Malé (AsiaNews) – En las Maldivas lleva tiempo en marcha una campaña para expulsar a los trabajadores indocumentados. La semana pasada, el Gobierno llevó a cabo una operación en la que se vio implicados más de 400 inmigrantes extranjeros y que concluyó con la detención de 13 personas. La intervención forma parte de la «Operación Kurangi», puesta en marcha en 2024 y respaldada por el presidente Mohamed Muizzu, con el objetivo —según el Gobierno— de combatir el trabajo irregular entre los migrantes e identificar y regularizar a los trabajadores extranjeros.
La campaña se ha estructurado en tres fases. La primera consistió en la recopilación de fotografías y huellas dactilares de los trabajadores extranjeros presentes en el país, con el fin de crear una base de datos accesible para las administraciones locales. La segunda se centró en la verificación y la regularización de su situación laboral y migratoria. La tercera fase, iniciada en mayo de 2026, tiene como objetivo localizar y deportar a 2.895 extranjeros que aún carecen de un permiso de residencia o de trabajo válido.
Además, en julio se creó «Immigration Watch», una página web a través de la cual los ciudadanos pueden denunciar de forma anónima a los trabajadores en situación irregular. Según el presidente Muizzu, el Gobierno habría recibido casi 1.300 denuncias. Desde el inicio de la Operación Kurangi, las autoridades han llevado a cabo redadas en establecimientos comerciales, entre ellos cafeterías y restaurantes, deteniendo a trabajadores indocumentados. La policía también ha publicado y difundido en Internet vídeos en alta definición de las operaciones, una decisión que ha suscitado críticas entre la opinión pública. En un discurso ante el Parlamento, Muizzu reivindicó los resultados obtenidos por su Gobierno en la lucha contra el trabajo irregular. Según el presidente, desde el inicio de su mandato en 2023 se ha expulsado a más de 6.000 trabajadores irregulares y las autoridades han examinado más de 200.000 casos. Al inicio de la campaña, añadió, unos 148.000 migrantes vivían en el país sin un permiso de residencia o de trabajo válido.
Pero detrás de la situación irregular de los trabajadores extranjeros no siempre se esconde una entrada ilegal en el país. Un estudio del Public Interest Law Center ha puesto de manifiesto que muchos migrantes llegan legalmente a las Maldivas y luego pasan a estar en situación irregular debido al impago de los salarios, a la no renovación de los visados o a las denuncias de fuga y abandono presentadas por los empleadores. Los trabajadores de Bangladés se encuentran especialmente expuestos; según estimaciones recientes, hay unos 100.000 en el archipiélago y trabajan principalmente en la construcción y el turismo. En agosto, la muerte de ocho ciudadanos bangladesíes en tan solo diez días volvió a centrar la atención en las condiciones de los trabajadores extranjeros en el país. Transparency Maldives, una organización dedicada a la defensa de los derechos y a la promoción de la transparencia, ha denunciado las deficiencias en la protección de los migrantes y ha pedido a las autoridades mayores garantías para su salud y seguridad en el trabajo.
Paralelamente a la campaña contra los trabajadores irregulares, el Gobierno ha adoptado desde 2024 nuevas medidas para combatir la explotación de la mano de obra extranjera. Quien niegue a los trabajadores el salario o los servicios esenciales se arriesga a una multa de unos 3.000 euros. Además, en agosto se introdujo la obligación de que los empresarios ingresen los salarios en una cuenta bancaria de las Maldivas a nombre del trabajador, lo que permite a las autoridades verificar su pago efectivo.
