Altavoces que instan a las mujeres a cubrirse, universidades que excluyen a las candidatas, restricciones que se multiplican. «Talento» y «oportunidades»: eslóganes que se proclaman a bombo y platillo, pero que no se cumplen. Sin embargo, un país en reconstrucción tras años de régimen y guerra civil no debe excluir ni privar de oportunidades a las jóvenes.
Advertencia de la enviada especial Alexandra Xanthaki al concluir una visita de diez días a un país donde el conjunto de los grupos étnicos minoritarios representan el 47% de la población: "A pesar de los avances realizados en materia de derechos humanos, persisten políticas de asimilación de las poblaciones indígenas a la etnia dominante lao y la reubicación forzosa de aldeas en nombre del desarrollo".
Pena de muerte impuesta a Rosman Abdullah, singapurense de 55 años. Críticas de grupos de derechos humanos y de la ONU, que cuestionan las leyes extremadamente estrictas de la ciudad-Estado, poniendo en duda su eficacia para disuadir del tráfico de drogas. Ya se han ejecutado 24 condenas a muerte desde la reanudación hace dos años tras el bloqueo relacionado con Covid.
La «mano dura» es ahora un medio sistemático de presión, especialmente sobre los presos políticos rusos. Una investigación de Mediazona cuenta las historias de quienes han sido sometidos a violencia en las cárceles rusas para arrancarles confesiones forzadas.
Por siete votos, el lugar lo ocupan las Islas Marshall, uno de los cinco representantes de la región Asia-Pacífico. La candidatura fue rechazada al igual que en 2020, mientras que Qatar ganó su segundo mandato consecutivo. Mientras tanto, en los diez primeros meses de 2024 se ejecutaron 213 condenas a muerte en el reino de Al Saud. Un número que nunca se había alcanzado.
A pesar de que el ACNUR le concedió el estatuto de refugiado, el tribunal aceptó la petición de extradición de Y Quynh Bdap desde Hanoi. El activista ha presentado un recurso y una nueva solicitud de asilo ante la embajada canadiense. La ambigua actitud de Tailandia, que abre sus puertas a la acogida temporal pero no es signataria de la Convención de la ONU, no ofrece garantías reales.
Detenido el más conocido de los periodistas independientes camboyanos que siguen trabajando a pesar de la represión. El pretexto probable fueron los posts publicados en las redes sociales sobre los daños medioambientales causados por algunas canteras de piedra, tachados por las autoridades de noticias que creaban «malestar social». Pero Dara también es muy activo en la denuncia de los esclavos de las estafas transfronterizas en línea. Con él, ya son cien los presos políticos en Camboya.
Están siendo juzgados a puerta cerrada los líderes del movimiento opositor Grupo 24, Sukhrob Zafare y Nasimdžon Šarifov. Desaparecidos de Estambul, donde vivían exiliados desde hacía diez años, el pasado agosto la Fiscalía General anunció que se encontraban en una prisión de la capital de Tayikistán. Prohibida como «asociación extremista», la organización no puede participar en modo alguno en la vida política y social del país.
Rechazó un pedido que presentaron los 37 presos condenados a muerte, pero invitó a aplicarla sólo en casos "excepcionales". La última ejecución se llevó a cabo en 2020. Críticas del Kuomintang, que califica el veredicto de los jueces como una "abolición de facto". Amnesty International Taiwan habla de "un paso adelante" y pide al gobierno que decrete una moratoria oficial.
Identificadas como Ri y Kang, de 39 y 43 años, ayudaban a otras mujeres a escapar a Corea del Sur. Ingresadas en China como víctimas de trata, una vez devueltas a Corea del Norte fueron asesinadas tras un juicio público, confirmado por varias fuentes.
La represión de los derechos de las mujeres por parte de los talibanes es aún más evidente para las que tienen un origen étnico diferente. Cientos de miles de personas de etnia turcomana viven en las regiones septentrionales de Afganistán, y nadie se implica en la defensa de sus derechos, entre otras cosas por las gélidas relaciones con Asjabad.
El ministro del Interior declaró que todas las muertes bajo custodia registradas desde el año 2022 se han producido por razones de salud. El Colegio de Abogados expresó su preocupación por las afirmaciones y pidió investigaciones independientes. Entre 2011 y 2021 se registraron 430 muertes bajo custodia.
Una medida que pedían desde hace tiempo las Iglesias del país para combatir el fenómeno de los matrimonios precoces, a menudo vinculados a secuestros. Conferencia Episcopal: "Ahora se adoptarán más medidas para criminalizar las conversiones religiosas forzadas".
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