Nueva Delhi (AsiaNews) - "Incluso sin ninguna prueba concreta de irregularidades, tanto las autoridades estatales como los grupos locales podrían tomar como blanco a las parejas interreligiosas y a los pastores" que las acompañan. Así expresa su preocupación mons. Elias Joseph Gonsalves, arzobispo de Nagpur, tras la promulgación por parte de la presidenta de India, Droupadi Murmu, de la controvertida Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026, una norma que ya había sido criticada por los obispos por las posibles injerencias a las que podría dar lugar. "Esta inquietante realidad podría erosionar la sagrada libertad de conciencia que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos", advierte. A su juicio, añade el arzobispo en declaraciones a AsiaNews, la ley corre además el riesgo de convertir "un derecho constitucional fundamental, destinado a proteger la dignidad del alma humana, en una concesión del Estado excesivamente reglamentada".
La norma, destinada a combatir las conversiones consideradas ilegales, recibió la aprobación de la presidenta de la República, con lo que superó el último trámite constitucional, y solo queda pendiente que el gobierno de Maharashtra publique la notificación en la que fijará la fecha de su entrada en vigor. Aprobada por la Asamblea Legislativa estatal durante la sesión presupuestaria, la ley regula el cambio de religión y establece severas sanciones para las conversiones obtenidas mediante fuerza, fraude, coacción, declaraciones falsas, incentivos, influencia indebida o promesas engañosas.
"El proyecto de ley sobre la libertad de religión de Maharashtra ha recibido la aprobación de la presidenta Droupadi Murmu y ahora el gobernador del estado lo ha remitido al gobierno de Maharashtra para su notificación", explicó a AsiaNews una fuente institucional. La nueva legislación considerará ilegal ofrecer dinero, regalos, empleo, educación gratuita, promesas de matrimonio, garantías de una vida mejor o supuestas curaciones divinas con el fin de inducir a una persona a cambiar de religión. También quedará prohibido presentar una religión como superior a otra con la intención de favorecer una conversión.
Los delitos contemplados por la ley serán perseguibles de oficio y no admitirán libertad provisional bajo fianza. Quienes sean condenados por conversión ilegal podrán ser castigados con hasta siete años de prisión y una multa de hasta 100.000 rupias (unos 910 euros). En caso de reincidencia, la pena podría llegar a diez años de cárcel y una multa de hasta 700.000 rupias (más de 6.300 euros). La ley también prevé asistencia para la rehabilitación de las víctimas de conversiones ilegales.
También otorga a los familiares consanguíneos de una persona presuntamente sometida a una conversión ilegal el derecho a presentar una denuncia (FIR, First Information Report), que la policía estará obligada a registrar. Asimismo, un funcionario podrá iniciar una investigación de oficio si existen motivos para creer que se ha producido o se está intentando una conversión en violación de la ley. Las investigaciones deberán estar a cargo de un oficial de policía con rango de subinspector o superior, y los casos serán juzgados por un tribunal de primera instancia. La norma también establece sanciones para quienes instiguen, faciliten o colaboren en una conversión ilegal, incluidos quienes aprueben, redacten o autentiquen documentos relacionados con esas conversiones. Uno de sus aspectos más controvertidos es que invierte la carga de la prueba y la traslada "a la persona presuntamente responsable de haber provocado o instigado la conversión".
Consultado por AsiaNews, Mons. Gonsalves recordó que el artículo 25 de la Constitución "garantiza expresamente a toda persona el derecho fundamental a elegir, practicar y difundir libremente su religión". Sin embargo, advirtió que "la India se enfrenta hoy a una contradicción directa entre la Constitución federal y las leyes aprobadas por algunos estados, lo que deja a las minorías religiosas en una posición de gran vulnerabilidad". En cuanto a la posición de la Iglesia, el arzobispo de Nagpur recordó que esta "actúa siempre dentro del marco constitucional del país y aplica normas canónicas rigurosas y transparentes que prohíben por completo cualquier conversión forzada o cualquier forma de captación mediante incentivos materiales".
"Todo bautismo que administramos es plenamente legítimo y voluntario; es exclusivamente el resultado de un auténtico despertar de la conciencia personal", afirmó. A su juicio, resulta preocupante la creciente tendencia de las autoridades a intervenir en un ámbito tan íntimo como la fe, hasta el punto de convertir "un derecho constitucional concebido para proteger la dignidad del alma humana en una concesión estatal excesivamente reglamentada". "Cuando nos acercamos al Día de la Independencia del 15 de agosto, estas medidas restrictivas y el riesgo de que la ley se utilice de forma abusiva contradicen la propia esencia de la libertad y la independencia que inspiró a los padres fundadores de nuestra amada India", concluyó el arzobispo.
