Milán (AsiaNews/Agencias) - Un tren cargado con productos agrícolas salió de Urumqi, en la convulsionada región autónoma china de Xinjiang, con destino - después de recorrer 10 mil kilómetros entre binarios y transportes marítimos - a la Italia. El nuevo viaje con la bandera de China-Europe Railway Express partió de China el 29 de abril, con una amplia cobertura mediática por parte de la prensa oficial de Beijing, que elogió sus beneficios para la economía de Xinjiang. No solo relanza el "potencial" de la Belt and Road Initiative - la nueva "Ruta de la Seda" de Xi Jinping -, de cuyos acuerdos también salió el gobierno italiano el año pasado, cancelando el memorando firmado por Roma y Pekín en 2019 pero sin cerrar otras formas de cooperación comercial.
Sin embargo, lo que queda en segundo plano es la cuestión del respeto de los derechos humanos en Xinjiang, una región donde los abusos contra los uigures a menudo también adoptan la forma de trabajo forzado precisamente en la agricultura. Así lo pone de relieve una toma de posición pública de las últimas horas de tres de los grupos más activos en la salvaguardia de los derechos de la población musulmana de Xinjiang: Uyghur Human Rights Project, Uyghur American Association y Safeguard Defenders. Juntos escribieron una carta abierta a la embajadora de Italia en Washington, Mariangela Zappia, expresando preocupación por la iniciativa y pidiendo una investigación exhaustiva sobre el origen de los productos transportados en ese tren.
“La esclavitud moderna del pueblo uigur y los continuos crímenes contra la humanidad – se lee en el documento – han sido ampliamente documentados por organizaciones internacionales, medios de comunicación independientes y organismos gubernamentales. El recurso al trabajo forzado en cualquier forma viola los principios fundamentales de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser sometido a esclavitud ni a trabajo forzado, consagrado en varios convenios y tratados internacionales de los que Italia participa".
La iniciativa China-Europa Railway Express también es relevante por el peso de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang en la producción agrícola china: cultiva el 85% del algodón del país, más del 70% de los tomates (produce hasta el 90% del concentrado de tomates destinada a la exportación), un 50% de frutos secos y un 28% de uvas. Además, en la región también se cultivan de forma importante trigo, maíz y otros cereales.
“Evidencias significativas – escriben Uyghur Human Rights Project, Uyghur American Association y Safeguard Defenders, citando informes específicos sobre la agricultura en Xinjiang – muestran que las transferencias de mano de obra en la región uigur se producen en un contexto de coerción sin precedentes, con la constante amenaza de reeducación y internación. Muchos trabajadores autóctonos no están en condiciones de rechazar o abandonar voluntariamente el trabajo en el sector agrícola y, por lo tanto, los programas equivalen a traslado forzoso de población, trabajo forzado, trata de personas y esclavitud”.
Una de las caras de esta explotación actual es también lo que Beijing llama la “política de alivio de la pobreza mediante la transferencia de mano de obra” (转移就业脱贫). Concretamente, miles de personas son capacitadas y transferidas a trabajos agrícolas estacionales, como la recolección de algodón o tomates. Inserto en el marco del programa más amplio de Xi Jinping para la reducción selectiva de la pobreza, es un sistema hecho a medida de contextos sociales predominantemente coercitivos, caracterizados por la falta de libertades cívicas, como el de Xinjiang.
“Como miembro de la comunidad internacional (el Uyghur Human Rights Project, la Uyghur American Association y Safeguard Defenders concluyen su llamamiento), Italia tiene la responsabilidad de garantizar que sus prácticas comerciales estén en consonancia con su compromiso con los derechos humanos y las normas éticas. Permitir que bienes producidos mediante trabajos forzados entren en sus fronteras no sólo condona estas graves violaciones de derechos humanos, sino que también socava la credibilidad de la posición de Italia en la promoción y aplicación de los derechos humanos. Instamos al gobierno italiano a actuar de inmediato para investigar el origen de los productos que llegan a Salerno y a implementar medidas para impedir la importación de productos obtenidos mediante trabajos forzados".
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