Manila (AsiaNews) - La transición hacia energías más limpias «no debe producirse en detrimento de las comunidades indígenas, de sus tierras ancestrales y del medio ambiente». Esta es la advertencia lanzada por la Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP) en respuesta a una cuestión de creciente relevancia que afecta a una parte importante y autóctona de la población nativa. Monseñor Moisés Cuevas, obispo de Calapan y presidente de la Comisión para los Pueblos Indígenas (CBCP-ECIP), y monseñor Prudencio Andaya Jr., obispo de Cabanatuan, subrayan que «la creciente demanda de minerales críticos no debe justificar los desplazamientos forzados». Además, prosigue la nota, las políticas de desarrollo no deben provocar «destrucción medioambiental ni violaciones de los derechos de los pueblos indígenas».
Los obispos con los indígenas
«Un futuro más verde no puede construirse sobre la injusticia», declararon los obispos en un comunicado conjunto con motivo de la celebración nacional del Domingo de los Pueblos Indígenas, el pasado 11 de octubre. Los prelados también han abogado por un consenso que sea «auténtico, libre, preventivo e informado», además de la «protección del medio ambiente y una participación significativa de las comunidades indígenas en las decisiones que afectan a sus tierras y a sus medios de subsistencia».
Los obispos señalaron además las amenazas derivadas de «las industrias extractivas, las grandes infraestructuras, la expansión de los combustibles fósiles y el cambio climático, subrayando que las comunidades indígenas suelen sufrir las consecuencias más graves de los daños medioambientales, las inundaciones y las sequías». Al mismo tiempo, instaron a los organismos gubernamentales a «proteger los territorios ancestrales, hacer cumplir las normas de protección medioambiental y garantizar la responsabilidad en los proyectos de desarrollo» .
La declaración hizo hincapié, por tanto, en la comunidad Aeta de Sitio Bacao, en Palayan City (Nueva Ecija), cuyos miembros se vieron obligados a abandonar sus hogares tras la erupción del monte Pinatubo en 1991. Gracias al apoyo de la Iglesia, la comunidad ha reconstruido su vida mediante la reforestación, huertos comunitarios y proyectos de subsistencia, contribuyendo así a la recuperación del medio ambiente, afirmaron los obispos. «Los pueblos indígenas —advierten— no son meros beneficiarios de la ayuda, sino socios, portadores de sabiduría cultural y actores activos en la construcción de su propio futuro».
Por último, la nota de la CBCP expresa su preocupación por la discriminación, la pérdida de medios de subsistencia, las amenazas a la identidad cultural y la aplicación inadecuada de las medidas de protección existentes para las comunidades indígenas. En respuesta, los obispos invitan «a la sociedad civil y a la opinión pública a apoyar las iniciativas impulsadas por las comunidades y a defender los derechos de los indígenas», añadiendo que la protección del medio ambiente «debe ir de la mano de la justicia social». La celebración nacional, promovida por la ECIP y la diócesis de Cabanatuan, concluyó con la plantación de árboles autóctonos y endémicos en las inmediaciones de la Misión de Bacao. Una forma de renovar el compromiso de una Iglesia que debe mirar «más allá» de las conmemoraciones anuales, para traducirlo en un «apoyo constante y en acciones concretas para proteger a las comunidades indígenas y sus tierras ancestrales».
Tensiones sin resolver
El tema de la transición energética en Filipinas hacia las energías renovables —con objetivos del 40 % para 2035 y del 50 % para 2050— y las consecuencias que esto tiene sobre las tierras y los bienes de las poblaciones indígenas lleva tiempo siendo objeto de atención por parte de la Iglesia filipina y de diversos grupos activistas. Las políticas impuestas por el Gobierno de Manila han desencadenado fuertes tensiones, al entrar en conflicto con los derechos de los pueblos indígenas, cuyos territorios ancestrales abarcan hasta 14 millones de hectáreas y aproximadamente la mitad de los bosques vírgenes del archipiélago.
Entre las principales consecuencias relacionadas con los conflictos sin resolver se encuentran: la superposición territorial, en la que toda una serie de proyectos hidroeléctricos, de almacenamiento de energía, de parques eólicos y solares surgen dentro o cerca de los dominios ancestrales. Los expertos y estudiosos también destacan la cuestión relativa a la falta de consentimiento: a pesar de las leyes que garantizan el derecho al «consentimiento libre, previo e informado» (Free, Prior, and Informed Consent, FPIC), de hecho, varias comunidades denuncian obras y talas sin la plena aprobación de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP) o de las propias tribus. Entre los pueblos indígenas más afectados se encuentran los isneg de Ilocos Norte y Apayao.
Por otra parte, está la cuestión relativa a las minas y a los «minerales de transición», donde la extracción de níquel —necesario para los vehículos eléctricos— en Palawan y otras zonas ha provocado la destrucción de tierras agrícolas, la contaminación de las aguas y el desplazamiento forzoso de las comunidades locales. A esto se suman episodios más conocidos como «red-tagging», es decir, la falsa acusación de vínculos con insurrecciones y la militarización contra los ecologistas. Por último, surge con creciente preocupación un impacto desproporcionado sobre las mujeres y los jóvenes: la pérdida de medios de subsistencia, de hecho, obliga a menudo a los hombres a emigrar en busca de trabajo, lo que deja a las mujeres a cargo de la protección de los territorios y obliga a los jóvenes a abandonar la escuela para ayudar a sus familias.
Frente común
En respuesta a una cuestión cada vez más acuciante y de actualidad, se han formulado algunas propuestas que pretenden aunar tanto «respuestas institucionales» como «iniciativas comunitarias». La NCIP, en particular, ha introducido un enfoque denominado ADRES (Ancestral Domain Renewable Energy Systems) para armonizar la cartografía de los recursos y fomentar la participación política indígena antes de poner en marcha las inversiones. A este respecto, se han elaborado proyectos piloto con una dotación pública de unos 400 millones de pesos (poco más de 5,7 millones de euros).
Con el objetivo de desarrollar modelos comunitarios sostenibles, diversas organizaciones, como la Right Energy Partnership with Indigenous Peoples, y tribus indígenas, entre ellas los isneg de Apayao, están desarrollando sistemas de microhidroeléctricos gestionados directamente por las comunidades. En este caso, el objetivo, tal y como explican los promotores, es «afirmar la soberanía energética en sus propios términos». Por último, hay numerosos llamamientos de la Iglesia y de la sociedad civil filipina, como el publicado por la CBCP en los últimos días. Los obispos y grupos de derechos humanos como Katribu y el Legal Rights and Natural Resources Center siguen reclamando protecciones jurídicas reales, el reconocimiento efectivo de los títulos ancestrales y una parte equitativa de los beneficios económicos derivados de los proyectos «verdes».
