Katmandú (AsiaNews) - La condena de dos exministros nepaleses ha reabierto uno de los capítulos más largos y complejos de la historia reciente del sur de Asia: el del pueblo lhotshampa, la minoría de lengua nepalesa expulsada de Bután a comienzos de la década de 1990.
Ayer, 14 de julio, el Tribunal de Distrito de Katmandú condenó al ex viceprimer ministro, Top Bahadur Rayamajhi, a cuatro años de prisión y al exministro del Interior Bal Krishna Khand a dos años por su implicación en una red que falsificaba documentos para hacer pasar a ciudadanos nepalíes por refugiados butaneses, lo que les permitía acceder a programas de reasentamiento en Estados Unidos. Otras 14 personas, entre ellas un alto exfuncionario del Ministerio del Interior y un exrepresentante de los refugiados, recibieron condenas de hasta cuatro años de cárcel. Ambos exministros siempre han rechazado las acusaciones y anunciaron que apelarán la sentencia.
El escándalo, que salió a la luz en 2023, está relacionado con uno de los programas humanitarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que entre 2007 y 2018 permitió reasentar a unos 113.000 refugiados butaneses en ocho terceros países, principalmente en Estados Unidos, que acogió cerca de 100.000. Según la investigación realizada en Nepal que condujo a las recientes condenas, algunos ciudadanos nepaleses, con la complicidad de funcionarios públicos e intermediarios, presuntamente obtuvieron documentos falsos para ser registrados como refugiados butaneses.
Los lhotshampa
El caso judicial se enmarca en el clima político que siguió a las protestas juveniles contra la corrupción, que contribuyeron al ascenso del nuevo gobierno nepalí, pero también ha reabierto la cuestión, aún sin resolver, de los refugiados procedentes de Bután, los lhotshampa (que significa "gente del sur"). Ciudadanos butaneses, pero descendientes de familias nepalesas, fueron expulsados o se vieron obligados a abandonar Bután entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando la monarquía introdujo políticas que privilegiaban la identidad cultural de la mayoría drukpa (término que también designa a la principal escuela budista del país, mientras que los lhotshampa son hindúes) e impuso requisitos más restrictivos para el reconocimiento de la ciudadanía. Cerca de 120.000 personas cruzaron la frontera con Nepal.
Durante décadas, Nepal y Bután intentaron sin éxito negociar la repatriación de los refugiados, pero la falta de un acuerdo llevó posteriormente a la comunidad internacional a promover el reasentamiento en terceros países, una solución que permitió a decenas de miles de personas reconstruir sus vidas, aunque sin resolver el problema de fondo. Actualmente, cerca de 7.000 refugiados siguen viviendo en los dos campos que permanecen abiertos, Beldangi y Sanischare.
Las deportaciones de Estados Unidos
En los últimos dos años la situación se ha complicado aún más debido al aumento de las deportaciones desde Estados Unidos, que ha endurecido sus políticas migratorias. Según la organización Asian Refugees United (ARU), con sede en Pensilvania, desde principios de 2025 al menos 75 refugiados butaneses han sido repatriados después de recibir una condena por determinados delitos —a menudo relacionados con drogas, violencia doméstica o conducción reiterada bajo los efectos del alcohol— que, según la legislación estadounidense, pueden conllevar la revocación del derecho de residencia en el país incluso después de cumplir la condena, y se han convertido en apátridas.
Las dificultades que enfrenta la comunidad butanesa en Estados Unidos ya se habían planteado antes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por ejemplo, la tasa de suicidios entre los refugiados butaneses en Estados Unidos es de aproximadamente 24,4 por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio nacional. Las investigaciones han identificado la "falta del sentido de pertenencia" como un factor que conduce al aislamiento y la pérdida de vínculos con la familia, la propia comunidad y, en consecuencia, con una parte de la propia identidad.
Para muchos de los expulsados, como muestra The Diplomat a través de una serie de testimonios, el regreso se ha convertido en un nuevo exilio. Aunque nacieron en Bután, las autoridades locales se han negado a reconocerlos como ciudadanos y, según varios testimonios recogidos por ARU, muchos refugiados fueron escoltados hasta la frontera y obligados a entrar en la India sin la documentación necesaria.
Desde entonces, muchos viven en una especie de limbo entre la India y Nepal para evitar ser arrestados o sufrir nuevas repatriaciones forzosas. Algunos han conseguido volver a los campos de refugiados de Beldangi y Sanischare, donde crecieron antes de ser reasentados en Estados Unidos; otros se mantienen escondidos en las zonas fronterizas. Incluso en los campos de refugiados las condiciones de vida siguen siendo precarias porque, cuando concluyó el programa internacional de reasentamiento, la ayuda humanitaria se redujo y muchas familias ahora sobreviven con recursos cada vez más limitados.
