Myanmar

El jefe de la junta militar se prepara para dejar formalmente el mando del ejército y asumir la presidencia del nuevo gobierno, que entrará en funciones en abril. La creación de un Consejo Consultivo con poderes transversales podría permitirle mantener el control de todo el sistema del régimen. Mientras tanto, el número dos, Soe Win, se perfila como figura clave en las relaciones con China.

La medida de Naypyidaw contra el encargado de negocios de Dili se produce tras la apertura de un proceso judicial por presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército birmano. Es la primera vez que un tribunal de un país del bloque regional inicia una acción legal contra otro Estado miembro. El asunto pone de manifiesto las profundas divisiones internas de la organización, dividida entre quienes piden más presión y quienes desean un acercamiento tras las controvertidas elecciones.

En las últimas semanas la campaña militar de la junta birmana ha continuado con incursiones en aldeas, mercados y monasterios, e incluso mediante vigilancia digital. Los militares reivindican el uso de armas “de precisión”, pero médicos y testigos denuncian un aumento de la letalidad. Min Aung Hlaing ha visitado las zonas de conflicto en Sagaing y se teme una nueva escalada.

Decisivos para la economía, pero ignorados en el debate público: los trabajadores que huyeron de Myanmar no estuvieron presentes entre los temas de la última campaña electoral. Con la victoria del primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul y su partido conservador Bhumjaithai, muchos esperan que se legalice su situación, después de que el año pasado se aprobaran los permisos de trabajo para los refugiados en los campos de refugiados en sustitución de los migrantes camboyanos.

El P. Nicholas Han Zaw Shing, ordenado hace pocas semanas, ya había sido desplazado debido a los bombardeos de la junta militar. Salió despedido de su motocicleta y sufrió múltiples heridas. La Campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona, que denunció lo sucedido, reiteró que tanto el ejército birmano como los grupos de la resistencia anti-golpe siguen colocando artefactos y creando las condiciones para décadas de grandes sufrimientos.

El país sigue atrapado en una guerra civil que ha devastado la economía, multiplicado el número de desplazados y fragmentado el control del territorio. A pesar del alarde de fuerza de las recientes elecciones, la junta militar sólo controla el 40% del territorio. Más de 20 mil opositores siguen detenidos, entre ellos Aung San Suu Kyi. Las divisiones entre las milicias étnicas. La población civil, desilusionada, es la que paga el precio más alto.

Las elecciones, que se llevaron a cabo en tres etapas entre diciembre y enero, fueron reivindicadas como una victoria por el partido respaldado por el ejército, que, según los resultados oficiales, se adjudicó casi todos los escaños. El resultado era previsible porque habían sido excluidas las principales fuerzas de oposición. Mientras tanto la ASEAN, bajo la presidencia de Filipinas, debate sobre las tensiones en el Mar de China meridional.

En vísperas de la última fase de las elecciones organizadas por la junta militar, los bombardeos aéreos han afectado a la población civil en varias regiones de Myanmar. En la aldea de Kawngjar, en el estado de Kachin, un ataque durante una oración fúnebre causó al menos 22 muertos. Otros ataques aéreos afectaron a Magway y Sagaing. El proceso electoral terminó con intimidaciones, mientras que las zonas controladas por la resistencia quedaron excluidas de la votación.

Una organización de derechos humanos ha presentado en Dili una denuncia contra la junta de Myanmar por crímenes de lesa humanidad. La elección de Timor Oriental, que ingresó recientemente en la ASEAN y está marcado por su propia historia de ocupación y violencia, abre un nuevo frente judicial en el sudeste asiático. Los generales de Naypyidaw han reaccionado con una protesta diplomática, acusando a Dili de violar el principio de no injerencia consagrado en la Carta de la ASEAN.

El 11 de enero se celebró la segunda fase de las elecciones generales promovidas por la junta militar de Myanmar. La votación también llegó a zonas en disputa y zonas de conflicto, donde los militares amenazaron a la población civil y lanzaron acusaciones de coacción. Según las Naciones Unidas y observadores independientes, el proceso carece de credibilidad democrática y representa un intento de legitimación internacional de un régimen que sigue gobernando por la fuerza.

Se abre en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el caso del presunto genocidio cometido por el ejército birmano contra los rohingya en 2017. El proceso, presentado por Gambia, comienza tras años de inercia internacional, en un contexto marcado por profundas convulsiones políticas y militares en Myanmar. El golpe de 2021, la guerra civil en curso y las cambiantes alianzas sobre el terreno hacen que el juicio se encuentre cada vez más desconectado de la realidad actual.

El general al mando del Ejército Kawthoolei (KTLA), una de las milicias que luchan contra la junta militar, ha anunciado en los últimos días el nacimiento de la «República de Kawthoolei» en la frontera con Tailandia. La medida divide al pueblo karen y ha sido criticada porque corre el riesgo de debilitar el frente antijunta en la guerra civil, en un momento ya muy delicado para la resistencia.