Nueva Delhi (AsiaNews) - Una investigación realizada en el estado indio de Madhya Pradesh sacó a la luz un presunto fraude de 11.600 millones de rupias (unos 120 millones de euros) relacionado con los programas del gobierno que financian la producción de biocombustibles a partir del arroz.
Según las investigaciones del Equipo Especial de Investigación (SIT, por sus siglas en inglés), decenas de empresas habrían aprovechado el sistema de incentivos establecido por el gobierno central para obtener arroz a precios preferenciales para producir etanol, pero en vez de utilizarlo para el biocombustible, lo habrían revendido en el mercado privado.
A través de la Corporación Alimentaria de la India (FCI), el gobierno de la India pone a disposición de las destilerías los excedentes de cereales a precios preferenciales para aumentar la producción de etanol que se mezcla con la gasolina y reducir de esa manera las importaciones de petróleo.
El arroz fortificado, cuyo precio en el mercado es de unas 4.000 rupias por quintal, era adquirido por las empresas a unas 2.320 rupias gracias a los subsidios públicos. En lugar de transformarlo en etanol, se habría vendido a arroceras privadas por unas 2.800 rupias por quintal, lo que garantizaba un beneficio inmediato. Al mismo tiempo, sin embargo, para cumplir con los contratos de producción, las destilerías habrían comprado arroz partido, mucho más barato, y lo habrían utilizado para producir etanol. Posteriormente, el arroz revendido a los privados se habría reintroducido en el circuito de compras públicas. De este modo, una misma partida de cereal habría generado ganancias repetidas, en un mecanismo mediante el cual podrían haberse revendido hasta cinco millones de quintales de cereales.
Hasta el momento han sido detenidos varios sospechosos, se han incautado camiones utilizados para el transporte del arroz y se están investigando las posibles responsabilidades de empresas, transportistas, propietarios de empresas arroceras y funcionarios públicos.
Sin embargo, el caso volvió a encender el debate público sobre la decisión del gobierno de destinar parte de las reservas alimentarias a la producción de combustibles. El P. Irudhaya Jothi, jesuita, académico y defensor del derecho a la alimentación para todos, considera que el problema va mucho más allá de la reventa ilegal. “Es una situación impactante y profundamente preocupante”, declaró a AsiaNews. “Cuando sabemos que millones de personas siguen pasando hambre, es difícil aceptar que el arroz se utilice para producir etanol en lugar de alimentar a quienes lo necesitan”.
A pesar del aumento de la producción agrícola, la India sigue registrando elevados niveles de desnutrición. En la última edición del Global Hunger Index, el país ocupa el puesto 105 de 127, y numerosos informes siguen señalando casos de desnutrición infantil y de muertes por inanición en las zonas más pobres.
El P. Jothi considera que el sistema público de distribución de alimentos (Public Distribution System, PDS) sigue siendo indispensable para gran parte de la población: “Alrededor del 80% de los indios depende directa o indirectamente de este sistema. Si dejara de existir, millones de personas correrían el riesgo de no tener suficiente para comer, especialmente en un momento de creciente desempleo y dificultades económicas”.
El gobierno sostiene que utilizar los excedentes de cereales no compromete la seguridad alimentaria a nivel nacional, gracias a las reservas acumuladas en los depósitos. Pero, para el jesuita, la cuestión no se limita a la disponibilidad de alimentos, sino también a su distribución. “Aunque existan reservas, los alimentos no llegan de manera equitativa a todos. La prioridad debería ser garantizar que quien sufre hambre pueda comer. Recién después se puede discutir el uso de los excedentes para otros fines”, explicó.
Un debate similar ya se había planteado durante la pandemia de covid-19, cuando parte de la producción de etanol se destinó a la fabricación de desinfectantes: “Usar los cereales para producir combustible mientras millones de personas se quedan sin comida no tiene justificación”, añadió el P. Jothi, quien recordó la importancia que tienen los alimentos en todas las religiones de la India. “El país es una sociedad multirreligiosa, pero todas las religiones reconocen el valor sagrado de los alimentos y el deber de alimentar a quien tiene hambre. Desde el punto de vista moral, es inaceptable que se les quite la comida a las personas para alimentar a los vehículos. Es un pecado y, me atrevería a decir, también un crimen", concluyó.
