Bangkok (AsiaNews) - Una sentencia dictada siete años después del inicio del proceso judicial (y más de tres años después de la absolución dictada por el tribunal de primera instancia en 2023), podría haber puesto «punto y final» al proceso que ha afectado a la senadora tailandesa Angkhana Neelapaijit (antigua miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y comisionada nacional de Derechos Humanos, galardonada en 2019 con el Premio Magsaysay por su compromiso con los marginados) y a dos conocidas activistas de derechos humanos: Puttanee Kangkun (directora de la sede local de la organización Fortify Rights) y Thanaporn Saleephol, que fue responsable de comunicación de Fortify Rights.
Se trata de un caso que, una vez más, ha puesto de manifiesto el uso —nada infrecuente en Tailandia— de la acusación de difamación para silenciar las voces disidentes o las que defienden los derechos humanos. Todo se remonta a un conflicto laboral iniciado en 2016 en relación con una granja avícola de la provincia de Lopburi gestionada por la empresa Thammakaset. El conflicto se desencadenó a raíz de la denuncia presentada ante las autoridades y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia por catorce trabajadores migrantes procedentes de Myanmar, en la que denunciaban las precarias condiciones laborales en la granja.
La empresa rechazó las acusaciones y, a su vez, denunció a los trabajadores por difamación y por haber realizado declaraciones falsas ante un funcionario público. En julio de 2018, el tribunal de primera instancia de Bangkok-Don Mueang absolvió a los 14 trabajadores y, en mayo del año siguiente, el Tribunal de Apelación desestimó el recurso de la empresa, lo que convirtió las absoluciones en definitivas. Además, las autoridades competentes en materia laboral y el Tribunal Laboral ordenaron a la empresa que abonara a los trabajadores 1,7 millones de baht (unos 50.000 euros) en concepto de indemnización.
La posterior demanda por difamación interpuesta por Thammakaset contra las tres activistas que se habían movilizado en defensa de los trabajadores se refería a publicaciones o comparticiones en redes sociales de mensajes de solidaridad con activistas y trabajadores migrantes implicados en procedimientos judiciales iniciados por la empresa. Los 30 cargos por presunta difamación preveían cada uno una pena de hasta dos años de prisión y una multa de 200.000 baht tailandeses (unos 5.300 euros).
«Este caso demuestra claramente cómo se ha utilizado la acción judicial para acosar e intimidar a las personas, causando graves daños físicos y emocionales a quienes han sido llevados ante los tribunales», declaró Angkhana Neelapaijit, que también es viuda de un activista desaparecido el 24 de marzo de 2004 tras ser secuestrado por desconocidos en Bangkok. «Se han necesitado siete años para llegar a este punto. Espero que los jueces no admitan el recurso ante el Tribunal Supremo, para que este asunto pueda concluirse de una vez por todas. Esto contribuiría a restablecer la justicia para las mujeres que defienden los derechos humanos y a dar cumplimiento a las indicaciones del presidente del Tribunal Supremo, según las cuales los procedimientos judiciales nunca deberían utilizarse como instrumento para acosar a las personas o limitar sus derechos y libertades».
Por su parte, Puttanee Kangkun, directora de Fortify Rights y una de las antiguas acusadas, ha recordado que nunca se debería ser objeto de acusaciones penales por expresarse sobre los derechos de los trabajadores. Y ha añadido: «La sentencia de hoy nos supone un gran alivio, pero no puede devolvernos los siete años que hemos pasado defendiéndonos. Tailandia —que el 9 de noviembre se someterá al Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra— debería despenalizar la difamación, para que otros no tengan que volver a pasar por lo que nosotros hemos vivido».
