Milán (AsiaNews) - La guerra, la crisis económica y las dificultades en el mercado laboral empujan a los iraníes a buscar vías alternativas para mejorar su situación económica y sostener los ingresos de las familias en apuros, que ya miran hacia el extranjero incluso en busca de empleos de baja cualificación. En esta fase de estancamiento socioeconómico, se multiplican los anuncios relacionados con la gestación subrogada en plataformas como Divar y otros sitios web, a menudo ocultos en categorías como servicios sanitarios, centros de estética, tratamientos de belleza y ofertas de trabajo a distancia. Las cifras solicitadas —según revela una investigación de IranWire— pueden variar considerablemente, oscilando entre decenas de millones y varios miles de millones de tomanes (lo que equivale a decenas de miles de euros), con personas que ofrecen su cuerpo y otras que, por el contrario, buscan a quienes estén dispuestas a hacerlo.
Aunque en octubre el Consejo de Ministros hizo oficial una nueva directiva destinada a regular las técnicas modernas de reproducción asistida (PMA), los críticos consideran que la norma acaba legalizando, de hecho, una «comercialización de la reproducción humana». Aunque la nueva normativa afirma querer establecer un marco médico-jurídico para el tratamiento de la infertilidad, crecen las preocupaciones relacionadas con el aumento de la pobreza, la desesperación económica y la posible explotación de las mujeres pertenecientes a los niveles de ingresos más bajos.
La investigación, impulsada por un periodista ciudadano de un medio independiente iraní, desvela los mecanismos internos que utilizan las agencias comerciales que operan en este sector. Los representantes de las empresas intermediarias coordinan procedimientos que se extienden más allá de las fronteras de la República Islámica —por ejemplo, en Georgia—, donde las madres subrogadas firman contratos en un idioma extranjero y reciben una remuneración mensual hasta el momento del parto. La proliferación de anuncios en línea y la rapidez de respuesta de los intermediarios ponen de manifiesto un mercado en fuerte expansión y carente de normas, que ignora las profundas consecuencias físicas y psicológicas que ello conlleva para las mujeres.
Entre bastidores de la mediación
«El centro de fecundación in vitro se encuentra en Georgia. Tanto la transferencia de embriones como el parto tienen lugar allí. Tras la implantación [de los óvulos], puedes quedarte en Georgia o volver a Irán», explica el representante de una agencia de mediación para la gestación subrogada que opera en la República Islámica. Según el intermediario, las madres subrogadas reciben una indemnización mensual de 250 dólares hasta el octavo mes de embarazo, seguida de una suma global de 3.500 dólares en caso de parto con resultado satisfactorio. «Si te quedas en Georgia, recibes 400 dólares más al mes, pero si vuelves a Irán, recibes la indemnización mensual estándar de 250 dólares».
La fuente explica que el proceso requiere una estancia de dos o tres semanas para la transferencia del embrión. Los contratos se firman directamente entre la madre subrogada y los futuros padres —que, en uno de los casos analizados en la investigación, eran ciudadanos extranjeros procedentes de China— y están redactados íntegramente en georgiano, idioma que ninguna de las partes comprende. El documento establece explícitamente que, una vez producido el parto, se interrumpirá definitivamente todo contacto entre la madre subrogada y los padres intencionales.
Las agencias imponen criterios demográficos estrictos: las madres subrogadas deben estar divorciadas o casadas (se excluye a las mujeres solteras), tener menos de 37 años —aunque a veces se acepta una edad de hasta 40— y deben presentar un formulario oficial de consentimiento del cónyuge o los documentos de divorcio. La preparación médica comienza el primer día del ciclo menstrual con ecografías, seguidas de protocolos farmacológicos a partir del tercer día para preparar el útero. En estos acuerdos no se contemplan medidas para proteger la salud física y psicológica de la madre subrogada. Llevar un bebé en el vientre durante nueve meses solo para entregarlo al nacer conlleva graves repercusiones psicológicas; sin embargo, estos riesgos rara vez se tienen en cuenta en los acuerdos de intermediación con el extranjero.
Aunque la venta de tejidos corporales, como riñones o sangre, ha sido durante mucho tiempo un mecanismo de supervivencia desesperado para las poblaciones indigentes de todo el mundo, no ofrece ninguna seguridad financiera sostenible. Además, esta práctica agota físicamente a quienes participan en ella y suscita profundas preocupaciones de carácter ético y relacionadas con los derechos humanos. Por el contrario, quienes se incorporan al mercado de la gestación subrogada se encuentran, por lo general, en una situación de gran desigualdad de poder, obligadas a asumir todos los riesgos físicos y psicológicos para su propia supervivencia económica. Reconociendo estas vulnerabilidades, muchos gobiernos restringen severamente o prohíben por completo esta práctica con fines comerciales. Sin embargo, el Gobierno de Teherán ha dado el controvertido paso de formalizarla y legalizarla mediante marcos normativos.
