Beirut (AsiaNews). El Líbano conmemora hoy, 4 de agosto, el sexto aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut, provocada por un cargamento de varios miles de toneladas de nitrato de amonio, un fertilizante que puede volverse altamente explosivo y que se encontraba almacenado sin ningún tipo de control desde 2013 en el almacén n.º 12. Al caer la tarde, coincidiendo con la hora en que se produjo la explosión (las 18.07, hora local), se llevarán a cabo dos desfiles y una concentración en el lugar de la tragedia. La explosión arrasó un amplio sector de la capital y los silos de cereales del puerto, dejó 235 muertos —en su mayoría libaneses—, más de 6.000 heridos y destruyó 77.000 viviendas. Sin embargo, seis años después, se sigue ocultando la verdad sobre uno de los desastres no nucleares más devastadores de la historia contemporánea.
La tragedia fue, ante todo, consecuencia de un pacto de silencio dentro de las instituciones que estaban en el poder en aquel momento. Las personas que formaban parte del mismo, pertenecientes a distintos niveles administrativos y políticos, estaban al corriente de la situación anómala en el puerto, pero guardaban silencio por complicidad, negligencia o cobardía. Los habitantes de Beirut, todavía marcados por el dolor, recuerdan las palabras del entonces presidente de la República, Michel Aoun: "Era demasiado tarde". El exmandatario admitió que había sido advertido de la presencia de las bolsas de nitrato de amonio varios días antes de la tragedia, pero no creyó que le correspondiera intervenir. No menos desconcertantes fueron las declaraciones del entonces primer ministro, Hassane Diab, quien aseguró que alguien lo había disuadido de realizar una inspección en el almacén donde se guardaba el material, aunque nunca reveló la identidad de esa persona.
Aoun y el acta de acusación
En vísperas de este doloroso aniversario, el presidente Joseph Aoun exhortó al poder judicial a "demostrar su independencia y su capacidad para hacer justicia a las víctimas" haciendo pública el acta de acusación. A su juicio, se trata de "una necesidad que ya no admite más demoras". Sin embargo, fue necesario esperar que llegara al poder el actual presidente, en enero de 2025, así como la evolución del contexto político para que la situación comenzara a desbloquearse. Y ahora, seis años después de la catástrofe, la causa ha entrado en su fase final.
A finales de marzo, tras concluir la instrucción, el juez Tarek Bitar remitió sus conclusiones a la Fiscalía General ante el Tribunal de Casación, para que el fiscal presente su dictamen, un paso obligatorio antes de la publicación del acta de acusación. El grupo de familiares de las víctimas considera que el juez Mohammad Saab, a quien el fiscal general Ramy Hage designó para examinar el voluminoso expediente, está demorando la conclusión de su trabajo. Sin embargo, fuentes judiciales citadas por la prensa aseguran que, según el ministro de Justicia, Adel Nassar, Saab "trabaja día y noche" y podría concluir su tarea "en dos o tres meses".
El doctor Nazih el-Adem, padre de Kristel, una de las víctimas de la explosión, se muestra escéptico "hasta que se demuestre lo contrario". "La justicia y el ejército están infiltrados", afirma. "Ya no se puede esperar nada de ese lado. Al crimen del silencio (sobre la presencia de nitrato de amonio en el puerto de Beirut) se suma el crimen mismo de la explosión y un tercer crimen: la impunidad", acusa. Para Cécile Roukoz, que perdió a su hermano Joseph, empleado de la empresa de transporte marítimo CMA-CGM, "rendirse es impensable". "Hemos borrado la palabra esperanza de nuestro vocabulario —afirma—, pero seguimos decididos a actuar para obtener justicia".
Ese espíritu de determinación queda matizado por un joven abogado de Beirut que habla con AsiaNews bajo condición de anonimato. "El caso está politizado —afirma—. No creo que, en las circunstancias actuales, sea posible separar la justicia de la política. Una sentencia verdaderamente justa supondría una derrota estrepitosa para una de las fuerzas políticas. Por eso —concluye— se hará todo lo posible para impedirla". Cabe recordar, además, que el Colegio de Abogados de Beirut creó un comité para supervisar el desarrollo judicial de este caso, especialmente en lo que respecta a las compañías de seguros que deben esperar el veredicto para indemnizar a las víctimas.
Amal bajo sospecha
Sospechoso de negligencia y de una posible responsabilidad en el caso, el diputado Ali Hassan Khalil, número dos del movimiento Amal —cuyo líder es el presidente del Parlamento, Nabih Berri—, fue citado por el juez de instrucción Tarek Bitar, pero se negó a comparecer. En su contra se emitió una orden de arresto en rebeldía que la policía judicial nunca ejecutó. Según el investigador Ramzi Kaïs, de Human Rights Watch (HRW), los exministros Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaïter y Youssef Fenianos, así como el excomandante en jefe del ejército Jean Kahwaji, habían sido informados de que en un almacén sin ventilación se guardaban grandes cantidades de nitrato de amonio. El investigador señaló que fueron precisamente estos funcionarios quienes no adoptaron las medidas necesarias para poner el material a resguardo. "Sabían que existía el riesgo de que hubiera víctimas mortales y aun así lo aceptaron", resumió.
