Faisalabad (AsiaNews) - La muerte de Waseem Abbas, un huérfano de 15 años de la provincia de Punjab, en Pakistán, ha planteado interrogantes sobre la protección de los menores vulnerables y la responsabilidad de las instituciones encargadas de protegerlos.
Originario del distrito de Muzaffargarh, Waseem vivía desde hacía años en un orfanato. Pocos días antes de morir, había sido confiado a un contratista local, Tauqeer Nazir, para que aprendiera el oficio de electricista. Según las reconstrucciones de los hechos, el muchacho habría querido abandonar el trabajo después de una discusión y habría sufrido maltratos y amenazas. Las imágenes de las cámaras de vigilancia parecerían mostrar al joven huyendo, perseguido por un automóvil que lo atropelló mortalmente.
Las dudas sobre el papel del orfanato
La policía arrestó a Nazir y a otro sospechoso, Amjad Ali, acusados de homicidio. La responsabilidad de ambos todavía debe ser determinada por la justicia. Sin embargo, el 20 de octubre, durante una audiencia en Multan, algunos abogados agredieron a Nazir, lo que generó nuevas preocupaciones sobre el respeto del Estado de derecho. La justicia, subrayan diversas organizaciones, debe garantizarse mediante investigaciones exhaustivas y un juicio justo, no a través de la violencia.
El caso ha planteado serios interrogantes sobre el papel del orfanato, que, según se informa, declaró que había realizado verificaciones antes de entregar al joven a su empleador. La Oficina de Protección y Bienestar Infantil de Punjab (Child Protection and Welfare Bureau) y la organización de defensa de los derechos de la infancia Search for Justice piden que se esclarezcan todas las responsabilidades, incluidas las relacionadas con la supervisión de las condiciones laborales.
En Pakistán, muchos niños trabajan en la agricultura, en talleres mecánicos, como empleados domésticos, en hornos de ladrillos y en otros sectores donde la supervisión y la protección pueden ser insuficientes. La pobreza, los obstáculos para acceder a la educación y la limitada protección social contribuyen a agravar el problema.
La agresión al periodista en Gojra
En los últimos días también ha vuelto a cobrar actualidad en Pakistán la cuestión de la libertad de prensa y la violencia contra los periodistas, a raíz de la presunta agresión, las lesiones y la detención del periodista Amjad Islam Amjad en Gojra, en la provincia de Punjab. Según un informe publicado por Journalism Pakistan el pasado 18 de octubre, Amjad, colaborador de 92 News, habría resultado herido durante un incidente controvertido y posteriormente habría quedado bajo custodia de la policía de la ciudad.
Una denuncia fechada el 15 de octubre acusa al periodista de agresión, robo e intimidación criminal. El denunciante, Saifullah, sostiene que Amjad lo atropelló con una motocicleta, lo agredió con un cuchillo, le robó dinero en efectivo y un reloj de pulsera, y finalmente lo amenazó. Por otra parte, un informe publicado el 17 de octubre señala que Amjad habría resultado gravemente herido en un ataque y que posteriormente habría sido detenido por las fuerzas del orden. El documento plantea dudas sobre si el periodista recibió atención médica inmediata o fue sometido a un examen médico. Para los activistas, las circunstancias de la presunta agresión contra el periodista, las versiones contradictorias sobre lo sucedido y la actuación policial requieren una investigación independiente.
Según el Club de Prensa de Faisalabad, el caso plantea interrogantes sobre cómo deben tramitarse las denuncias que involucran a periodistas, garantizando al mismo tiempo que tanto el acusado como el denunciante tengan derecho a un juicio justo, de conformidad con la ley.
Samson Salamat, presidente de Rwadari Tehreek Pakistan, también condenó enérgicamente lo ocurrido. "La violencia contra los periodistas no constituye solo un ataque a la libertad de prensa, sino también una ofensa a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de los ciudadanos", afirmó Salamat. Asimismo, destacó la necesidad de proteger a los trabajadores de los medios de comunicación y garantizarles un entorno libre de temores, intimidaciones y presiones, para que puedan desempeñar su labor con plena independencia y libertad.
