Hong Kong (AsiaNews/Agencias) - Las autoridades de Hong Kong han propuesto crear un mecanismo que permita a la China continental ejercer su jurisdicción sobre los casos de seguridad nacional, basándose en un artículo de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, abriendo la posibilidad de que los casos "complejos" puedan ser juzgados a través de la frontera.
El Departamento de Seguridad publicó el lunes un documento para el Consejo Legislativo en el que presentaba una lista de propuestas para añadir legislación secundaria al artículo 23, la ley local de seguridad nacional aprobada hace un año en Hong Kong. Según el Gobierno, seguirían existiendo riesgos para la seguridad nacional debido a la «complicada situación geopolítica» actual. Entre las propuestas, hay una que retoma el artículo 55 de la anterior ley sobre esta materia -la impuesta por Pekín en 2020-, según el cual la oficina de seguridad nacional de Pekín en Hong Kong debería poder «ejercer jurisdicción» sobre los casos contemplados en la ley. Los medios de comunicación locales denominan a este artículo «sobre la extradición a China» de personas acusadas de amenazar la seguridad nacional.
Según el gobierno de Hong Kong, la medida debería ser posible cuando el caso sea «complejo» debido a la implicación de países extranjeros, como establece el artículo 55. Pero en muchos casos -por ejemplo, el de Jimmy Lai, citado también en los últimos días por el Presidente de Estados Unidos, Donald Triump- el mero hecho de tener contacto con dignatarios extranjeros se cita como prueba de influencia exterior.
La legislación secundaria propuesta se enmarcaría en el artículo 23, la ley de seguridad nacional de la ciudad. Su objetivo es castigar la traición, la insurrección, el sabotaje, la injerencia exterior, la sedición, así como el robo de secretos de Estado y el espionaje. El Consejo Legislativo de Hong Kong -el parlamento local «sólo para patriotas»- se reunirá en sesión extraordinaria esta tarde para debatir este documento. Las modalidades sugieren que una mera ratificación podría llegar muy pronto.
Fue precisamente la cuestión de la extradición a China en 2019 el catalizador de las grandes protestas del movimiento prodemocrático, que congregó a dos millones de personas en Hong Kong. El temor generalizado era por el uso de un sistema judicial que no respetara los derechos humanos, lo que los hongkoneses veían como una influencia inaceptable de China en el territorio, que marcaría el fin del Estado de Derecho y del principio de «un país, dos sistemas» que garantizaba un sistema liberal en la antigua colonia británica.
La norma sobre la extradición a China había sido retirada por la entonces gobernadora Carrie Lam a raíz de las protestas. Pero la durísima represión lanzada en 2020 para frenar el movimiento prodemocrático, con la detención de todos sus principales líderes y cientos de jóvenes manifestantes aún en prisión, ya ha vaciado de hecho la autonomía del sistema judicial de Hong Kong. Por ello, la nueva propuesta de una medida que permitiría extraditar a Pekín a los acusados de amenazar la seguridad nacional representaría, en cierto modo, el cierre definitivo del círculo.
