Beirut (AsiaNews) - Todos los indicadores están en rojo: la población libanesa, especialmente la clase media, se está hundiendo. Albert F. (*), empresario maronita al frente de una pyme del sector de la construcción, está acorralado. Debe entregar puertas y ventanas para un edificio en construcción y su taller está a punto de cerrar debido al aumento repentino de los costos de los materiales que ha hecho saltar por los aires sus previsiones presupuestarias. Atrapado por un contrato que legalmente está obligado a cumplir, debe financiar la finalización de la obra trabajando a pérdida.
Los anticipos que había recibido ya se han esfumado por la inflación galopante, lo que ha elevado el costo real del proyecto, en el que trabajan seis operarios, por encima de las sumas cobradas inicialmente. Como muestra de la difícil situación económica de la familia, su esposa Aline se ha visto obligada a vender sus joyas a un comerciante local para intentar salvar la empresa familiar.
Joseph (*), un ingeniero con experiencia que actualmente está desempleado, recurrió a un préstamo para cubrir los gastos del compromiso de su hijo. Sin embargo, ante las exigencias de la familia de la futura esposa, que reclama la gran boda con la que sueña su hija, sus finanzas ya no resisten. Para superar esta situación, tiene previsto pedir otro préstamo a sus dos hermanos.
Cada vez es más frecuente escuchar a miembros de la clase media libanesa lamentarse de sus dificultades económicas. En realidad, su situación sigue siendo envidiable en comparación con la de las clases sociales más bajas, los habitantes de las regiones ocupadas por Israel o las personas que han sido desplazadas. Lo cierto es que, en este momento, la situación económica del Líbano es más que grave, es catastrófica.
Golpeada por la guerra entre Irán y Estados Unidos y duramente afectada por el aumento del precio de los combustibles, la población libanesa lucha para hacer frente a una inflación galopante. El ejemplo más evidente es precisamente el de los combustibles: el precio de 20 litros se ha más que duplicado en seis meses, pasando de 14 a 32 dólares. Lo mismo ocurre con el gasóleo para calefacción, cuyo precio por tonelada pasó de 750 a 1.500 dólares.
La tala ilegal se intensifica pero incluso una tonelada de leña está fuera del alcance de algunas familias. Crece rápidamente el descontento social y distintos sectores están convocando a una huelga general para el próximo 30 de septiembre. Sin embargo, teniendo en cuenta la división política provocada por la guerra, una protesta radical podría paralizar el país, pero por el momento parece improbable que desemboque en una explosión social.
Salario mensual promedio
Antoine K., contador que trabaja para un importante hospital, explica que el salario mensual promedio de los libaneses ronda entre los 500 y los 750 dólares, pero la gran mayoría de la población —entre el 60% y el 70% de los trabajadores— vive con ingresos inferiores o apenas equivalentes a ese salario promedio. Sin embargo, esta cifra está inflada por una minoría con ingresos muy elevados y no refleja la realidad cotidiana de la población en general. El Banco Mundial y las Naciones Unidas estiman que entre el 44% y el 55% de la población del país de los cedros se encuentra afectada por la pobreza monetaria; al mismo tiempo, la pobreza multidimensional —acceso a la atención de la salud, electricidad y educación— se acerca al 80% (umbral de pobreza extrema), mientras que más de la mitad de los trabajadores del sector privado gana en realidad menos de 10.000 dólares al año (menos de 830 dólares al mes).
En resumen, el contador hace una lista de las restricciones que las familias se imponen para hacer frente al aumento del costo de vida. Cita la cancelación de la suscripción a los generadores eléctricos de los barrios —entre 100 y 250 dólares al mes, según el nivel de confort y el uso del aire acondicionado— como una de las primeras renuncias. En las familias más desfavorecidas, esto significa adaptarse a los horarios de suministro eléctrico establecidos por el Estado —a veces solo dos horas al día— y con frecuencia levantarse en plena noche para planchar o poner en funcionamiento la lavadora.
A esta restricción se suman otras: limitar la compra de alimentos importados y de extractos de frutas o verduras; limitar el uso del automóvil con fines recreativos (ya no hay excursiones ni paseos a lugares alejados); suspender por completo la compra de ropa; renunciar a tratamientos costosos y dejarse morir en casa; limitar las consultas médicas a lo estrictamente necesario (cada una cuesta 100 dólares); y, en casos extremos, retirar a los hijos de las escuelas privadas, pese a la importancia que los libaneses conceden a la educación y a la incorporación temprana al mercado laboral. "También rezamos para que el auto no tenga problemas mecánicos —añade Antoine K.—, para no tener que endeudarnos para repararlo".