Mercantilización de las mujeres y pobreza
El pasado 18 de octubre, el Consejo de Ministros presentó un programa titulado «Regulación de los métodos modernos de reproducción asistida», que se aplica en el marco del Séptimo Plan Nacional de Desarrollo. La directiva establece los marcos jurídicos, médicos, legales y de apoyo para el tratamiento de la infertilidad y las tecnologías reproductivas avanzadas. Las autoridades sostienen que impone rigurosas medidas de protección en las intervenciones de terceros, como la donación de óvulos, esperma y embriones, así como la gestación subrogada. Oficialmente, estos procedimientos se limitan exclusivamente a las clínicas de nivel 3 del Ministerio de Sanidad, con la obligación de archivar los datos de los pacientes de forma segura y cifrada en la Base de datos nacional sobre fertilidad.
Sin embargo, en la práctica, una red no regulada de intermediarios y clínicas no oficiales operaba libremente en todo Irán mucho antes de que se promulgara el decreto. Muchos de los intermediarios actuales eluden por completo los canales nacionales, derivando a las madres subrogadas a países vecinos. En estos acuerdos transfronterizos, las madres subrogadas firman contratos que no son capaces de leer, reciben escasas indemnizaciones mensuales y se les separa del bebé inmediatamente después del nacimiento. Esto pone de manifiesto la profunda brecha entre la normativa y la realidad de un mercado clandestino en fuerte expansión.
Los anuncios en línea revelan un mercado floreciente, impulsado por las dinámicas demográficas y la desesperación económica. Las remuneraciones varían en función de la edad, el aspecto y las características físicas, como el color de los ojos, con salarios mensuales que oscilan entre los 30 millones de tomanes (poco más de 180 euros) y varios cientos de millones de tomanes. Los pagos finales, que se abonan en el momento del nacimiento, suelen oscilar entre 500 millones de tomanes (casi 6.000 euros) y varios miles de millones de tomanes. Las estructuras tarifarias basadas en la edad favorecen a las mujeres más jóvenes: las madres subrogadas nacidas en los años 80 (generación millennial) reciben una suma global de 600 millones de tomanes, además de una remuneración mensual de ocho millones de tomanes. Las nacidas en los años 90 (Generación Z) reciben 700 millones de tomanes, con una remuneración mensual de 15 millones de tomanes. Por último, las nacidas en la década de 2000 obtienen hasta 850 millones de tomanes y una remuneración mensual de 17 millones de tomanes. Un modelo de tarificación paralelo regula la donación de ovocitos: las donantes nacidas en 1992 reciben unos 43 millones de tomanes al mes por cuatro ovocitos, mientras que las menores de 30 años reciben hasta 50 millones de tomanes. Los anuncios publicitarios centrados en el aspecto físico y en la extracción de grandes cantidades (por ejemplo, 40 ovocitos) indican remuneraciones mensuales que alcanzan los 70 millones de tomanes, aunque la remuneración final depende de los exámenes médicos y los resultados ecográficos.
Economía de la desesperación
Las mujeres que participan en la gestación subrogada suelen denunciar una violación sistemática de los derechos humanos. Además del trauma emocional que supone la ruptura de los lazos con el hijo biológico, en las partidas de nacimiento solo figuran los nombres de los padres intencionales, omitiendo a la madre subrogada o a la donante de óvulos. El decreto exige que las pólizas de seguro médico básico cubran los tratamientos de infertilidad, los protocolos de donación y la congelación de gametos al menos una vez al año. Sin embargo, los críticos temen que los gastos en rápido aumento relacionados con los laboratorios, los medicamentos y las intervenciones quirúrgicas en las clínicas especializadas de Nivel 3 superen las asignaciones del presupuesto estatal, lo que obligaría a los pacientes a asumir costes insostenibles. Además, limitar estos procedimientos a centros ya consolidados con requisitos estrictos corre el riesgo de crear graves monopolios, cuellos de botella administrativos y profundas desigualdades regionales fuera de los principales núcleos metropolitanos.
En esencia, la legalización «estatal» de la gestación subrogada refleja una «economía de la desesperación» de mujeres procedentes casi exclusivamente de clases vulnerables y con bajos ingresos que «alquilan» su cuerpo. Mientras que los futuros padres consideran las compensaciones como un gasto en «atención médica», las madres subrogadas dependen de esos fondos para saldar deudas, financiar la educación o pagar el alquiler. Desde el punto de vista médico, los protocolos conllevan graves consecuencias biológicas relacionadas con el uso prolongado o las dosis elevadas de estrógenos [Estrofem], lo que supone graves riesgos para la salud, entre ellos coágulos sanguíneos y complicaciones pulmonares. Los médicos subrayan que estos cambios hormonales, agravados por un fuerte estrés psicológico, suponen una carga enorme para las mujeres. En definitiva, la comercialización de la reproducción pone de manifiesto un círculo vicioso socioeconómico: la pobreza de las clases más desfavorecidas se convierte en un recurso explotado por los ricos, lo que agrava las desigualdades sistémicas que los decretos administrativos no pueden ni resolver ni ocultar.



















