Peshawar (AsiaNews) – Exámenes aplazados, escuelas y universidades cerradas, calles bloqueadas y comunicaciones telefónicas y de internet interrumpidas en varios distritos. En Khyber Pakhtunkhwa, provincia del noroeste paquistaní en el límite con Afganistán, la declaración del estado de emergencia y la imposición del governor’s rule —o "régimen del gobernador"— ya están provocando dificultades en la vida cotidiana de una región marcada por la violencia de grupos armados. Los más afectados son los estudiantes, las familias con pocos recursos y los trabajadores jornaleros.
Ayer, 12 de octubre, un día después de que el presidente Asif Ali Zardari decidiera aplicar las medidas extraordinarias, las administraciones de Peshawar, Mardan, Swabi y Nowshera ordenaron el cierre de escuelas y universidades. Varias instituciones educativas también aplazaron los exámenes del Secondary School Certificate (SSC), los exámenes de finalización de la escuela secundaria, sin especificar una nueva fecha. Los exámenes también se pospusieron en los distritos de Bannu, Lakki Marwat, Waziristán del Norte y Dera Ismail Khan.
Sin embargo, las dificultades para los estudiantes habían comenzado antes de la emergencia. El 7 de octubre, los consejos escolares habían aplazado algunos exámenes debido a la marcha de protesta organizada por el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido del ex primer ministro encarcelado Imran Khan. Las nuevas restricciones aumentan la incertidumbre entre los jóvenes y las familias que deben organizar la escolaridad de sus hijos.
Las consecuencias son especialmente graves para quienes no pueden pagar clases particulares o no disponen de una conexión estable a internet para seguir estudiando desde casa. Para los trabajadores informales, como los obreros de la construcción, los vendedores ambulantes y los conductores, los bloqueos de calles y las interrupciones de las comunicaciones también dificultan el acceso al trabajo y el contacto con los clientes. Las familias que viven de lo que ganan cada día se ven obligadas, incluso ante una interrupción breve, a ajustar sus gastos en alimentos, alquiler, medicamentos y educación. Todavía no hay datos para cuantificar las pérdidas económicas causadas por la declaración del estado de emergencia, pero las restricciones a la movilidad y a los servicios esenciales agravan la vulnerabilidad de las personas que carecen de ahorros.
En Peshawar, las autoridades bloquearon algunas calles con contenedores y prohibieron las concentraciones durante una semana. En el distrito de Swabi, donde estaba prevista la marcha del PTI, fueron detenidos cerca de 140 simpatizantes del partido. También se denunciaron detenciones en otras zonas. Las interrupciones de la telefonía móvil y de internet dificultaron las comunicaciones. Sin embargo, la situación no es uniforme en toda la provincia: en algunos distritos, las actividades comerciales continuaron normalmente.
El 11 de octubre, el gobierno federal de Islamabad anunció el estado de emergencia y la imposición del governor’s rule, acusando a la administración provincial del PTI de negarse a cooperar en la lucha contra el terrorismo. Esta medida suspende las funciones de la administración encabezada por el ministro principal Sohail Afridi y transfiere el poder al gobernador Faisal Karim Kundi, miembro del Pakistan Peoples Party, aliado de la coalición gobernante en Islamabad. Un consejo asesor de 11 miembros lo asistirá en la gestión de la provincia.
El gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif justificó la intervención alegando el deterioro de la seguridad y la supuesta incapacidad de las autoridades provinciales para hacer frente a la amenaza de los grupos armados que operan en la región, especialmente el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes. Diversos informes vienen mostrando desde hace tiempo el aumento de los atentados terroristas en la provincia. Por este motivo, el ministro de Información Attaullah Tarar acusó al gobierno provincial de connivencia con los grupos armados, aunque no presentó pruebas independientes que respaldaran dicha acusación.
El PTI sostiene, por el contrario, que ha sido excluido de las decisiones sobre seguridad. Desde hace tiempo, el partido pide ser consultado sobre las operaciones militares en la región y cuestiona una estrategia que corre el riesgo de agravar el conflicto. En respuesta, el ministro principal Afridi y otros dirigentes del partido fueron arrestados o retenidos.
En una declaración del 12 de octubre, Babu Ram Pant, subdirector para Asia Meridional de Amnistía Internacional, también manifestó su preocupación por las detenciones arbitrarias de dirigentes políticos y los cortes de internet. Estas medidas, advirtió, plantean dudas sobre su proporcionalidad. "Las medidas de emergencia no son un cheque en blanco para reprimir los derechos humanos, silenciar la disidencia o concentrar el poder", afirmó.
Amnistía también alertó sobre los riesgos relacionados con el despliegue del ejército y recordó las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones antiterroristas llevadas a cabo por las fuerzas armadas en otras provincias, sobre todo en Baluchistán. La organización pidió a las autoridades que eviten recurrir a los militares para las tareas policiales ordinarias.
En una declaración del 11 de octubre, el portavoz del TTP, Muhammad Khurasani, condenó la imposición del governor’s rule y acusó a las autoridades federales de utilizar la Constitución para legitimar la injerencia militar en la provincia. El grupo también invitó directamente a los habitantes de Khyber Pakhtunkhwa a respaldar su lucha contra el aparato militar paquistaní.
El TTP rechaza desde hace tiempo el sistema constitucional y parlamentario de Pakistán y con esta oposición justifica su lucha armada contra el Estado, pero ahora invoca los derechos constitucionales de un gobierno electo. La organización intenta aprovechar el descontento provocado por la intervención de Islamabad para obtener apoyo para su agenda militante. Mientras tanto, los estudiantes siguen esperando poder rendir los exámenes y reanudar las clases, sobre lo que todavía no se ha hecho ningún anuncio.
