Kuala Lumpur (AsiaNews) - La Corte Federal de Malasia ha rechazado una nueva demanda interpuesta por el estado de Kedah, que quiere bloquear la concesión de licencias para establecimientos de juego de azar. Sin embargo, es poco probable que la sentencia ponga fin al debate político sobre este tema o sobre la cuestión más amplia de hasta qué punto los gobiernos estatales pueden intervenir para implementar políticas inspiradas en la moral islámica.
El comisionado del Partido Islámico Panmalayo (PAS) de Kedah, Datuk Ahmad Yahaya, afirmó que el partido está dispuesto a aceptar la decisión de los jueces del 12 de agosto, y a respetar al tribunal, aunque expresó su decepción porque se haya puesto en entredicho la política del estado. El político aclaró además que el PAS seguirá oponiéndose al juego de azar, invocando el principio islámico de "amar makruf nahi mungkar" [fomentar el bien y prohibir el mal, ndr] como principio rector de su acción de gobierno.
La Corte Federal rechazó por unanimidad la solicitud de los dirigentes de Kedah para obtener autorización para apelar un fallo anterior que declaró inconstitucional la directiva estatal destinada a impedir la concesión o renovación de licencias para salas de juego. Un tribunal de tres jueces, presidido por Datuk Rhodzariah Bujang e integrado también por Datuk Collin Lawrence Sequerah y Datuk Azmi Ariffin, consideró que las cuestiones de derecho planteadas no cumplían los requisitos establecidos en el artículo 96(a) de la Ley de Tribunales de Justicia de 1964. Si bien la batalla legal puede darse por concluida por el momento, la cuestión política y constitucional de fondo sigue plenamente abierta.
Religión y poder estatal
La política de Kedah tiene su origen en una decisión del Consejo Ejecutivo Estatal de diciembre de 2021. Posteriormente, el estado anunció que, a partir del 1 de enero de 2023, no se concederían ni renovarían licencias para los establecimientos de juego de azar. El PAS defendió esta política principalmente como una medida para combatir los problemas sociales relacionados con las apuestas y el juego de azar, reavivando así un tema de gran repercusión política, sobre todo en un estado donde el partido islamista cuenta con un apoyo considerable. Sin embargo, la controversia también pone de manifiesto una dificultad recurrente en el sistema federal de Malasia: la distinción entre la política moral islámica promovida por un Gobierno estatal y las actividades comerciales reguladas por la legislación federal.
El juego de azar no es simplemente una cuestión de licencias estatales.
Malasia cuenta con una legislación federal que regula las apuestas y el juego de azar, como la Ley de Apuestas de 1953, la Ley de Establecimientos de Juego de 1953 y la Ley de Apuestas Colectivas de 1967. Esto crea un complejo panorama normativo en el que se entrecruzan las competencias federales y estatales. La controversia de Kedah tiene, por tanto, implicaciones que van más allá de este sector específico y plantea cuestiones de mayor alcance. Por ejemplo, si un Gobierno estatal puede utilizar su autoridad en materia de concesión de licencias para alcanzar un resultado que, en la práctica, anule o socave un marco normativo federal más amplio.
Es por eso que, desde esta perspectiva, cobra importancia la sentencia de la Corte Federal. No supone una aprobación judicial del juego de azar como actividad beneficiosa para la sociedad, ni impide que los gobiernos aborden sus efectos perjudiciales mediante una regulación legítima. Más bien, refuerza el principio de que incluso un gobierno que persigue una política por razones morales o religiosas debe actuar respetando la división constitucional de poderes y la ley.
El PAS, una fuerza nacional
La cuestión debe entenderse también en el contexto de la evolución política del PAS. En su momento se lo consideraba un partido arraigado en los estados nororientales de Kelantan y Terengganu, pero hoy ha ampliado significativamente su influencia. Después de las elecciones generales de 2022, se convirtió en uno de los partidos más grandes del Parlamento federal y, a través de la coalición Perikatan Nasional, se consolidó como una de las principales fuerzas de oposición a nivel nacional. A nivel estatal, el PAS gobierna Kelantan y Terengganu y también está en el poder en Kedah y Perlis.
La administración de estos estados ofrece al partido la oportunidad de demostrar cómo puede funcionar su interpretación de la gobernanza islámica dentro del marco constitucional de Malasia. Y el juego de azar es uno de los ejemplos más evidentes. El PAS siempre ha sostenido que esta actividad contribuye a generar y alimentar problemas sociales y que los Gobiernos tienen la responsabilidad moral de limitar las actividades que se consideran perjudiciales. Esta posición está en consonancia con la doctrina islámica, que prohíbe el juego de azar.
Sin embargo, Malasia no es un Estado islámico en sentido constitucional. Es una democracia federal y constitucional en la que el islam es la religión de la Federación, mientras que las otras religiones pueden practicarse en paz y armonía. Este sistema obliga a los Gobiernos a mantener un delicado equilibrio entre las políticas públicas inspiradas en el islam, los derechos individuales, las competencias federales y una población caracterizada por una gran diversidad religiosa. El caso de Kedah demuestra hasta qué punto puede resultar difícil alcanzar ese equilibrio.
Más allá del juego de azar
También existe el riesgo de reducir el debate a la simple cuestión de si los habitantes de Malasia deben apoyar u oponerse al juego de azar. La adicción al juego es realmente un problema social. Las familias pueden sufrir consecuencias económicas y emocionales cuando una persona desarrolla una dependencia. Los Gobiernos tienen la responsabilidad legítima de regular los sectores que pueden causar daños sociales. La cuestión, por tanto, no es si los Gobiernos deben intervenir en el juego de azar, sino cómo deben hacerlo.
Un Gobierno puede imponer restricciones, regular la publicidad, reforzar los controles y ofrecer tratamiento y apoyo a las personas que sufren una adicción. Pero cuando un estado intenta perseguir un objetivo moral más amplio mediante decisiones sobre la concesión de licencias, surgen inevitablemente cuestiones relativas a la jurisdicción y a la aplicación equitativa de la ley. Y esto reviste especial importancia en un país donde las distintas comunidades religiosas tienen concepciones diferentes de lo que constituye un comportamiento personal aceptable.
El PAS y el desafío de gobernar
Para el PAS, este aspecto es cada vez más importante, porque sus ambiciones políticas se extienden más allá de los cuatro estados que actualmente gobierna. Un partido capaz de conquistar el poder a nivel nacional debe demostrar no solo que puede movilizar a los votantes en torno a los valores islámicos, sino también que puede gobernar una sociedad compleja y plural respetando los límites constitucionales. La controversia sobre el juego de azar en el estado de Kedah representa, por lo tanto, una prueba modesta pero reveladora de un desafío mucho más amplio. El PAS puede seguir haciendo campaña contra el juego de azar, convencer a los votantes de que provoca daños sociales y buscar cambios en la legislación federal a través del Parlamento. Y puede regular las cuestiones que se encuentran dentro de la jurisdicción estatal.
Por el contrario, no puede dar por sentado que un objetivo político o religioso determine automáticamente el alcance del poder del gobierno. Esta distinción es fundamental para la democracia constitucional. Por lo tanto, la sentencia de los últimos días no debería interpretarse simplemente como una victoria para la industria del juego de azar o una derrota para el PAS, sino como un recordatorio de que en Malasia incluso los objetivos morales legítimos deben perseguirse por medios constitucionales legítimos. Para el partido islamista, que se presenta cada vez más como una alternativa de gobierno creíble a nivel nacional, esta podría ser, en última instancia, la lección más importante que se desprende del caso de Kedah.
