Bangkok (AsiaNews) - Ha desaparecido en Tailandia poco antes de la entrevista para solicitar asilo ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Khieo Lapchanh, de 26 años, es un activista laosiano del que se perdió el rastro el 15 de septiembre. Según la Fundación Manushya, que el 18 de septiembre denunció su desaparición ante la policía, las cámaras de su vivienda muestran que Khieo no regresó a casa tras terminar su turno, alrededor de las 2 de la madrugada. Al día siguiente debía presentarse en las oficinas de la agencia de la ONU para los refugiados, pero nunca llegó. Su caso se suma al de otros activistas laosianos desaparecidos mientras esperaban ser reasentados u obtener algún tipo de protección internacional.
Khieo había llegado a Tailandia en 2019 y, desde finales del año pasado, había comenzado a publicar en Facebook vídeos críticos con el Gobierno de Laos. Su página de Facebook, Khiew Chennel, había alcanzado unos 159.000 seguidores. Entre sus objetivos se encontraba, en particular, la familia Siphandone, que lleva décadas controlando la política laosiana: el actual primer ministro es Sonexay Siphandone, hijo del expresidente Khamtay Siphandone, mientras que su hermana, Viengthong Siphandone, ocupa el cargo de vicepresidenta de Laos.
Según la Fundación Manushya, una organización dedicada a los derechos humanos en el sudeste asiático que lanzó un llamamiento para localizar al joven, Khieo había recibido amenazas de muerte y había sido víctima de campañas de intimidación en Internet. En las redes sociales se habían difundido sus datos personales y también habían circulado contenidos manipulados con inteligencia artificial que lo mostraban en escenas violentas. Khieo había reducido su actividad en las redes sociales después de que algunos funcionarios laosianos se presentaran en dos ocasiones en casa de su madre, según informó la fundación.
Otros disidentes han corrido una suerte similar en los últimos años. En agosto de 2019 desapareció en Bangkok Od Sayavong, miembro del grupo Free Lao, una red de disidentes y activistas que reclama reformas para superar el régimen comunista de partido único de Laos. Od Sayavong también estaba a la espera de ser reasentado en un tercer país. En mayo de 2023, el cadáver de Bounsuan Kitiyano, reconocido como refugiado por el ACNUR y también miembro de Free Lao, fue hallado sin vida en la provincia de Ubon Ratchathani, cerca de la frontera con Laos. El hombre presentaba tres heridas de bala y tenía previsto trasladarse a Australia. Hasta la fecha no se ha identificado a los responsables del asesinato.
Desde hace tiempo, Tailandia no demuestra ser un país seguro para los disidentes procedentes del resto de la región. Un informe de 2024 de Human Rights Watch sostiene que, desde 2014, se han documentado en Tailandia al menos 25 episodios de represión transnacional, que incluyen actos de violencia, secuestros y desapariciones forzadas. En algunos casos, los opositores políticos incluso han sido entregados a las autoridades de sus países de origen.
El marco jurídico tailandés también contribuye a que la situación de los solicitantes de asilo sea más vulnerable. Bangkok acepta la presencia de las oficinas del ACNUR, pero nunca se ha adherido a la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados, por lo que quienes solicitan asilo siguen siendo considerados inmigrantes irregulares y siguen expuestos al riesgo de ser repatriados. El mes pasado, el Gobierno tailandés introdujo una nueva normativa para agilizar y hacer más eficientes los procedimientos de expulsión de los extranjeros que infringen la ley.
En enero de 2022, Khoukham Keomanivong, otro miembro de Free Lao, fue detenido por haber superado la duración de su visado, a pesar de estar en posesión de una tarjeta del ACNUR que lo reconocía como refugiado. Su repatriación a Laos solo se evitó gracias a la intervención de algunas asociaciones de la sociedad civil.
Pero los disidentes laosianos también son perseguidos en otros países. Joseph Akaravong, refugiado político en Francia desde 2022, escapó el año pasado de un intento de asesinato tras recibir puñaladas en el pecho y la garganta.
El 23 de septiembre, ocho días después de la desaparición de Khieo, más de 130 expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas hicieron un apelo para reforzar las medidas contra las formas de persecución transnacional, al tiempo que pedían que se aceleraran los procedimientos de asilo, reasentamiento y concesión de visados humanitarios para las personas en situación de riesgo. En el documento, los expertos subrayan además el uso cada vez mayor de herramientas digitales —desde las redes sociales hasta el software de vigilancia y el malware— para atacar a los activistas incluso más allá de las fronteras nacionales.
Según algunos observadores, la represión del Gobierno comunista de Laos se ve favorecida por el recorte de los fondos para la cooperación internacional por parte de Estados Unidos. Con el fin de la financiación de la USAID, los refugios para activistas y defensores de los derechos humanos procedentes de Laos y Camboya, gestionados por la Fundación Manushya, se encuentran en una situación cada vez más difícil, ha advertido el presidente de la asociación. Según los mismos observadores, la reducción del apoyo por parte de Washington deja más margen a Pekín, principal fuente de inversiones y ayuda al desarrollo de Laos.
El país está gobernado desde 1975 por el Partido Popular Revolucionario de Laos. El primer caso conocido de un activista desaparecido es el de Sombath Somphone, que se remonta a 2012. Sin embargo, desde entonces se han documentado al menos diez asesinatos o intentos de asesinato contra opositores políticos en Laos.
El tema cobra especial relevancia en vísperas de una cita importante para este país del sudeste asiático, que el 24 de noviembre debería salir formalmente de la categoría de naciones menos desarrolladas de la ONU. Sin embargo, varios activistas laosianos en el exilio reclaman que el reconocimiento de los avances económicos vaya acompañado de una mayor atención a las libertades civiles y a la situación de los derechos humanos en el país. Se teme que la celebración del crecimiento económico acabe eclipsando las persistentes restricciones a las libertades políticas.
