Oslo (AsiaNews). Un reconocimiento al derecho internacional en un momento en que sus instituciones se ven sometidas a crecientes presiones políticas. El Nobel de la Paz 2026 ha sido otorgado a Navanethem "Navi" Pillay, jurista sudafricana de 85 años, por su compromiso con la justicia internacional. Al anunciar el premio, el Comité Noruego denunció la creciente tendencia a dar prioridad a la política de poder en detrimento de las normas jurídicas. "Cuando la fuerza prevalece sobre el derecho, se socavan la estabilidad, la confianza y la convivencia pacífica", recordó el Comité, que destacó el papel de las instituciones internacionales a la hora de perseguir a los responsables de crímenes de guerra y garantizar justicia a las víctimas.
Nacida en Durban el 23 de septiembre de 1941 en una familia de origen indio tamil, Pillay creció en la Sudáfrica del apartheid, en condiciones de pobreza y discriminación. Su abuelo había sido llevado a Sudáfrica para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar durante el período colonial británico y quedó mutilado de ambos brazos en un accidente laboral. Su padre trabajaba como conductor de autobús. En diversas entrevistas, Pillay ha contado cómo su infancia durante el apartheid la llevó a profundizar en el derecho internacional. Cuando tenía seis años, sus padres le explicaron que no podía jugar en algunos parques ni ir a ciertas playas porque estaban reservados para los blancos. "Pero ¿qué clase de ley es esta? ¡No es justo!", se había dicho. "Tenía cuatro títulos académicos, pero me trataban como basura solo por el color de mi piel", declaró el año pasado.
En 1967 fue la primera mujer que abrió un estudio jurídico en la provincia de Natal. Como abogada, defendió a opositores al apartheid y a varios presos políticos, y contribuyó a denunciar torturas y violaciones de derechos humanos fundamentales. En 1995, tras el fin del régimen segregacionista, fue la primera mujer no blanca que ocupó el cargo de jueza de la Corte Suprema de Sudáfrica.
Su experiencia personal contribuyó a consolidar una convicción que la acompañaría a lo largo de toda su carrera: la justicia no puede depender de la identidad de las víctimas ni de la fuerza de quienes ostentan el poder. "No pensaba que el apartheid fuera acabar durante mi vida", contó también, recordando el papel que desempeñó la solidaridad internacional en aquella época. "Recibimos el apoyo colectivo de personas de todo el mundo".
En 1995, por recomendación de Nelson Mandela, Pillay fue nombrada jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar a los responsables del genocidio de 1994.Asumió la presidencia en 1999, cargo que ocupó hasta 2003. Entre sus contribuciones más importantes se destaca su participación en el caso Akayesu, que llevó por primera vez a un tribunal internacional a reconocer que la violación puede constituir un acto de genocidio. En 1992, Pillay también había colaborado en la fundación de Equality Now, una organización internacional dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres.
Tras su experiencia en Ruanda, Pillay pasó a integrar la Corte Penal Internacional, donde permaneció hasta 2008. Ese mismo año fue nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que desempeñó hasta 2014.
En los últimos años, su nombre ha estado vinculado al trabajo de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados e Israel, de la que fue presidenta. En septiembre de 2025, la Comisión —creada en 2021— concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza y determinó que existía la intención específica de destruir, total o parcialmente, a la población de Gaza como grupo. El informe también atribuyó la responsabilidad a las máximas autoridades israelíes y acusó a varios dirigentes políticos de incitación al genocidio. Durante su mandato, Pillay también insistió en la necesidad de someter a juicio los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos, incluidos los ataques contra civiles israelíes y la toma de rehenes.
Israel rechazó enérgicamente las conclusiones, pero Pillay defendió el trabajo de la Comisión y señaló que las investigaciones habían durado más de dos años. En una entrevista de noviembre de 2025, recordó que "la prohibición del genocidio es absoluta", independientemente de que se haya ratificado o no la Convención Internacional sobre el Genocidio. Además, "cuando surgen indicios claros y pruebas de genocidio, no actuar para detenerlo equivale a complicidad", añadió la jurista. Para Pillay, la falta de intervención de la comunidad internacional plantea una cuestión de responsabilidad que no puede resolverse con simples declaraciones políticas.
Por su experiencia, Gambia también eligió a Pillay como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el juicio en el que Myanmar está acusado de genocidio contra los rohinyás, una minoría étnica mayoritariamente musulmana que se vio obligada a huir masivamente del país en 2017. Las audiencias concluyeron en enero de 2026 y ahora se espera la decisión de la Corte.
