, en lo que algunos han denominado la transición del Estado inmobiliario al Estado accionista tecnológico.
Los riesgos
Sin embargo, el sistema ya muestra varias grietas. Los ahorristas más audaces han encontrado la manera de eludir los controles comprando, en plataformas de criptomonedas fuera del alcance de las autoridades, contratos derivados que reproducen la evolución del valor de las acciones de CXMT. En un solo día se negociaron derivados por valor de millones de dólares. Esto demuestra que los capitales siguen buscando las inversiones más rentables, dentro o fuera de los límites impuestos por el gobierno.
Existe además un riesgo más profundo. "El mayor peligro es que la política industrial se convierta en financiación especulativa", advirtió el economista Tan Kong Yam. Cuando un sector es declarado estratégico, los inversores tienden a dar por descontado que el Estado no permitirá que fracase y terminan atribuyendo a las empresas un valor muy superior al que justifica su rendimiento. China ya recorrió este camino dos veces, primero con la energía fotovoltaica y luego con los vehículos eléctricos. La enorme afluencia de dinero público favoreció en ambos casos una rápida expansión, seguida, sin embargo, por un exceso de capacidad productiva, guerras de precios y quiebras. El caso del fabricante de automóviles Neta, que quebró después de recibir miles de millones de yuanes de tres administraciones locales diferentes, es el recordatorio más reciente de las posibles consecuencias de las malas inversiones financiadas con dinero público.
Esta vez, sin embargo, el riesgo recae sobre otros actores. En las burbujas anteriores, las pérdidas recayeron principalmente sobre los presupuestos locales y los bancos. En el nuevo sistema, diseñado para canalizar el ahorro privado hacia los chips y la inteligencia artificial, los que están en primera línea son las familias, a las que el Estado anima a trasladar sus ahorros de los ladrillos a las acciones, al mismo tiempo que limita sus posibilidades de invertirlos en el exterior. Sin embargo, la caída de las cotizaciones bursátiles ya está poniendo de manifiesto los límites del modelo. Desde principios de año, el mercado accionario chino ha perdido casi un 10%, pese a que Beijing ordenó a los fondos y empresas controladas por el Estado que compraran acciones para sostener los precios. Este tipo de intervenciones no eliminan las pérdidas, sino que solo las ocultan temporalmente trasladándolas a grandes entidades vinculadas al Estado. Si las empresas tecnológicas no producen resultados acordes con el capital recibido, la factura volverá a salir a la luz. Quienes deberán pagarla serán las familias alentadas a trasladar sus ahorros de los ladrillos a las acciones y el sector público obligado a comprar títulos para impedir que el fracaso de la estrategia quede en evidencia. El nuevo modelo corre así el riesgo de transformar las pérdidas privadas en pérdidas públicas, aplazando simplemente el momento en que habrá que reconocerlas.
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