Kuala Lumpur (AsiaNews) – Tras años de aislamiento diplomático, la junta militar birmana está recuperando legitimidad internacional gracias a las recientes señales de apertura de los países de la región y, ahora, también de Estados Unidos.
Después de una visita a Malasia los días 7 y 8 de octubre, durante la cual el presidente Min Aung Hlaing habló con el primer ministro Anwar Ibrahim sobre la repatriación de refugiados birmanos, otros países del sudeste asiático anunciaron que también podrían recibir al exgeneral responsable del golpe de Estado militar de 2021, que abrió el camino a la guerra civil. Min Aung Hlaing fue nombrado presidente en abril de este año, tras unos comicios no libres, mientras el conflicto continúa devastando el país y atacando incluso objetivos civiles, como iglesias y monasterios, donde la población busca refugio de los bombardeos y los enfrentamientos armados.
El giro de Malasia
Al concluir las conversaciones de la semana pasada, la portavoz del gobierno birmano anunció que Min Aung Hlaing también podría viajar a Indonesia y Brunéi. El primer ministro malasio había destacado que Kuala Lumpur haría "todo lo posible" para favorecer la plena reintegración de Myanmar en la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Posteriormente, el gobierno malasio aclaró que el acercamiento no equivale a un reconocimiento incondicional del gobierno birmano y afirmó que se propone continuar el diálogo teniendo en cuenta las cuestiones políticas y humanitarias que aún quedan por resolver. Sin embargo, ambos gobiernos acordaron fortalecer la cooperación en ámbitos como el comercio, las inversiones, la educación, la agricultura, la energía y la salud.
Anwar también agradeció a Min Aung Hlaing que aceptara el regreso de miles de ciudadanos birmanos. Sin embargo, las repatriaciones, utilizadas por Anwar como estrategia política interna de cara a las próximas elecciones, han sido criticadas por expertos de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos. Quienes son repatriados corren el riesgo de sufrir persecuciones, violencia o reclutamiento forzoso, después de que la junta impusiera el servicio militar obligatorio a hombres y mujeres en 2024.
En este contexto, sigue siendo incierto el destino de los rohinyás, una minoría étnica mayoritariamente musulmana a la que las autoridades birmanas siguen negando en gran medida el reconocimiento de la ciudadanía. En el estado occidental de Rakáin, de donde procede la mayoría de sus integrantes, los enfrentamientos entre el ejército y los grupos étnicos armados de oposición son particularmente violentos. Los rohinyás son las principales víctimas y sufren ataques de ambos bandos.
Un cálculo de política interna y regional
Varios observadores han señalado que el giro de Malasia, que en el pasado había condenado enérgicamente a la junta militar birmana coincide con meses de creciente hostilidad hacia los rohinyás refugiados en el país, que se ha intensificado durante los últimos meses. En los últimos meses, algunas peticiones en línea han reclamado la expulsión de esta minoría y, en julio, residentes locales desalojaron de sus viviendas a un centenar de rohinyás en la isla de Penang. El partido de Anwar ha sufrido tres derrotas electorales consecutivas en los comicios estatales de Negeri Sembilan, Johor y Sabah, y los índices de aprobación del gobierno son bajos, sobre todo entre la población de etnia malaya. Por esa razón, la línea dura contra los rohinyás parece responder más bien al descontento popular de cara a las próximas elecciones generales, que deberán convocarse antes de comienzos de 2028.
La apertura de Kuala Lumpur también se produce después de las visitas de Min Aung Hlaing a Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam, así como a la India, China, Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, lo que indica un cambio en la postura general de la ASEAN. En la cumbre de mayo, en Filipinas, los jefes de gobierno de los distintos países reconocieron la necesidad de buscar nuevas vías para abordar la crisis birmana, tras años de escasos avances en la aplicación del plan de paz acordado en 2021. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., que ejerce la presidencia rotatoria del bloque regional, señaló la necesidad de superar el estancamiento, aunque reiteró que cualquier avance deberá respetar los principios de la organización.
Sin embargo, las iniciativas de cada país corren el riesgo de socavar estos esfuerzos. Aunque un compromiso más pragmático puede abrir canales útiles para abordar la crisis, la junta militar no incluye entre sus compromisos el cese de la violencia ni el diálogo con los grupos que integran la resistencia.
También cambia la postura de Estados Unidos
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump también ha iniciado conversaciones directas con la junta militar. Según informó Reuters en los últimos días, a mediados de septiembre Michael Vance, jefe de inteligencia del Departamento de Estado, se reunió con Min Aung Hlaing en Naypyidaw. El principal objetivo era conseguir la liberación del empresario Adam Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Myanmar, que había sido capturado por las autoridades locales.
Sin embargo, el encuentro abrió el camino a una colaboración más amplia. Según una fuente, lo único que pidió el régimen a cambio de la liberación era "tener una relación oficial con el gobierno de Estados Unidos al nivel adecuado". Esto confirma una vez más que el objetivo de la junta es la legitimidad internacional. Otras fuentes señalaron que Vance, que asumió el cargo en agosto, se reunió con actores de todas las facciones implicadas en el conflicto birmano y orientó la estrategia del presidente Trump en consecuencia.
La administración estadounidense quiere poner fin a las operaciones de los centros de estafas en línea, que proliferaron en la frontera entre Myanmar y Tailandia desde 2020 y que también tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses. Pero Washington podría estar interesado asimismo en acceder a los yacimientos de tierras raras, situados principalmente en territorios controlados por grupos armados sobre los que China ejerce su influencia. Aunque Washington ya ha levantado algunas medidas restrictivas contra personas cercanas al entorno de la junta militar, Min Aung Hlaing sigue sujeto a sanciones —impuestas tras la persecución de los rohinyás por parte del ejército birmano en 2016-2017— y Estados Unidos mantiene contactos con la oposición democrática y con grupos étnicos armados. También en este caso, el sufrimiento de la población civil birmana queda relegado en favor de un enfoque pragmático que consiste en dialogar con quienes controlan las instituciones para alcanzar objetivos internos específicos.
