Stefano Vecchia

Presionado por los empresarios locales, el Parlamento quiere relajar las estrictas normas sobre la protección del mar y sobre las condiciones de trabajo en los barcos pesqueros, a menudo relacionados con el tráfico de seres humanos. La ley actual fue aprobada en 2015 por presión de la Unión Europea, que amenazaba con prohibir los productos pesqueros locales. Pero ahora, con la producción industrial en crisis, Tailandia espera recuperar terreno "liberalizando" el sector.

Se lanzó hace pocos días en Manila Periodistas contra la Corrupción, que reúne a voces de importantes diarios del Sudeste Asiático. A excepción de Singapur, la región figura sistemáticamente en las últimas posiciones en todos los índices mundiales dedicados al fenómeno.

Fue el tema central del Foro de IP Digital de Tailandia 2024. Tailandia, un gran exportador de productos electrónicos de consumo fabricados por empresas multinacionales y locales, también ha desarrollado en los últimos años capacidades autónomas en sectores avanzados de TI.

Según datos de la UNODC, hubo una producción récord en 2023, y la superficie destinada a ese cultivo aumentó un 18%. El conflicto en sí se convierte en un incentivo para reemplazar las plantaciones extensivas de arroz o maíz. La cosecha se refina en el lugar y pasa de contrabando a los países vecinos para llegar al mercado mundial de heroína.

En la edición de 2024 del informe nacido de una colaboración entre Gallup, la Universidad de Oxford y las Naciones Unidas, Filipinas asciende al segundo lugar entre los países del Sudeste Asiático. El récord de la región lo ocupa Singapur, que también ocupa el trigésimo puesto a nivel mundial.

La Comisión Electoral ha recurrido a la Corte Constitucional para obtener la liquidación del partido más votado en las últimas elecciones. El fundamento de la petición es el compromiso del partido de iniciar una revisión del Artículo 12 del Código Penal. El riesgo de que termine igual que otra fuerza política proscrita en 2020.

Mañana se cumple el aniversario de la desaparición del activista de derechos humanos de la minoría malaya que vive en el sur de Tailandia. Su esposa Angkhana logró por primera vez llevar el caso a los tribunales. Pero a pesar de las sospechas sobre la policía, no se ha identificado a ningún culpable.

Montagnard Support Group Inc y Montagnard Stand for Justice, con sede en Estados Unidos, se encuentran en la mira del gobierno. Ambos han sido acusados ​​de participar en los ataques contra sedes del Partido Comunista en la zona de Dak Lak. La cuestión pendiente de la minoría (cristiana) víctima de la persecución a pesar de las "aperturas".

Situada en Laos pero controlada por empresas tailandesas, quema lignito para exportar energía a Bangkok. Los primeros estudios realizados en las poblaciones lua muestran niveles exponenciales de mercurio en el cuerpo, lo que confirma los temores medioambientales que se plantean desde hace tiempo.

El primer ministro Anwar Ibrahim ha reivindicado la erradicación de la pobreza extrema de la capital. Pero los datos se basan en un umbral de ingresos irrisorio, que el colapso del ringgit ha hecho aún más problemático. Por su parte, las organizaciones caritativas, las estructuras sanitarias e incluso los servicios públicos coinciden en afirmar que la situación económica real de las familias está empeorando.

El Senado aprobó la medida sobre las áreas que se encuentran dentro de la jurisdicción del país para contrarrestar los reclamos chinos en la zona. Una norma acorde con la sentencia de 2016 del tribunal de la ONU. Desde hace tiempo varios países reivindican el control de un sector estratégico para el comercio internacional.

Durante la última década, más de 110.000 tailandeses han migrado a Suecia y Finlandia, atraídos por la promesa de altos salarios y buenas condiciones laborales, para encontrarse a menudo explotados y atrapados por deudas con los intermediarios. Una plaga en la que el gobierno de Bangkok no interviene para no perder oportunidades de trabajo y turistas europeos.