Manila (AsiaNews) - La asociación civil People’s Initiative Coalition Against Dynasty (PICAD), con el apoyo de la Iglesia filipina, lanzó el 30 de septiembre de 2026 una campaña de recolección de firmas como parte de la iniciativa "Dapat Isa Lang" ("Solo uno está permitido"), con el objetivo de poner fin a las dinastías políticas en Filipinas.
Mons. Ayuban: "Los cargos públicos no son una herencia familiar"
Durante el lanzamiento de la campaña en la diócesis de Cubao, en Quezon City, el obispo Elias Lubayog Ayuban afirmó que la recolección de firmas no está dirigida contra ningún partido político, familia o político. Su objetivo es analizar cómo el poder político se ha concentrado en manos de las élites o de las familias políticas a lo largo de las décadas. La iniciativa —una plataforma digital oficial destinada a promover la aprobación de una Ley contra las dinastías políticas— ofrece a los ciudadanos con derecho a voto un medio seguro, accesible y verificable para adherirse.
"Los cargos públicos nunca deben convertirse en una herencia familiar. Se trata de una responsabilidad pública confiada al pueblo", declaró el obispo. El prelado explicó que la iniciativa no les dice a los electores por quién votar. Al mismo tiempo, la Iglesia alienta e informa a las personas para que voten de acuerdo con su conciencia, promoviendo una participación responsable en la vida política al servicio del bien común y un servicio público sincero. "La participación política forma parte de nuestra responsabilidad por el bien común", subrayó Ayuban.
El obispo de Cubao afirmó que el objetivo de la campaña es que los ciudadanos comprendan correctamente el concepto de servicio público, que es fundamentalmente una responsabilidad confiada, no heredada. Por eso propone la promulgación de una ley nacional que limite la posibilidad de que miembros de una misma familia ocupen simultáneamente cargos públicos electivos o que uno suceda inmediatamente a otro, en cumplimiento de lo establecido en el artículo II, sección 26, de la Constitución filipina de 1987.
Presión de la Corte Suprema
La campaña de PICAD se inició tras la sentencia de la Corte Suprema del 16 de septiembre, que ordenó al Congreso, en cumplimiento de su deber constitucional, promulgar una ley que limite las dinastías políticas. La Corte Suprema señaló que en 39 años el Congreso no ha aprobado una ley contra las dinastías políticas, pese a que la Constitución la exige. También señaló la persistencia de las dinastías pese a los reiterados proyectos de ley presentados a lo largo de numerosas legislaturas y apuntó a una posible falta de interés, conveniencia o interés personal como causa de esta prolongada inacción.
El 25 de septiembre, la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas (CBCP) emitió una declaración en apoyo de la iniciativa "Dapat Isa Lang", afirmando que las dinastías políticas constituyen desde hace décadas una preocupación moral y ética en el país. "Los cargos públicos jamás deben convertirse en una herencia familiar; son una responsabilidad pública confiada por el pueblo para servir a todos", afirmó la CBCP.
La coordinadora de PICAD, Eirene Águila, explicó que el movimiento espera reunir al menos 7 millones de firmas, equivalentes al 10% de los electores registrados en el país, para la iniciativa popular propuesta. Según Águila, la campaña es una plataforma digital destinada a ayudar a las personas a ejercer de manera responsable su poder constitucional. No es una forma de rebelión, una expresión de la democracia en su forma más pacífica: "En una iniciativa popular, no somos simplemente votantes. Contribuimos a dar forma a la ley".
Un fenómeno arraigado a nivel nacional y local
El P. Robert Reyes, coordinador de Clergy for Good Governance y activista de derechos humanos, declaró que la iniciativa "Dapat Isa Lang", lanzada el pasado 7 de mayo, ofrece a los filipinos una mejor oportunidad de hacer posible la aprobación de una ley contra las dinastías políticas mediante una iniciativa popular. Actualmente, el 83% de los senadores del país y alrededor del 80% de los diputados de la Cámara de Representantes provienen de familias políticas; el 87% de los gobernadores provinciales y el 75% de los alcaldes pertenecen a dinastías políticas.
Las dinastías políticas son un fenómeno generalizado en todo el país. En muchos lugares, la política se ha convertido en una de las actividades familiares más rentables. Un municipio, una ciudad, una provincia entera, a veces incluso una región, pueden quedar bajo el control de un único clan político. Uno de sus miembros es gobernador, otro alcalde, otro ocupa un escaño en el Congreso, mientras los familiares desempeñan otros cargos electivos. Cuando termina el mandato, intercambian los puestos o ceden el cargo a otro miembro de la familia.
Es aquí donde la dinastía política y el clientelismo se refuerzan mutuamente. Cuando una familia permanece en el poder durante mucho tiempo, el servicio público puede transformarse fácilmente en un sistema de favores personales y deudas de gratitud. Los empleos públicos, contratos, permisos, becas, ayudas económicas y acceso a los recursos públicos pueden empezar a parecer favores otorgados por políticos en lugar de servicios a los que los ciudadanos tienen derecho. Cuanto más tiempo dura un sistema de este tipo, más difícil resulta para la gente común, sin dinero, una red de contactos o un apellido conocido, acceder al servicio público.
Alrededor del 90% de la población vive en lugares a menudo dominados y controlados por una dinastía política, afirma el economista político Ronald Mendoza, exdecano de la Ateneo School of Government. La dinastía política dominante que impera en las provincias se convierte en un terreno fértil para actuar con impunidad, desviar fondos públicos, proferir amenazas, comprar votos, recibir sobornos por todos los proyectos de infraestructura y abusar de los cargos, sostiene Mendoza.
"Acojo con gran satisfacción la declaración pastoral de la CBCP en apoyo de la iniciativa popular 'Dapat Isa Lang'", declaró Michael Castro, trabajador social. "Esta campaña no está dirigida contra familias, partidos políticos, candidatos ni funcionarios públicos. Se trata de cambiar un sistema". Ha llegado el momento de que el país adopte una nueva ley que excluya a una familia política y aparte a otra, y que abra las puertas del servicio público a un mayor número de personas, observó, recordando que un cargo público no es una herencia familiar. Es una responsabilidad confiada por la ciudadanía.
