Colombo (AsiaNews) – La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del Banco Central de Sri Lanka (CBSL) había advertido reiteradamente a los sucesivos gobiernos, ya desde 2021, que los pagos anticipados por importaciones estaban siendo utilizados para el blanqueo de capitales a través del comercio internacional, años antes de que el fraude saliera a la luz. Sin embargo esas advertencias no dieron lugar a medidas concretas, lo que permitió que prosperara lo que hoy se considera uno de los mayores fraudes financieros del país.
Según trascendió la semana pasada durante una comparecencia ante la Comisión de Finanzas Públicas (COPF) del Parlamento, el Departamento de Investigación Criminal (CID) rastreó alrededor de 715 millones de dólares transferidos al exterior entre 2023 y 2026 mediante operaciones fraudulentas de importación, en las que las mercancías nunca llegaron a Sri Lanka. Los investigadores también vincularon parte de estas operaciones con redes internacionales de lavado de dinero y narcotráfico. Como explicaron funcionarios de la FIU, "en 2021 se realizaron evaluaciones de riesgo que identificaron el lavado de dinero a través de transacciones comerciales como uno de los delitos financieros más importantes".
Según el Dr. Harsha de Silva, presidente de la COPF, "el Comité detectó numerosas deficiencias por parte de los bancos, la Aduana de Sri Lanka y el Departamento de Control de Importaciones y Exportaciones a la hora de conciliar las remesas enviadas al exterior con las importaciones efectivamente realizadas. Lo más preocupante fue comprobar que ni los bancos estatales ni los privados cumplían estrictamente las obligaciones de informar sobre las remesas al exterior. Esa fue precisamente la brecha que aprovecharon los estafadores".
Entre febrero y junio de 2021, las transferencias bancarias efectuadas como pago anticipado de importaciones fueron identificadas como un riesgo creciente de lavado de dinero. Estas conclusiones fueron comunicadas al Ministerio de Finanzas, al presidente del país y al Consejo Monetario del Banco Central, mientras que las entidades bancarias recibieron instrucciones de reforzar el control sobre las transacciones de pago anticipado.
Durante ese período, el gobernador del Banco Central de Sri Lanka alertó formalmente al secretario del Tesoro y al secretario de la Presidencia, mientras que los miembros del Consejo Monetario plantearon el problema directamente al entonces presidente. A pesar de esas advertencias, los investigadores consideran que las operaciones fraudulentas continuaron durante años. Según revelaron funcionarios de la FIU, se había ordenado a los bancos que presentaran informes sobre operaciones sospechosas relacionadas con los pagos anticipados por importaciones. La información recopilada a partir de estos informes hasta mayo de 2024 fue compartida con la Aduana y la Policía de Sri Lanka, y desde entonces se ha ido actualizando de manera permanente.
Los analistas financieros Dakshitha Athukorala y Sagara Thilakawardena explicaron a AsiaNews que "el uso fraudulento de los pagos anticipados por importaciones podría haber comenzado mucho antes, tras la entrada en vigor de la Ley de Divisas de 2017, que despenalizó los delitos cambiarios y sustituyó el anterior régimen de sanciones penales por un marco predominantemente civil".
Para hacer frente a este problema, a partir del 30 de septiembre de 2026 entrarán en vigor nuevas normas sobre la titularidad real, que obligarán a las empresas a revelar información verificada sobre sus verdaderos propietarios y establecerán sanciones penales por declaraciones falsas. "No tomar medidas contra las empresas que no revelan quiénes son sus verdaderos propietarios podría exponer a Sri Lanka a evaluaciones negativas por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el consiguiente riesgo de perjudicar la reputación internacional del país en materia de cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero", añadieron.
El Parlamento también aprobó nuevas medidas que obligan a los importadores que realizan pagos anticipados a registrarse ante la Aduana. Según los expertos financieros Shirantha Dissanayaka y Mayantha Alwis, "la solución reside en una aplicación rigurosa de las normas existentes, más que en introducir nuevas regulaciones". Por lo tanto, sostienen que "la respuesta a la deficiente aplicación de las normas no reside en imponer nuevas cargas regulatorias a los importadores que actúan de buena fe, sino en hacer cumplir las normas ya vigentes para identificar a los verdaderos responsables del fraude".
Por su parte, el Comité de Empresas Públicas (COPE), otra comisión parlamentaria encargada del control financiero, ordenó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que deberá presentar un informe exhaustivo en un plazo de dos meses. Además, las autoridades prevén establecer un Comité Nacional de Coordinación integrado por 22 organismos, mientras que el proyectado sistema nacional de identidad digital debería reforzar la verificación de los clientes y facilitar las futuras investigaciones sobre delitos financieros. Según altos funcionarios de la Aduana, "los investigadores solo pueden examinar los registros a partir de 2023. Debido a las deficiencias de los sistemas digitales, resulta imposible acceder a las transacciones anteriores".
