Milán (AsiaNews) - El Gobierno de Maldivas presentó al Parlamento un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Islas Deshabitadas (Uninhabited Islands Act), vigente desde hace 28 años. La reforma otorga al presidente un papel central en la definición del uso de las islas y lagunas deshabitadas del archipiélago e introduce nuevas disposiciones para regular los procedimientos de asignación, la duración de las concesiones y los cánones de arrendamiento.
Una de las principales novedades es la posibilidad de arrendar islas y lagunas deshabitadas para fines distintos del turismo, lo que abre la puerta a actividades industriales y económicas, agrícolas, pesqueras, sociales y gubernamentales. Mientras que las islas destinadas al turismo y al desarrollo industrial serán asignadas directamente por el gobierno central, las destinadas a otros usos serán gestionadas y administradas por los consejos insulares locales. Las lagunas, en cambio, quedarán bajo la responsabilidad del ministerio competente. Precisamente la inclusión de las lagunas constituye una de las novedades más importantes de la propuesta, ya que hasta ahora estaban excluidas del marco normativo vigente.
Otro aspecto relevante de la reforma es una mayor transparencia y una definición más clara del papel y las responsabilidades de las autoridades locales. El proyecto de ley introduce disposiciones específicas que regulan las relaciones entre los consejos locales y las islas y lagunas que están bajo control del Gobierno. El objetivo declarado es equilibrar la autoridad del Estado central con los intereses de las comunidades locales.
Con este proyecto de ley, el Ejecutivo encabezado por el presidente Mohamed Muizzu abre además el sector a inversores nacionales y extranjeros. Las islas deshabitadas destinadas a fines comerciales podrán ser arrendadas a empresas y particulares registrados en Maldivas, así como a entidades extranjeras que desarrollen actividades en el país. Para los demás usos, las asignaciones estarán reservadas a ciudadanos, empresas y asociaciones maldivas. La iniciativa también establece la duración de las concesiones y los criterios para determinar los cánones de arrendamiento, e introduce un sistema de sanciones con el objetivo de garantizar una gestión más ordenada y proteger los ecosistemas.
Si se aprueba, la nueva normativa sustituirá a la actual Ley de Islas Deshabitadas, promulgada en 1996. Mediante la inclusión de las lagunas y la ampliación de los usos permitidos para las islas deshabitadas, el Gobierno busca crear nuevas oportunidades económicas y simplificar el sistema de gestión del patrimonio natural del país. Sin embargo, la reforma reabre el debate sobre la creciente concentración de poder en manos del Ejecutivo y sobre el papel de los consejos locales en la gestión del territorio. La apertura de las islas deshabitadas a actividades industriales y a inversores extranjeros también genera preocupación por la protección de los ecosistemas del archipiélago y por la transparencia en la adjudicación de las concesiones. El tema recuerda el caso de Feydhoo Finolhu, una isla que en 2016 fue arrendada por 50 años a una empresa china por unos cuatro millones de dólares. La operación desató fuertes polémicas y críticas de la oposición, que cuestionó tanto el precio, considerado demasiado bajo, como la ausencia de una licitación pública.
