Kuala Lumpur (AsiaNews) - Veinte años después del asesinato de la ciudadana mongola Altantuya Shaariibuu, el caso sigue pesando sobre la vida política de Malasia. Esta vez reclama respuestas no solo la familia de la víctima, sino también el gobierno de Ulán Bator, que ha decidido intervenir por vía diplomática para solicitar nuevas aclaraciones y explicaciones sobre las cuestiones judiciales que siguen pendientes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Mongolia presentó una nota diplomática a las autoridades malasias el 10 de noviembre, que fue entregada a los embajadores del país en Bangkok y Beijing. Zandanshatar Gombojav, ex primer ministro y enviado especial de Mongolia para el caso, informó de ello el 12 de noviembre en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur.
El caso
Altantuya, modelo de 28 años y madre de dos hijos, fue asesinada en octubre de 2006. El caso se convirtió rápidamente en un escándalo político debido a las conexiones de las personas implicadas y al contexto en el que se produjo el crimen. Según el testimonio presentado ante el tribunal por una prima de la víctima, Altantuya había trabajado para Abdul Razak Baginda como traductora del ruso al inglés.
Baginda, analista político y estrecho colaborador del entonces vice primer ministro Najib Razak, fue acusado en relación con el asesinato, pero fue absuelto en el juicio penal de 2008. Posteriormente, en el proceso civil, fue considerado responsable de la muerte de Altantuya junto con dos agentes de policía, Azilah Hadri y Sirul Azhar Umar. El Tribunal de Apelación confirmó esa responsabilidad en enero de 2026.
Los dos policías pertenecían a la Unidad de Acción Especial, un cuerpo especial de la policía malasia, y habían prestado servicio en el equipo de protección de Najib. Su cercanía al entorno del político alimentó durante años las dudas sobre las circunstancias del crimen. Najib siempre negó conocer o haberse reunido con Altantuya y rechazó cualquier acusación de estar implicado en su asesinato.
Sin embargo, el caso siguió presente en la memoria política del país, debido en parte al posterior escándalo del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB), que marcó el final de la carrera política de Najib. El ex primer ministro fue condenado en varios procesos relacionados con el fondo, del que se desviaron miles de millones de dólares. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y está terminando de cumplir la pena correspondiente al caso de la empresa SRC International, vinculada a 1MDB. La condena en el principal proceso por el caso 1MDB, en cambio, está pendiente de resolución en apelación.
Lo que pide Mongolia
Una de las demandas de Ulán Bator es que las acciones judiciales emprendidas por la familia de Altantuya sean examinadas de manera justa y transparente. Mongolia también pidió información sobre el estado de las causas que siguen abiertas.
Una de las cuestiones se refiere al fallo del 20 de enero pasado, por el que el Tribunal de Apelación descartó la responsabilidad indirecta del gobierno por el asesinato y redujo la indemnización reconocida a la familia de cinco millones de ringgits malasios a aproximadamente 1,38 millones. Sin embargo, la misma sentencia confirmó la responsabilidad civil de Abdul Razak Baginda y de los dos exagentes de policía Sirul Azhar Umar y Azilah Hadri. La familia solicitó autorización al Tribunal Federal para apelar la decisión. La audiencia para examinar esta petición se ha fijado para el 25 de febrero de 2027, mientras que el 3 de diciembre está prevista otra audiencia sobre una modificación de los documentos relativos a la demanda.
Otra de las peticiones se refiere a Sirul, quien huyó de Malasia en 2014 y actualmente se encuentra en Australia. Ulán Bator reclama que se encuentren vías legales que le permitan testificar en el proceso civil. Gombojav especificó que su regreso debería estar acompañado de garantías efectivas contra la pena de muerte, porque Mongolia no desea que Sirul sea ejecutado.
El enviado especial lamentó la decisión del Tribunal de Apelación y sostuvo que, cuando están implicados funcionarios públicos y miembros de las fuerzas policiales, el Estado debería asumir al menos una parte de la responsabilidad. Gombojav lanzó también una petición internacional, titulada "Dignity for Altantuya", dirigida a los gobiernos de Malasia y Australia para reclamar que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades.
Las respuestas obtenidas hasta ahora no satisfacen a Ulán Bator
La intervención diplomática se produce mientras el padre de Altantuya sigue buscando otras vías legales en Malasia. El 16 de octubre de 2025, el Tribunal Superior le concedió autorización para iniciar un procedimiento de revisión judicial con el fin de obtener aclaraciones sobre las investigaciones relativas a dos declaraciones presentadas por Azilah: una declaración jurada del 17 de octubre de 2019 y una declaración jurada complementaria del 24 de septiembre de 2024. En esos documentos, el exagente afirma que recibió de personas situadas en las más altas esferas del poder la orden de llevar a cabo una operación secreta para asesinar a Altantuya. El padre de la víctima pide a las autoridades que investiguen estas afirmaciones. La audiencia, inicialmente prevista para el 6 de octubre de 2026, fue aplazada al 12 de enero de 2027 porque las autoridades solicitaron más tiempo para presentar una respuesta por escrito.
Los dos procedimientos iniciados por la familia siguen, por tanto, caminos separados: por un lado, está la solicitud de autorización para apelar el fallo sobre la indemnización civil y la responsabilidad del gobierno; por otro, la revisión judicial destinada a obtener una investigación sobre las declaraciones de Azilah y sobre las personas que, según su relato, habrían dado la orden de asesinar a Altantuya.
La nota diplomática de Ulán Bator volvió a poner en primer plano una cuestión difícil de cerrar, pese a que Malasia siempre sostuvo que el caso fue tratado a través de su propio sistema judicial. Sin embargo, las nuevas iniciativas legales y la intervención diplomática de Mongolia muestran que, para la familia de Altantuya, las respuestas obtenidas hasta ahora no son suficientes.
