Daca (AsiaNews) - La ejecución de dos ciudadanos de Bangladés en Arabia Saudí ha suscitado nuevas preocupaciones en torno a la protección de los trabajadores migrantes en el extranjero. En respuesta a ello, una importante coalición en defensa de los derechos humanos ha exigido transparencia tanto a las autoridades saudíes como a las de Bangladés, poniendo en duda que los condenados hubieran recibido asistencia jurídica y consular adecuadas antes de su muerte.
En un comunicado, el Human Rights Forum Bangladesh (HRFB), una coalición de organizaciones de derechos humanos, ha expresado su profunda preocupación por la ejecución de Nazrul Islam Abdul Bashir y Sweety Akter en la región de La Meca el pasado 14 de octubre. El grupo también ha condenado la falta de notificación previa por parte de las autoridades saudíes a la misión diplomática de Bangladés, según ha afirmado el Gobierno de Daca.
Un golpe devastador
Para las familias de los dos ciudadanos de Bangladés, la noticia —que llegó de forma totalmente inesperada, a pesar de que hacía tiempo que no tenían contacto con sus seres queridos— supuso un impacto devastador. Para los activistas de derechos humanos, este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de millones de trabajadores migrantes que, a menudo, se enfrentan a los sistemas judiciales de países extranjeros sin el apoyo lingüístico adecuado, sin representación legal ni acceso a la asistencia consular. Tahmina Rahman, coordinadora de la HRFB y directora ejecutiva de Ain o Salish Kendra (ASK), ha solicitado una revisión imparcial para determinar si los dos ciudadanos pudieron ejercer sus derechos legales y si las autoridades institucionales adoptaron todas las medidas necesarias para protegerlos.
Según los escasos informes de prensa, los dos ciudadanos de Bangladés llevaban detenidos desde agosto de 2023 por cargos distintos, aunque durante algunos días circuló el rumor (infundado) de que ambos habrían cometido «actos ilícitos» en las inmediaciones de una mezquita. Una carta enviada el 18 de octubre por la Oficina de Trabajo del consulado de Bangladés en Yeda al Ministerio de Bienestar de los Expatriados y Empleo en el Extranjero afirmaba que una lista de detenidos recibida de las autoridades saudíes el 30 de septiembre incluía los nombres de los dos ciudadanos. Sin embargo, no se mencionaban sus condenas, mientras que sí se indicaban las sentencias dictadas contra otros presos que figuraban en la lista.
La carta precisaba además que ni la embajada de Bangladés en Riad ni el consulado en Yeda habían recibido notificación alguna, formal o informal, de las ejecuciones.
El caso ha suscitado inquietantes interrogantes entre las organizaciones de derechos humanos. La HRFB ha preguntado si los funcionarios consulares de Bangladés solicitaron aclaraciones tras recibir la lista incompleta de detenidos y si, entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre, se realizaron esfuerzos para verificar el estado de los dos procesos judiciales. «La falta de notificación por parte de las autoridades saudíes es motivo de grave preocupación», afirmó la ONG, añadiendo, no obstante, que ello no exime automáticamente a la misión de Bangladés de sus responsabilidades a la hora de supervisar el bienestar y la situación jurídica de los ciudadanos detenidos.
Un caso controvertido
La HRFB ha pedido que se lleve a cabo una investigación para determinar cuándo tuvieron conocimiento los funcionarios de Daca de la evolución de los casos, si detectaron la posibilidad de una condena a muerte y qué medidas, en su caso, se adoptaron para impedir las ejecuciones o garantizar un juicio justo. En esencia, esta cuestión plantea interrogantes más amplios sobre las garantías jurídicas internacionales, sobre todo porque Daca es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protege el derecho a la vida y garantiza un juicio justo, incluido el acceso a la asistencia letrada.
La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares garantiza, además, a los detenidos extranjeros el derecho a comunicarse con sus representantes consulares. La ONG activista subraya que es importante determinar si los dos ciudadanos de Bangladés han tenido acceso a abogados de su elección, a servicios de interpretación, a la posibilidad de presentar recurso y a una comunicación efectiva con sus funcionarios diplomáticos. La organización ha solicitado, asimismo, la divulgación de información completa sobre los cargos, los procedimientos judiciales y el fundamento jurídico de las sentencias.
Al parecer, el Consulado de Bangladés en Yeda habría enviado una nota diplomática para solicitar copias de las sentencias judiciales y los detalles de los casos. La HRFB ha instado al Gobierno a que persiga formalmente el asunto a través de los canales diplomáticos y a que haga públicos los resultados de cualquier investigación sobre las medidas oficiales adoptadas antes de las ejecuciones. Por último, la organización ha expresado su deseo de que se determinen las responsabilidades en caso de que se compruebe negligencia o incumplimiento de las obligaciones, y ha instado a que se conceda una indemnización justa a las familias de los fallecidos.
En respuesta a la polémica, el ministro de Asuntos Exteriores, Shama Obaid, afirmó que Bangladés ya había solicitado información a las autoridades saudíes y que podría facilitar detalles una vez recibidas las sentencias judiciales. Subrayó que el Gobierno se esfuerza sistemáticamente por proporcionar asistencia jurídica a los ciudadanos condenados en el extranjero y agota todas las vías legales disponibles para obtener reducciones de pena o clemencia. El ministro destacó además la magnitud del desafío: según datos del Gobierno, unos 7 500 ciudadanos de Bangladés se encuentran actualmente detenidos en Arabia Saudí.
Los migrantes, entre economía y derechos
El caso ha tenido gran repercusión en Bangladés, donde la migración sigue siendo un salvavidas para millones de familias. Arabia Saudí alberga una de las mayores comunidades de expatriados del mundo. Se estima que 3,5 millones de ciudadanos de Bangladés trabajan legalmente en el reino, entre ellos unas 150 000 trabajadoras, y muchos otros viven sin la documentación en regla. Las remesas que envían a casa constituyen un pilar fundamental de la economía nacional, ya que sostienen a las familias rurales y contribuyen de manera significativa a las reservas de divisas del país.
Los activistas de derechos humanos sostienen que la dependencia económica del trabajo en el extranjero hace que la protección de los trabajadores migrantes sea una cuestión cada vez más urgente para ambos gobiernos. Al mismo tiempo, para los líderes religiosos, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de apoyo a los migrantes en Bangladés, esta tragedia pone de relieve un desafío moral más amplio: garantizar que las personas que abandonan su hogar en busca de trabajo no pierdan el acceso a la justicia, la dignidad y la protección cuando se enfrentan a dificultades legales en el extranjero. Mientras las familias de los dos ciudadanos asesinados a manos del verdugo esperan respuestas, se multiplican las peticiones de mayor transparencia, un mayor compromiso consular y garantías más eficaces para los trabajadores migrantes vulnerables.
