Jerusalén (AsiaNews). El sistema público de salud palestino se encuentra en una situación crítica y al borde del colapso, advierte un estudio de expertos de Physicians for Human Rights Israel (PHRI), publicado ayer, en el que alerta sobre la situación de los centros médicos y asistenciales de la Cisjordania ocupada. Las cifras son elocuentes: 447 de los 590 centros que forman la red de servicios del Ministerio de Salud han reducido drásticamente su funcionamiento y actividad; la deuda supera los 1.180 millones de dólares y cientos de medicamentos esenciales se han agotado o están a punto de agotarse.
Según los expertos, detrás de esta grave situación se encuentra la decisión de Israel —que se ha intensificado en los últimos meses— de retener las "clearance revenues", los ingresos fiscales y aduaneros que Israel recauda en nombre de la AP sobre los bienes y productos importados a los territorios palestinos a través de pasos fronterizos o puertos bajo su control. Estos recursos representan aproximadamente dos tercios (entre el 65 % y el 70 %) del presupuesto público palestino y se utilizan para pagar los salarios de los empleados públicos y financiar servicios esenciales. La suspensión continuada de estas transferencias "socava gravemente la capacidad de la AP para financiar los servicios de salud esenciales".
Según las cifras del informe, remitido a AsiaNews, al menos 447 de los 590 centros del Ministerio de Salud palestino que funcionan en el territorio han reducido drásticamente su actividad y ahora solo funcionan una o dos veces por semana. En 2025, solo el 63 % de los centros de atención primaria de salud estaban parcialmente operativos y muchos de ellos solo atendían a los pacientes un día a la semana, frente a los seis días de actividad antes de octubre de 2023.
El Ministerio de Salud acumula además una deuda de más de 1.180 millones de dólares con hospitales privados y proveedores farmacéuticos. De los aproximadamente 1.260 medicamentos esenciales que normalmente se mantienen en stock, 160 se han agotado, las reservas de unos 600 solo alcanzan para unos pocos días y unos 250 están disponibles en cantidades limitadas. Los pacientes con cáncer, enfermedades renales, diabetes y otras patologías crónicas tienen cada vez más dificultades para acceder a los tratamientos esenciales.
Los trabajadores de la salud también reciben solo una parte de sus salarios, a menudo con retrasos considerables. El 9 de mayo pasado, recuerda el estudio, los médicos palestinos iniciaron una huelga indefinida para protestar por los salarios impagos. La huelga provocó el cierre de los centros de atención primaria del Ministerio de Salud y limitó los servicios de los hospitales públicos principalmente a las urgencias y a los tratamientos que salvan vidas. Aunque la Asociación Médica Palestina anunció un mes después el levantamiento gradual de la huelga, hasta el momento el personal sigue trabajando a capacidad reducida. También persisten los problemas relacionados con la escasez de medicamentos, los salarios impagos y las limitaciones de la actividad.
PHRI identifica la retención por parte de Israel de los ingresos palestinos procedentes de los derechos de aduana como uno de los principales factores de la crisis. Se trata de ingresos fiscales de la AP que Israel recauda en virtud del Protocolo de París de 1994 y que constituyen una de las principales fuentes de financiación de los servicios públicos de la Autoridad. Según el Banco Mundial, desde octubre de 2023 las retenciones mensuales de Israel han aumentado de unos 200 millones de NIS (nuevos séqueles israelíes, más de 57 millones de euros) a 500 millones de NIS (más de 144 millones de euros), reduciendo a menos de la mitad los ingresos transferidos. Solo entre febrero de 2019 y julio de 2024, Israel retuvo 3.540 millones de NIS (algo más de 1.000 millones de euros), equivalentes a aproximadamente el 5 % del PIB palestino de 2023. En junio de 2026, Israel amplió aún más el mecanismo, permitiendo retenciones superiores al 100 % de determinados pagos de la Autoridad Palestina, frente a la retención anterior, equivalente al 100 %.
El informe señala que la crisis financiera se desarrolla paralelamente a la intensificación de las operaciones militares, los cierres y las restricciones a la circulación en toda Cisjordania, lo que debilita aún más los servicios de salud y limita la posibilidad de los pacientes de acceder a ellos. Milena Ansari, directora del departamento para los Territorios Palestinos Ocupados de PHRI y autora del estudio, afirmó: "Israel está reteniendo los ingresos palestinos mientras el sistema de salud que sostienen esos ingresos se está derrumbando. Las consecuencias —añade— ya son visibles: las clínicas están cerrando, los médicos trabajan sin recibir el salario completo, los medicamentos esenciales se están agotando y a los pacientes se les niega la atención que necesitan". Cuando ministros israelíes de alto nivel reclaman abiertamente la caída y el desmantelamiento de la Autoridad Palestina, la retención continua de los ingresos palestinos no puede considerarse una simple disputa financiera de carácter técnico. Este tema, advierte Ansari, ya forma parte de una política más amplia, con consecuencias directas para la población civil.
"Israel no puede controlar los ingresos, las fronteras, la libertad de movimiento y el acceso de los palestinos a los recursos y, al mismo tiempo, negar su responsabilidad por la crisis sanitaria que sus políticas están contribuyendo a provocar. Los ingresos retenidos —concluye la experta— deben transferirse de inmediato y la comunidad internacional debe reconocer el colapso del sistema de salud en Cisjordania por lo que es: una emergencia de salud pública". Por eso los miembros de Physicians for Human Rights Israel reclaman la transferencia inmediata de los ingresos palestinos congelados y una intervención internacional urgente para evitar un mayor deterioro del sistema de salud palestino, ya al borde del colapso.
