Mumbai (AsiaNews) - El Tribunal Superior de Bombay, a través de su sección de Nagpur, ha desestimado una denuncia y la correspondiente acusación contra cuatro residentes de Amravati, en el estado indio de Maharashtra, acusados de haber presionado a una pareja hindú para que se convirtiera al cristianismo.
Mediante un auto de 6 de octubre, el juez M. W. Chandwani ha dictaminado que promover la propia religión no equivale, por sí mismo, a insultar las creencias religiosas ajenas ni a ofender deliberadamente los sentimientos religiosos de una comunidad. Según el tribunal, los cargos imputados a los cuatro acusados, incluso considerando las circunstancias en su interpretación más desfavorable, no demostraban la intención dolosa exigida por la ley para que se configuraran los delitos imputados.
Se trata de una sentencia importante para el estado indio de Maharashtra, donde desde el pasado 28 de agosto —a instancias de los nacionalistas hindúes del BJP, el partido del primer ministro Narendra Modi— entró en vigor la legislación local contra las conversiones, vista con gran preocupación por las comunidades cristianas locales.
Los acusados en el caso eran Joseph Khudawant, su hijo Victor, su nuera Elvina y el asistente social Anant Mankar. Según la acusación, habrían prometido a una pareja una ayuda económica mensual, el pago de los gastos escolares de sus hijos y una vivienda a cambio de su conversión al cristianismo. Los cuatro rebatieron esta versión de los hechos, negando haber actuado con intenciones ilícitas. La sentencia aclara la distinción entre la difusión de las propias convicciones religiosas y la comisión de un delito contra otra comunidad religiosa. «Los recurrentes —se lee en la sentencia— se limitaron a promover su religión y eso no significa que, al hacerlo, hayan ofendido los sentimientos religiosos de ningún colectivo».
El artículo 25 de la Constitución de la India garantiza la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y difundir libremente la propia religión, dentro del respeto al orden público, la moral, la salud y las demás disposiciones constitucionales. Dicho derecho, sin embargo, no autoriza el uso de la fuerza, el engaño u otros medios ilegales para lograr una conversión.
La sentencia, por lo tanto, no constituye una autorización para las conversiones coercitivas ni significa que todas las denuncias relativas a conversiones ilegales carezcan de fundamento. Establece, más bien, que toda acusación penal debe cumplir los requisitos específicos previstos por la ley y basarse en pruebas suficientes.
Otro aspecto determinante se refiere a la aplicación de la legislación. Los hechos impugnados habrían tenido lugar en 2025, es decir, antes de la entrada en vigor de la ley de Maharashtra contra las conversiones religiosas ilegales. Por lo tanto, el Tribunal ha tenido en cuenta el marco normativo vigente en el momento de los hechos, subrayando la importancia del principio según el cual una ley posterior no puede aplicarse con carácter retroactivo para tipificar como delito conductas anteriores.
El caso de Amravati plantea interrogantes sobre el riesgo de que se utilicen acusaciones falsas o exageradas de conversión forzada para intimidar a los cristianos y obstaculizar actividades religiosas legítimas, incluidas las de pequeños grupos pentecostales.
