Yakarta: eliminan la disposición contra el enriquecimiento ilícito

La norma suprimida por la Cámara habría permitido incautar los bienes de funcionarios públicos cuyo patrimonio fuera desproporcionado respecto de sus ingresos. Indonesia Corruption Watch (ICW) advierte que la lucha contra la corrupción queda debilitada. Se podrá apelar ante la Corte Constitucional, mientras que los diputados invocan "la protección de los derechos humanos".

por Mathias Hariyadi

Yakarta (AsiaNews) - La Cámara de Representantes de Indonesia (DPR RI) ha sido objeto de críticas de los activistas anticorrupción por haber eliminado de la ley de confiscación de bienes una disposición fundamental cuyo propósito era combatir la acumulación de bienes de origen injustificado. Según los informes, los parlamentarios aprobaron la ley la noche del jueves 19 de noviembre.

La controvertida disposición, conocida como "enriquecimiento ilícito", habría permitido a las autoridades decomisar los bienes de funcionarios públicos cuyo patrimonio fuera desproporcionado respecto de sus ingresos legítimos y cuyo origen no pudiera justificarse legalmente. Indonesia Corruption Watch (ICW) y una coalición de organizaciones de la sociedad civil protestaron contra la eliminación, afirmando que debilita considerablemente la capacidad de la legislación para combatir la corrupción.

Ibrahim, responsable del departamento legal y de investigaciones de ICW, calificó esta omisión como un retroceso en los esfuerzos de Indonesia para combatir la corrupción. "La exclusión del enriquecimiento ilícito aleja aún más a Indonesia del artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que recomienda a los países considerar la posibilidad de tipificar como delito los incrementos significativos del patrimonio de los funcionarios públicos que no puedan justificarse razonablemente con sus ingresos legítimos", afirmó.

Se elimina una disposición clave contra la corrupción

La disposición estaba incluida en el borrador original del proyecto de ley de confiscación de bienes, presentado por el gobierno en 2023. El artículo 5, apartado 2, habría permitido a las autoridades incautar bienes que no guardaran proporción con los ingresos legítimos de una persona y cuyo origen legal no pudiera acreditarse. La información financiera, incluidas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, las declaraciones anuales de impuestos y otros documentos fiscales, habría servido como referencia para identificar patrimonios sospechosos.

Sin embargo, la disposición fue eliminada posteriormente del proyecto y, según los informes sobre las deliberaciones del viernes, no se incluyó en la versión definitiva de la ley. La decisión generó preocupación ante la posibilidad de que los funcionarios que acumulen patrimonios considerables de origen injustificado puedan eludir el decomiso de sus bienes, a menos que las autoridades logren establecer un vínculo entre estos y actividades delictivas específicas.

Los parlamentarios invocan la protección de los derechos humanos

El presidente de la Comisión III de la Cámara, Habiburokhman, del partido Gerindra del presidente Prabowo Subianto, defendió la eliminación de la disposición con dos argumentos.

En primer lugar, sostuvo que exigir a los funcionarios públicos que demuestren el origen legítimo de su patrimonio podría vulnerar los principios de los derechos humanos, porque trasladaría la carga de la prueba del Estado a las personas sospechosas de haber cometido delitos. En segundo lugar, afirmó que la ley de confiscación de bienes estaba destinada a establecer mecanismos procesales para decomisar bienes de origen ilícito, y no a introducir nuevos delitos.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Sufmi Dasco Ahmad, también defendió la decisión cuando fue consultado el viernes por ciudadanos de Pati, en la provincia de Java Central. Según los informes sobre el intercambio, Dasco afirmó que la disposición había sido excluida porque países como Estados Unidos y el Reino Unido no aplican el mismo enfoque, mientras que medidas similares adoptadas en otros contextos habían dado lugar a objeciones por su inconstitucionalidad.

Organizaciones anticorrupción: se debilita la aplicación de la ley

Para ICW y otras organizaciones de la sociedad civil, esta eliminación constituye un importante retroceso en los esfuerzos de Indonesia para combatir la corrupción. Sostienen que las disposiciones sobre el enriquecimiento de origen injustificado son especialmente importantes en los casos que involucran complejas tramas de corrupción, en las que los funcionarios pueden ocultar el origen de los bienes ilícitos mediante intermediarios, operaciones financieras complejas u otros mecanismos.

Sin un instrumento de este tipo, los investigadores podrían tener mayores dificultades para recuperar patrimonios sospechosos cuando no consiguieran establecer su vínculo con un delito específico. Los críticos advierten que esto podría abrir una vía de escape para los funcionarios corruptos que hayan acumulado fortunas muy superiores a sus salarios declarados, pero hayan conseguido ocultar las pruebas de sus actividades ilícitas.

ICW y la Asset Forfeiture Advocacy Coalition presentaron una denuncia ante el Consejo de Ética de la Cámara (MKD) contra la presidenta de la Cámara de Representantes (DPR), Puan Maharani, y el presidente de la Comisión III, Habiburokhman. La denuncia sostiene que el Parlamento incurrió en irregularidades éticas al no hacer público el proyecto de ley durante las deliberaciones.

ICW afirmó que no había podido acceder al borrador antes de su aprobación, lo que privó de hecho a la sociedad civil de la posibilidad de examinar y cuestionar la eliminación de disposiciones fundamentales. Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión III, Dede Indra Permana Soediro, rechazó las acusaciones de que el proceso legislativo se hubiera desarrollado a puertas cerradas. Sostuvo que el Parlamento había celebrado al menos 87 audiencias públicas y consultas, y que también había recogido las contribuciones de comunidades de todo el país. ICW declaró que está evaluando la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Constitucional de Indonesia contra la ley de decomiso de bienes, tanto por motivos procesales como de fondo.

Se mantienen vigentes las facultades para decomisar bienes

Pese a la polémica, la ley mantiene los mecanismos para decomisar bienes vinculados a delitos graves, como corrupción, tráfico de drogas, terrorismo, trata de personas y estafas financieras. También contempla el decomiso de bienes sin necesidad de una condena penal previa, un mecanismo jurídico que permite recuperar los beneficios obtenidos mediante actividades delictivas sin requerir una sentencia condenatoria, respetando las garantías legales aplicables.

Sin embargo, los críticos señalan que este mecanismo no equivale a una disposición sobre "enriquecimiento ilícito". Mientras que el decomiso sin condena se centra generalmente en los bienes vinculados a actividades delictivas, las disposiciones sobre enriquecimiento ilícito se refieren a incrementos sustanciales del patrimonio que no pueden justificarse razonablemente mediante ingresos legítimos.

Para los activistas anticorrupción, la cuestión no es si Indonesia debe contar con una ley de decomiso de bienes, sino si esta normativa proporciona instrumentos suficientemente eficaces para perseguir los patrimonios de origen injustificado acumulados por los funcionarios públicos.

La eliminación de la disposición sobre enriquecimiento ilícito, por tanto, ha dejado sin resolver una cuestión fundamental: ¿con qué eficacia puede Indonesia recuperar patrimonios sospechosos cuando los investigadores no pueden demostrar con precisión cómo fueron adquiridos?


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