Phnom Penh (AsiaNews) - Decenas de periodistas fueron invitados a realizar un recorrido por Camboya para conocer algunos centros de estafas que las autoridades han clausurado y transformado en una especie de museos del crimen. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno camboyano por mejorar su imagen internacional en vísperas de la International Conference on Combating Online Scams, que se celebrará en Phnom Penh los días 23 y 24 de septiembre con la participación de unos veinte países, entre ellos Estados Unidos y China. En los últimos años, ambos han aumentado la presión sobre los países del sudeste asiático para poner fin al fenómeno de los scam centers, en los que están involucradas cientos de miles de personas, a menudo víctimas de trata y obligadas a realizar operaciones de phishing en línea. Sin embargo, resultan cada vez más evidentes los vínculos con otras actividades criminales que proliferan en la región.
Los 79 periodistas de distintos medios internacionales fueron llevados a Bavet y Prey Veng y refirieron que habían visto cabinas telefónicas insonorizadas y billetes falsos de 100 dólares esparcidos por el suelo, así como frases motivacionales en chino escritas en las paredes, del tipo: "Da lo mejor de ti", "Hazte rico de la noche a la mañana". Dentro del complejo, que según las autoridades camboyanas llegó a albergar a cerca de 20.000 personas, había incluso una falsa comisaría de policía, que se utilizaba para dar mayor credibilidad a las estafas mediante videollamadas. "Los delincuentes se hacían pasar por funcionarios de los países a los que querían atacar", explicaron las autoridades camboyanas durante la visita. "Si su objetivo era China, se hacían pasar por autoridades chinas; si era Vietnam, se hacían pasar por funcionarios vietnamitas. Aunque tenían su base en Camboya, sus operaciones se extendían internacionalmente a través de filiales asociadas".
El mensaje es claro: Camboya quiere mostrar que está comprometida con la lucha contra una industria criminal que en los últimos años ha convertido al país, junto con Myanmar, Laos, Vietnam y Tailandia, en uno de los principales centros regionales de estafas en línea. Hay Makara, funcionario de la comisión camboyana contra el fraude, declaró ayer a la prensa que las autoridades han cerrado 663 sitios, de los cuales 86 eran grandes complejos, y han congelado más de 300 millones de dólares en cuentas vinculadas con las estafas. El gobierno también afirma que ha detenido a casi 30.000 personas y expulsado del país a otras tantas. Otras 210.000 personas habrían abandonado voluntariamente Camboya tras la intensificación de los controles.
Sin embargo, las afirmaciones del gobierno camboyano no encuentran plena confirmación en las investigaciones independientes. Por el contrario, estas han puesto de manifiesto los vínculos entre la proliferación de los scam centers y una red de empresas financieras, casinos e inmuebles de distintos tipos que, a su vez, están vinculados con la élite política y económica de Camboya.
En junio, Amnesty International ya había puesto en duda el alcance de la campaña del gobierno camboyano en 2025. De los 86 complejos identificados por la organización, solo en 24 se encontraron pruebas de una intervención del Estado; en otros siete se habían documentado fugas o liberaciones masivas. La organización también comprobó que algunas operaciones se vieron comprometidas por la connivencia entre los administradores de los complejos y la policía. Pero, sobre todo, ninguna de las 73 personas supervivientes entrevistadas por Amnistía había sido identificada por las autoridades como víctima de trata. Por el contrario, se documentaron casos de extranjeros que, cuando pudieron escapar o fueron liberados, quedaron sin asistencia, en la calle o en centros para inmigrantes, mientras que otras víctimas fueron trasladadas nuevamente a otros centros para evitar controles más exhaustivos.
El informe del Departamento de Estado estadounidense sobre la trata de personas en Camboya había documentado un panorama similar en 2024. El informe acusaba a altos funcionarios, familiares de funcionarios gubernamentales y empresarios conocidos de estar involucrados o beneficiarse de las actividades de los centros de estafa, incluso a través de la propiedad de edificios e instalaciones utilizados por las redes criminales. Señalaba además que algunos complejos recibían información anticipada sobre las redadas o que la policía local debía obtener autorización de funcionarios de alto nivel antes de intervenir, lo que daba tiempo suficiente a los operadores para trasladar a las personas y las actividades.