Cuentas bancarias congeladas
El aumento del precio de los combustibles, que repercute en el costo de los bienes de consumo y de primera necesidad, se produce en un momento en que los libaneses ya enfrentan dificultades debido al bloqueo de sus ahorros bancarios desde 2019. La solución de este problema de larga data podría dar un nuevo impulso al país, pero el lobby bancario se resiste desde hace seis años, con todas sus fuerzas, a cualquier medida que pueda privarlo de sus privilegios. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha realizado más de una decena de visitas al Líbano, entre misiones técnicas y consultas oficiales, sin lograr un acuerdo definitivo debido a la fuerte reticencia de la clase política y financiera libanesa a poner dinero de su bolsillo y aplicar las reformas estructurales necesarias.
La última misión, que se llevó a cabo del 15 al 18 de septiembre y estuvo encabezada por Ernesto Ramirez Rigo, terminó una vez más con un grave desacuerdo. Ninguno de los aproximadamente treinta bancos del país está dispuesto a someterse a una auditoría de sus activos, y solo cuatro o cinco de las principales entidades tienen suficiente solvencia para reembolsar a los libaneses que llevan seis años esperando en vano recuperar sus ahorros. Se trata de sumas fundamentales, ahorradas precisamente para poder vivir sus últimos años con dignidad..
El núcleo de la cuestión no radica solo en calcular las pérdidas, sino también en determinar cómo se distribuyen. Se estima que unas 600.000 personas residentes en el Líbano son titulares de una o más cuentas bancarias (una cifra que asciende a entre 700.000 y 800.000 si se incluye a toda la diáspora y a los no residentes). La distribución de estas cuentas pone de manifiesto el nivel de desigualdad del sistema bancario nacional frente a la actual crisis financiera: casi el 90% de las cuentas bancarias corresponde a depósitos pequeños y medianos, con un saldo igual o inferior a 100.000 dólares. El gobernador del Banco del Líbano (BDL) y el FMI consideran a esta gran mayoría una "prioridad social y económica absoluta" en los planes de reestructuración.
En efecto, estos pequeños y medianos depositantes poseen solo una parte minoritaria del total de los fondos bloqueados. Por el contrario, una ínfima minoría de grandes cuentas —alrededor del 10% de los depositantes, integrada por grandes patrimonios, instituciones o fondos fiduciarios— concentra la mayor parte de los aproximadamente 85.000-90.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera que aún figuran en el sistema. En este desequilibrio se basa la actual pugna política y financiero en el Líbano: los sucesivos proyectos de ley buscan devolver íntegramente en efectivo los fondos "hasta 100.000 dólares" para proteger a la mayoría del 90% de los pequeños ahorristas, aunque reconocen que las cuentas más grandes deberán absorber la mayor parte de las pérdidas sistémicas.
Desplazar a los directivos
Durante su reciente visita, el FMI propuso una medida radical: apartar temporalmente a los actuales directivos de la mayoría de los bancos libaneses y nombrar administradores independientes para auditar sus actividades. La propuesta provocó naturalmente una fuerte resistencia por parte de las élites financieras y las autoridades de Beirut. Además, el organismo internacional exige el estricto respeto de la "jerarquía de los créditos". Según esta regla, los accionistas de los bancos deben absorber las pérdidas antes que los depositantes. Por el contrario, los bancos y el Estado buscan trasladar la responsabilidad a los fondos públicos o diluir las pérdidas a expensas de las grandes cuentas.
El Banco Central del Líbano y el FMI también discrepan sobre las leyes de reestructuración necesarias para liquidar o fusionar las entidades insolventes. En este contexto se comprende la relativa indiferencia de los libaneses hacia las conversaciones protocolares celebradas en Nueva York entre el primer ministro Nawaf Salam y el presidente sirio Ahmad el-Chareh, y posteriormente con el presidente iraní Massoud Pezeshkian. Encuentros que apenas consiguen ocultar la desolación de los libaneses al ver como la misión de la UNIFIL —único testigo neutral desde 1978 de las vicisitudes del sur del Líbano— se retira del país sin que se haya identificado una fuerza alternativa.
(*Los nombres han sido parcialmente modificados para proteger el anonimato de los entrevistados.
