Afghanistan

Islamabad ha reanudado las repatriaciones forzadas, fijando el 1 de septiembre como fecha límite para salir de su territorio a 1,4 millones de afganos. La decisión se tomó a pesar del desastre humanitario en su país de origen, donde, según un reciente informe del Departamento de Estado de EE. UU., los talibanes imponen un “sistema institucionalizado de represión”.

La empresa estatal China Metallurgical Group Corporation ha anunciado el inicio de las obras en la mina de Mes Aynak, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo. Sin embargo, la zona sigue minada, carece de infraestructuras y los riesgos para la seguridad siguen siendo elevados. El régimen de Kabul busca legitimidad apostando por las inversiones chinas y Pekín sigue adelante, pero con cautela.

Desde principios de julio, todos los refugiados que huyeron del régimen talibán en 2021 están recibiendo mensajes de texto con la orden de abandonar Tayikistán en un plazo de 15 días. Entre los destinatarios se encuentran también quienes viven legalmente en el país y muchos antiguos colaboradores del Gobierno prooccidental de Kabul. Testimonios sobre hombres, mujeres y niños subidos a pequeños autobuses. Una medida que se suma a otras contra los exiliados afganos que ya se aplican desde hace tiempo en Pakistán e Irán.

Aunque sin llegar al reconocimiento político completo por parte de Moscú, Kazajistán ha firmado un acuerdo con los talibanes para una importante línea ferroviaria. También Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán están promoviendo acuerdos con el beneplácito de Pekín. La única excepción sigue siendo Tayikistán, donde aún pesa la cuestión de la discriminación de la minoría tayika en Afganistán.

El Líder Supremo del Emirato Islámico, Hibatullah Akhundzada, ha reasignado a nueve funcionarios en un esfuerzo por consolidar su autoridad frente a otras facciones talibanes, sobre todo la Red Haqqani. Pero las tensiones internas también alimentan divisiones étnicas y territoriales. Mientras tanto, el retorno forzado de decenas de miles de refugiados de Irán está agravando la situación humanitaria en el país.

Moscú se ha convertido en el primer gobierno en completar la normalización de las relaciones con el Emirato Islámico de Afganistán. Ya en 2018, la política rusa hacia los talibanes había comenzado a cambiar, pasando de una oposición formal a una búsqueda evidente de colaboración. Pero la nueva amistad con Kabul se desarrollará al estilo habitual de sospechas mutuas y controles cruzados.

Maryam Marof Arwin, fundadora del Purple Saturdays Movement, denuncia en AsiaNews las condiciones a menudo inhumanas de los refugiados afganos en Irán, agravadas por los recientes bombardeos israelíes, que ya han dejado al menos una víctima afgana. Las vidas de mujeres, niños, disidentes y activistas están en peligro si son repatriados, pero en el exilio también sufren hambre, precariedad y discriminación. "Es necesario que haya colaboración entre los defensores de los derechos humanos y se respete el derecho humanitario", afirma la activista.

Refugiados afganos que se encuentran en Pakistán necesitan urgentemente protección internacional y cumplirían los criterios para ser reasentados en terceros países. Sin embargo, las expulsiones hacia Afganistán talibán continúan: solo en abril, más de 300.000 personas regresaron desde Pakistán e Irán, agravando una crisis humanitaria ya fuera de control debido a los altos niveles de pobreza. Mientras tanto, Kabul, Beijing e Islamabad tejen nuevos equilibrios geopolíticos.

El objetivo del programa es devolver a los reclusos a una «vida digna» en la sociedad. El Estado está dispuesto a destinar cerca de 3,6 millones de dólares para un plan quinquenal. La verdadera amenaza de radicalización se crea dentro de los centros penitenciarios. El crecimiento exponencial de reclusos está ligado a la represión de la disidencia de la clase política.

Es la segunda fase de las expulsiones forzadas de refugiados que comenzaron en 2023 a pesar de las críticas de diversas organizaciones internacionales. La vida de activistas por los derechos humanos y ex colaboradores de la coalición occidental en Afganistán se encuentra en peligro. El gobierno de Islamabad lo utiliza como instrumento de presión contra las autoridades talibanes de Kabul, acusadas de apoyar a los grupos terroristas que operan en Pakistán.

Había una recompensa de 10 millones de dólares por Sirajuddin Haqqani, líder de la red Haqqani. Los funcionarios talibanes consideran que es una contrapartida por la liberación de un rehén estadounidense pero, según algunos comentaristas, Washington podría tomar la decisión de reabrir su embajada en Kabul. Al mismo tiempo, se profundiza la fractura entre la red Haqqani y el líder supremo Hibatullah Akhundzada.

La directiva se aplica tanto a los titulares de la tarjeta como a los indocumentados. A partir del 1 de abril serán deportados a la fuerza, pero el consejo es «marcharse voluntariamente» antes de la fecha límite. La preocupación de los grupos pro derechos humanos. Mientras tanto, en el paso fronterizo de Torkham, los líderes tribales de ambos bandos firman una tregua.