Beijing (AsiaNews) - En el sistema económico chino, las deudas se acumulan en cascada. Las administraciones locales no pagan puntualmente a las empresas estatales a las que ellas encargaron la construcción de carreteras y parques industriales. A su vez, las empresas estatales, que se han quedado sin fondos, retrasan los pagos a las empresas privadas subcontratistas, y paralelamente los grandes grupos privados y estatales demoran los pagos a los pequeños proveedores. Para poder seguir trabajando, a menudo estos proveedores terminan endeudándose con los bancos, cuyos balances están lastrados por préstamos morosos.
En estas semanas, Beijing decidió intervenir en los dos extremos de esta cadena poniendo en marcha una campaña contra la deuda oculta de los gobiernos locales y endureciendo las reglas sobre los plazos de pago. A las grandes empresas se les pide que limiten a 60 días el plazo máximo para pagar a las pequeñas y medianas empresas. El problema es que, a menudo, simplemente no hay fondos suficientes para saldar las deudas. Por eso, las medidas adoptadas hasta ahora corren el riesgo de trasladar las pérdidas de un actor a otro, sin reducir realmente su magnitud.
A comienzos de septiembre, el Ministerio de Finanzas y la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el principal órgano de control interno del Partido Comunista, hicieron públicos seis casos de administraciones locales de seis provincias que no habían logrado reducir lo que se denomina deuda oculta. La expresión se refiere a determinadas obligaciones contraídas fuera de balance, en particular a través de sociedades de financiación controladas por los gobiernos locales, que, según los criterios adoptados por Beijing, recaen de hecho bajo la responsabilidad financiera de las administraciones.
Gobiernos locales sin ingresos
El astronómico endeudamiento de los gobiernos locales se debe, en primer lugar, a la disminución de sus ingresos. Durante años, las administraciones locales se financiaron mediante la venta de terrenos a los constructores, pero la crisis inmobiliaria de 2020-2021 redujo esta fuente de recursos. En el primer semestre de 2026, los ingresos derivados de estas operaciones disminuyeron más de un 31% respecto del año anterior, cuando ya habían registrado una fuerte caída. Actualmente ninguna provincia logra cubrir sus gastos únicamente con sus propios recursos, hasta el punto de que en el primer trimestre de este año el nivel medio de autosuficiencia fiscal era de apenas el 56%. Incluso Shanghai, que normalmente registra un superávit, no puede cubrir todos sus gastos con sus ingresos, mientras que Zhejiang, una de las provincias más ricas, cerró 2025 con un déficit de 360.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 47.200 millones de euros. Las transferencias del gobierno central financian actualmente el 42% del gasto presupuestario de las provincias, frente al 37% de hace diez años.
Ante esta grave escasez de fondos, los gobiernos locales están suspendiendo los pagos. Según un estudio de la Universidad Renmin de China, citado por el semanario económico Caijing, los créditos de las empresas frente a las administraciones públicas superan los 10 billones de yuanes, alrededor del 8% del PIB, y 4,5 billones ya están vencidos. En gran medida corresponden a obras de infraestructura, y los impagos terminan repercutiendo en todos los actores involucrados, hasta llegar a los proveedores y los trabajadores de las empresas subcontratistas. El Banco Popular de China reconoció en una conferencia de prensa que algunas grandes empresas tendrían capacidad para pagar puntualmente y, sin embargo, optan por no hacerlo. Esto obliga a los proveedores a endeudarse con los bancos y, de hecho, les traslada una parte de los costos financieros.
En la raíz de esta cadena de deudas, sin embargo, subyace un problema más amplio. Se insta a los gobiernos locales a seguir sosteniendo el crecimiento y el empleo y, para hacerlo, intentan mantener a flote a las empresas locales incluso cuando atraviesan dificultades. Cuando los márgenes se reducen, retrasar los pagos a los proveedores se convierte en una forma de financiación particularmente conveniente para la empresa, y los plazos se alargan. Aumentar los controles puede limitar algunos abusos, pero no es suficiente para romper el ciclo que genera nuevas deudas.
La crisis fiscal también está poniendo en dificultades a los parques industriales que cuentan con incentivos fiscales y de otro tipo y que, desde la década de 1980, han desempeñado un papel central en el crecimiento de las economías locales. En China existen más de 80.000 parques industriales de distinto tipo, muchos de los cuales han permanecido durante años sin utilizar, con terrenos baldíos y construcciones vacías. Un gran número de estas zonas industriales fueron construidas con préstamos contraídos por sociedades instrumentales controladas por las administraciones locales. Pero actualmente estas sociedades instrumentales tienen dificultades para cumplir con los pagos, porque los terrenos industriales se venden a precios cada vez más bajos. Las normas que entraron en vigor en 2024 también prohíben atraer inversiones mediante subsidios e incentivos fiscales, instrumentos con los que durante décadas las provincias compitieron entre sí.
Quién asume las pérdidas
Para obtener los recursos necesarios, los gobiernos locales recurren entonces a bonos especiales autorizados por Beijing y a préstamos bancarios específicos, acumulando así nueva deuda. Cuando incluso estos recursos son insuficientes, recurren a pagos en especie. En Guizhou, por ejemplo, una comisaría de policía de un condado saldó un contrato de 26 millones de yuanes cediendo 70 departamentos.
En otros casos, en cambio, una parte de la pérdida se traslada a los acreedores. Una empresa cotizada que tenía un crédito de casi 2.300 millones de yuanes frente a una oficina forestal de distrito de Anshun, también en Guizhou, aceptó en julio un acuerdo que redujo el crédito a unos 1.400 millones. La suma se cobrará en parte en forma de bienes antes de finales de 2028, con una pérdida del 37%. Caijing también señala casos en los que las deudas aparecen saldadas en los libros contables aunque no hayan sido pagadas.
Los datos oficiales sobre la deuda oculta mejoran sobre todo mediante una suerte de alquimia financiera de naturaleza similar: la reclasificación de las obligaciones. Gracias a la conversión de estas obligaciones en bonos, la deuda oculta total cayó de los 14,3 billones de yuanes de finales de 2023 a los 6,5 billones de finales de 2025. Sin embargo, las obligaciones totales de las sociedades instrumentales de los gobiernos locales superan los 71 billones. Entre las más de 2.100 sociedades de este tipo supervisadas por Yuekai Securities, ninguna lograría cerrar sus cuentas de forma rentable sin los subsidios públicos. La solución propuesta por el banco central para reducir los retrasos en los pagos también sigue una lógica similar. Se alienta a los grandes grupos a obtener nuevo crédito mediante préstamos y bonos para pagar a sus proveedores, con el resultado de trasladar una parte de la deuda de las pequeñas empresas a los bancos.
El economista Michael Pettis explicó al Wall Street Journal que el control del Estado sobre los bancos y los movimientos de capital permite a China evitar que las dificultades financieras desemboquen en una crisis que ponga de rodillas a todo el sistema. Sin embargo, las obligaciones no desaparecen y, de todos modos, alguien debe absorberlas, por ejemplo mediante impuestos más altos o rendimientos más bajos para las familias.