Durante años, Tarek Bitar tuvo que hacer frente a una avalancha de recursos judiciales —muchos de ellos abusivos— e invocaciones de inmunidad que entorpecían la investigación. También se enfrentó a maniobras dilatorias de políticos experimentados y a una Fiscalía que, según numerosos observadores, actuó más como adversaria que como aliada de la justicia. Pese a todos esos obstáculos, el magistrado siguió adelante. Además, también fue objeto de amenazas e intimidaciones, especialmente en septiembre de 2021, cuando Wafic Safa, un dirigente de Hezbolá, lo amenazó dentro del mismo Palacio de Justicia de Beirut.
Después de más de cinco años de investigaciones, el magistrado logró finalmente concluir la instrucción y ahora se propone abrir el camino para que comience el juicio con un acta de acusación formal que pretende ser rigurosa y sólidamente documentada. El proceso quedará en manos de la Corte de Justicia, presidida por el primer presidente del Tribunal de Casación y presidente del Consejo Superior de la Magistratura, Souheil Abboud. Respecto a la identidad del verdadero destinatario del nitrato de amonio, las sospechas apuntan al régimen sirio de Bashar al-Assad y a Hezbollah como intermediario. El dictador, derrocado entre noviembre y diciembre de 2024, está acusado de haber eludido las sanciones estadounidenses impuestas a su país importando el nitrato para fabricar los barriles explosivos que hacía lanzar desde aviones sobre las poblaciones afines a la oposición.
Zonas de sombra
En este caso sigue habiendo varias zonas de sombra que el acta de acusación debería ayudar a esclarecer, entre ellas muchas muertes violentas que nunca fueron aclaradas. Joseph Skaff, funcionario de Aduanas, fue el primero que denunció en 2014 la presencia de nitrato de amonio en el puerto. Murió en 2017 en circunstancias sospechosas. Su colega Mounir Abou Rjeily fue asesinado a finales de 2020, al igual que Joe Bejjani, un fotógrafo aficionado que presuntamente había tomado imágenes del lugar donde se almacenaba el material. El caso más reciente es el del analista e historiador Lokman Slim, opositor a Hezbollah, que se había atrevido a acusar públicamente al régimen sirio y a su aliado Hezbolá de ser responsables de la explosión en declaraciones a un canal de televisión árabe.
Otras incógnitas se refieren al tortuoso recorrido y a las maniobras que permitieron que un cargamento de nitrato de amonio producido en Georgia y supuestamente destinado a una fábrica de explosivos para minería en Mozambique terminara en el Líbano. También sigue planteando interrogantes el incendio que se declaró en el almacén donde se guardaba el nitrato y que, según algunas hipótesis, fue provocado por trabajos de soldadura que prendieron fuego a un depósito cercano de fuegos artificiales almacenados ilegalmente. Por el momento, la principal hipótesis sigue siendo la de un accidente. En cambio, la posibilidad de un ataque israelí, objeto de numerosas especulaciones, quedó descartada por un peritaje de la gendarmería científica francesa, que analizó muestras tomadas del cráter abierto por la explosión y confirmó la ausencia de componentes militares o de residuos explosivos atribuibles a un misil.
Armas de Hezbolá en Beirut
Hace pocos días, la opinión pública relacionó instintivamente la explosión en el puerto con el hallazgo fortuito que realizó el ejército libanés, la noche del 29 al 30 de julio, de un importante arsenal de Hezbolá en la capital. El descubrimiento se produjo en un momento en que el Líbano afronta crecientes presiones de Israel y de Estados Unidos para acelerar el desarme del grupo respaldado por Irán, en el marco de las negociaciones directas entre Beirut y Tel Aviv, cuya próxima ronda está prevista en Roma entre hoy y el 6 de agosto. El hallazgo, en la casa de un reparador de neumáticos, se produjo además tres meses después de que el Consejo de Ministros decidiera "extender el control del Estado" sobre la capital y "garantizar allí el monopolio de las armas", en respuesta a la masacre israelí del 8 de abril.
Según una fuente judicial citada por L'Orient-Le Jour (LOJ), se trataba de armas y municiones destinadas a "enfrentamientos callejeros", más que de un arsenal apto para una operación de gran envergadura. También se incautaron banderas de Hezbolá, un mapa del barrio de Ras el-Nabeh y varios walkie-talkies. "Hay escondites de Hezbollah por todas partes", comenta la cajera de una tienda de productos gastronómicos de Beirut. "Han acumulado armas durante años. Nadie se atrevía a hacer preguntas. Los camiones con remolques cubiertos por lonas pasaban delante de nosotros y nadie se atrevía a preguntar qué transportaban. Este país está lleno de escondites y ni siquiera estamos cerca de descubrirlos todos", afirma con evidente exasperación. El comentario refleja la percepción de gran parte de la población, que sigue dudando de que la hegemonía de Hezbolá en las instituciones haya llegado realmente a su fin.
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