Bangkok (AsiaNews) - El caso de los refugiados uigures que huyeron de China en 2014 en busca de refugio en Tailandia sigue pesando sobre el Gobierno de Bangkok. El martes 3 de noviembre, el asunto volvió a debatirse en el Parlamento, donde una representante de la oposición reformista pidió que no se procediera a la repatriación forzosa de dos uigures, que acababan de ser amnistiados junto con otros tres compatriotas condenados por intentar fugarse de un centro de detención para inmigrantes.
Más de 300 uigures llegaron a Bangkok en 2014, tras largos y arriesgados viajes, para escapar de la persecución de las autoridades chinas en la provincia occidental de Xinjiang, tierra de origen de esta minoría de confesión islámica. En lugar de ser acogidos y acompañados en su proceso de integración en la sociedad tailandesa, han sido segregados o encarcelados bajo sucesivos gobiernos, tanto militares como civiles. Y ello a pesar de que Tailandia, aunque no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, está sujeta al principio internacional de no devolución de las personas que huyen de conflictos o persecuciones.
A lo largo de los años, la mayor parte de los uigures presentes en Tailandia han sido expulsados: 170 personas, sobre todo mujeres y niños, fueron trasladadas a Turquía en 2015, mientras que ese mismo año varios hombres fueron repatriados a China. En 2025, otras 40 personas aproximadamente fueron repatriadas a China, a pesar de las numerosas críticas internacionales.
Pekín también ha solicitado la extradición de los dos hombres indultados el 21 de octubre, así como de los otros tres que siguen en prisión. La solicitud ha sido confirmada por el portavoz del Gobierno tailandés, Ekkapob Pianpises, quien también ha informado de que Bangkok ha dado a ambos la posibilidad de oponerse por la vía judicial. Los cinco, a quienes no se les ha concedido el estatuto de refugiado, son buscados por las autoridades chinas desde 2014 en virtud de una orden de detención. Los activistas de derechos humanos temen que, si son repatriados, los dos puedan ser objeto de persecución.
Si se confirma la solicitud de Pekín, corresponderá, por tanto, a un tribunal local pronunciarse sobre su extradición a China. Sin embargo, sigue existiendo el precedente de los aproximadamente 40 uigures repatriados por la fuerza el año pasado, a quienes las autoridades chinas habían calificado de «migrantes ilegales»: una definición que, incluso a la luz de las relaciones bilaterales, podría resultar difícil de impugnar o rechazar para Bangkok.
Una vez más, pues, el primer ministro Anutin Charnvirakul se ve obligado a tomar una decisión sobre una cuestión delicada, en la que se entrelazan las relaciones bilaterales y las presiones internacionales, los intereses políticos y las obligaciones jurídicas. La expulsión a China también estaría prohibida por la ley tailandesa que en 2022 prohibió la tortura, una norma que ya se ha eludido en el pasado. Tal y como subrayaron el miércoles Amnistía Internacional y Human Rights Watch, si son repatriados, los uigures «correrían un grave riesgo de sufrir tortura y otras graves violaciones de los derechos humanos».
La solución humanitaria sería permitir que los dos hombres, ya puestos en libertad y ahora retenidos en el Centro de Detención de Inmigrantes de Suan Phlu, en Bangkok, puedan llegar a un tercer país. Una posibilidad que parece aún más urgente si se tiene en cuenta que más de un millón de uigures y otros ciudadanos chinos de confesión musulmana se encuentran detenidos en Xinjiang en el marco de una campaña discriminatoria que, según la ONU, podría constituir un crimen contra la humanidad.
