Daca (AsiaNews) - Los ataques contra las minorías religiosas en Bangladés han disminuido en comparación con la ola de violencia que estalló tras el cambio de poder de agosto de 2024, pero la naturaleza de las persecuciones ha cambiado, volviéndose más selectiva y constante. Así se desprende de los nuevos datos difundidos por el Consejo de Unidad de Hindúes, Budistas y Cristianos de Bangladés durante una rueda de prensa celebrada el 27 de julio en Daca.
Según el informe, entre enero y junio de 2026 se registraron 257 episodios de violencia sectaria, entre los que se incluyen asesinatos, ataques a lugares de culto, ocupaciones ilegales de terrenos, amenazas, agresiones y acosos relacionados también con acusaciones de blasfemia. Los responsables del Consejo subrayan que, aunque han disminuido los ataques a gran escala, las comunidades minoritarias siguen sufriendo formas persistentes de persecución que alimentan el miedo y la inseguridad económica.
Durante el semestre analizado, 44 personas fueron asesinadas en 40 episodios distintos de violencia. El informe documenta además agresiones contra mujeres, secuestros, extorsiones, actos de vandalismo contra edificios religiosos, ocupaciones de terrenos pertenecientes a instituciones religiosas y ataques contra viviendas y negocios propiedad de familias pertenecientes a minorías.
Detrás de estas cifras, señala el Consejo, hay miles de personas que siguen intentando reconstruir sus vidas. De hecho, entre agosto de 2024 y junio de 2026, se produjeron 2 055 incidentes que afectaron a viviendas y negocios de minorías religiosas. Muchas familias han perdido su medio de subsistencia y siguen viviendo en condiciones de grave dificultad económica, sin certezas sobre el futuro.
Las consecuencias, añade el informe, van mucho más allá de los daños materiales. Los repetidos actos de violencia han propiciado el desplazamiento interno, han aumentado la sensación de inseguridad social, han debilitado la confianza mutua entre las comunidades religiosas y han socavado la confianza en el sistema judicial. Los líderes de las minorías temen que, aunque la violencia masiva se haya atenuado, las intimidaciones selectivas sigan representando una amenaza concreta para la seguridad y la libertad religiosa.
El análisis comparativo del periodo comprendido entre agosto de 2024 y junio de 2026 muestra un cambio claro en el patrón de la violencia. De los 2.963 episodios registrados en 23 meses, casi el 74 % se produjo en los cinco meses posteriores al 5 de agosto de 2024, cuando viviendas, actividades económicas y lugares de culto de las minorías sufrieron ataques generalizados. En 2025, los incidentes se redujeron al 17,6 % del total, mientras que en el primer semestre de 2026 representan el 8,7 %.
No obstante, el Consejo advierte que no se debe interpretar esta disminución numérica como una mejora real de la situación. En comparación con 2025, en los primeros seis meses de 2026 han aumentado los homicidios, los ataques a lugares de culto, los actos de vandalismo contra símbolos religiosos, los saqueos, los incendios provocados, las agresiones físicas y los intentos de apropiarse de terrenos pertenecientes a instituciones religiosas. Según la organización, la violencia sectaria «ha pasado de ser ataques colectivos a gran escala a una persecución más selectiva y continuada».
Según el informe, sigue siendo especialmente preocupante el número de ataques contra lugares de culto, que continúa siendo desproporcionadamente elevado y plantea dudas sobre la posibilidad de que las minorías puedan practicar libremente su fe.
Durante la rueda de prensa también se abordó el caso de Haridas Chandra Tarani Das, líder religioso hindú promotor de la construcción de una estatua de 81 pies de altura del dios Rama en un templo de Palashbari, en el distrito de Gaibandha. Detenido el 12 de julio acusado de blanqueo de capitales, según el Consejo, Das sería víctima de una campaña más amplia de oposición al proyecto del templo, impulsada por grupos extremistas que llevan tiempo intentando exacerbar las tensiones religiosas. La organización ha calificado su detención de «lamentable» y ha pedido su liberación inmediata, alegando que la medida ha aumentado la inquietud dentro de la comunidad hindú.
Para los representantes de la coalición interreligiosa, la cuestión no se reduce a meras estadísticas, sino que atañe a «la dignidad, la seguridad y la plena ciudadanía» de comunidades que llevan generaciones contribuyendo a la sociedad de Bangladés.
En su intervención en la rueda de prensa, el líder católico Nirmol Rozario, vicepresidente del Unity Council, expresó su confianza en la actuación del Gobierno. «Queremos la paz. No nos gusta protestar continuamente. Pero si los ataques contra las minorías continúan de esta manera, nos veremos obligados a anunciar iniciativas de protesta más amplias. Queremos que el Gobierno lleve a cabo investigaciones exhaustivas sobre los episodios de persecución contra las minorías. Tenemos esta confianza en el Gobierno», declaró.
Por último, el Consejo invitó a las autoridades a adoptar una política de «tolerancia cero» frente a la violencia sectaria, reforzando las medidas legales contra el discurso de odio y la incitación religiosa, y garantizando una mayor protección a las comunidades minoritarias. Según los líderes religiosos, el reto para Bangladés no consiste solo en prevenir nuevos ataques, sino también en restablecer la confianza, la justicia y el principio de igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