Más recientemente, una investigación de Reuters publicada en julio reconstruyó las relaciones comerciales entre el grupo camboyano Lim Heng y varios edificios situados a pocos metros del Royal Hill Resort and Casino, en O'Smach, cerca de la frontera con Tailandia. Los inmuebles, alquilados por el grupo en marzo de 2024 a un ciudadano chino, eran utilizados para operaciones ilícitas a gran escala y albergaban víctimas de trata. También en este caso, algunas habitaciones habían sido transformadas en falsas comisarías de policía y sucursales bancarias extranjeras que se utilizaban como escenografía durante las videollamadas.
Reuters especifica que no encontró pruebas de que Lim Heng Group estuviera directamente involucrado en las estafas o en la trata de personas. Sin embargo, la investigación pone de manifiesto hasta qué punto es difícil separar la economía de los scam centers del entramado empresarial y político camboyano. Lim Heng ha sido fotografiado en actos públicos junto a destacados generales camboyanos y ha recibido un título nobiliario del rey. Según Reuters, también donó 20.000 dólares a las fuerzas armadas camboyanas en 2025.
Este no es un caso aislado; los vínculos entre la industria de las estafas y la élite en el poder están documentados desde hace tiempo. El senador y empresario camboyano Ly Yong Phat, por ejemplo, fue objeto de sanciones de Estados Unidos en septiembre de 2024 por su participación en presuntas violaciones graves de los derechos humanos. Entre las propiedades vinculadas a sus actividades se encontraba el O'Smach Resort, en la misma zona fronteriza donde estaba el complejo del Royal Hill.
En 2025, Washington designó al Prince Group como organización criminal transnacional. Se trata de un conglomerado con sede en Camboya dirigido por Chen Zhi, a quien Estados Unidos acusa de haber construido un imperio basado en la gestión de scam centers, la trata de personas y el lavado de dinero. Chen Zhi fue detenido y extraditado a China en enero de este año, después de que las autoridades camboyanas le revocaran la ciudadanía en diciembre de 2025. En esos mismos días, China ejecutó las condenas a muerte de 11 miembros de organizaciones criminales que operaban en el norte de Myanmar. Nacido en China, Chen Zhi había adquirido la ciudadanía camboyana y con los años había establecido vínculos con el establishment del país, llegando incluso a desempeñarse como asesor del primer ministro Hun Manet y, anteriormente, de su padre, Hun Sen, quien, en la práctica, sigue siendo quien dirige las políticas de Camboya.
Siguiendo este hilo se llega hasta las más altas esferas del gobierno. Por eso, el 15 de septiembre, los diputados estadounidenses Brian Mast y John Moolenaar pidieron a los departamentos de Estado y del Tesoro que investigaran a varias decenas de personas y evaluaran la eventual imposición de sanciones por posibles vínculos con los centros de estafa. En la lista figuran altos funcionarios del gobierno camboyano, entre ellos el viceprimer ministro y exjefe de la policía, Neth Savoeun, y el ministro del Interior, Sar Sokha. Según las estimaciones elaboradas por Washington, las organizaciones criminales transnacionales del sudeste asiático estafaron a ciudadanos estadounidenses por cerca de 18.200 millones de dólares a través de internet solo en 2025.
Ahora Neth Savoeun ha sido invitado a clausurar la conferencia de Phnom Penh. Y mientras el gobierno presenta los complejos desmantelados como prueba del éxito de la represión, sigue abierta sobre todo la cuestión de las víctimas. Las personas que fueron liberadas o que escaparon de los centros fueron atraídas a Camboya con falsas ofertas de trabajo y luego obligadas, bajo amenazas y violencia, a estafar a otras. Amnesty International ha documentado casos de tortura, violación, trabajo forzado y otras formas de abuso, y ha denunciado la falta de identificación de numerosas víctimas.
Las operaciones de desmantelamiento llevadas a cabo hasta el momento han demostrado que cerrar físicamente un complejo no afecta en realidad a la expansión de las estafas en línea. Los propios funcionarios camboyanos han admitido que los grupos criminales se adaptan y se trasladan de las grandes instalaciones a casas y habitaciones alquiladas, hoteles e incluso automóviles.
En la conferencia, Phnom Penh probablemente reiterará que está cerca de resolver el problema. Pero desde hace años las organizaciones de derechos humanos explican lo que realmente sería necesario hacer para combatir los scam centers: llegar hasta los propietarios, los financiadores y los funcionarios que permiten que estas redes sigan operando, protegiendo al mismo tiempo a las personas que han sido víctimas de trata en vez de tratarlas como simples inmigrantes irregulares o delincuentes.
